Tecate.- La Auditoría Superior del Estado detectó diversas irregularidades y malos manejos en los millones de pesos ejercidos en el Instituto de Planeación del Desarrollo Municipal de Tecate durante el año 2020, en el gobierno municipal de Zulema Adams Pereyra.
Inconsistencias en los gastos, omisiones administrativas, desvíos de recursos que debían ser retenidos como impuestos, incumplimientos fiscales, diferencias entre lo ingresado y lo gastado, entre otros, son parte de las observaciones realizadas por la Auditoría.
Dichas irregularidades cometidas con recursos de más de 5 millones de pesos ejercidos ese año por el INPLADEM están contenidas en el Dictamen no. 102 de la Comisión de Fiscalización de Gasto Público de la Cámara de Diputados de Baja California.
Los legisladores acordaron no aprobar la cuenta pública de la dependencia, lo cual genera responsabilidades administrativas o incluso penales, tanto para la ex alcaldesa como para sus dos ex directores.
“Presuntos responsables”
Desde el inicio del gobierno, Zulema Adams nombró a la ingeniera Lilia Cristina Millán Velázquez al frente de la paramunicipal hasta septiembre de 2020, cuando fue destituida. Al ser despedida, el municipio le fijó una indemnización por más de 156 mil pesos por esos diez meses “de trabajo”.
Tras la salida de Cristina Millán, la entonces alcaldesa de Morena colocó como director a Alejandro Ruiz García, quien había sido el director del Instituto Metropolitano de Planeación de Tijuana en el cuestionable gobierno de Juan Manuel Gastelum Buenrostro.
El ex director con “El Patas” y con Zulema, fue ratificado en la administración actual de Darío Benítez y hasta la fecha se encuentra al frente de la paramunicipal, pese a los malos manejos detectados por la Auditoría Superior del Estado.
Malos manejos
El dictamen de la Comisión de Fiscalización de Gasto trata del informe Individual de Auditoría de la cuenta pública, en este se plasman 21 observaciones en el mal uso de los recursos ejercidos en el mentado Instituto.
Por ejemplo, la Auditoría encontró que, en 2020, tras la revisión de las nóminas que pagaba el INPLADEM en sueldos, compensaciones y aguinaldos, se encontró una diferencia entre lo registrado y lo gastado de 131 mil 207 pesos solamente en la retención del ISR (Impuesto Sobre la Renta) recursos que no fueron entregados a la Secretaría de Administración Tributaria (SAT). El destino de ese dinero se desconoce.
La Auditoría verificó que al Instituto se le asignaron 4 millones 166 mil pesos para “servicios personales” al inicio del año.
Sin embargo, presentó incrementos de al menos 265 mil pesos violando la Ley de Disciplina Financiera.
Durante los meses de enero a noviembre de ese mismo año, la entidad no expidió comprobante fiscales (CFDI) por los conceptos de los pagos de nómina, sino que se hicieron de manera extemporánea en diciembre para cerrar el año, pero fue detectado, lo cual viola el Código Fiscal y varias leyes.
El largo dictamen incluye un apartado sobre la “cuenta contable” llamada “Subsidios sector gobierno” el cual contaba con un saldo de 859 mil 154 pesos y corresponde a subsidios pendientes de ser entregados por el ayuntamiento.
No obstante, la Auditoría detectó que “no cuenta con evidencia de gestión de cobro”.
Al cierre del ejercicio 2020, INPLADEM contó con una diferencia de 2 millones 814 mil 767 pesos en “cuentas por cobrar” que el gobierno de Zulema nunca entregó a la entidad ni hay informe de dónde terminaron esos recursos.
Además, se localizaron un millón 655 mil pesos en el rubro de “Servicios personales” por pagar a corto plazo, de los cuales un monto de 905 mil pesos “no se cuenta con soporte documental” y “sin evidencia de pago”, explica el informe.
Al 31 de diciembre de 2020, ya con Alejandro Ruiz al frente del Instituto, INPLADEM debía 610 mil 407 pesos en “sueldos por pagar” para cuatro personas, siendo estas la ex directora y tres de sus colaboradoras.
De ese más de medio millón de pesos, 156 mil 454 pesos eran para la ex directora del instituto, Lilia Cristina Millán Velázquez, como pago por “indemnización” por haber sido “despedida”, de los cuales todavía en 2021, se le estuvieron realizando abonos. El resto, más de 454 mil pesos, como “finiquito” a sus tres subordinadas.
Entre la más de una veintena de observaciones, se encuentra que el INPLADEM tenía un “pasivo” de más de 174 mil pesos, de los cuales no enteró al SAT 96 mil pesos del Impuesto Sobre la Renta: “se verificó hecho posterior sin evidencia de pago alguno”.
El dictamen votado por los diputados de Baja California advierte que en el “marco jurídico del Sistema Nacional y Estatal en materia Anticorrupción” se estableció que la Auditoría Superior del Estado “está facultada para formular recomendaciones, solicitudes de aclaración, pliegos de observaciones, promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal, promociones de responsabilidad administrativa, denuncias penales y de juicio político, así como llevar a cabo, la investigación y substanciación de responsabilidades administrativas por faltas graves que se adviertan de la fiscalización”.
En teoría, la Sindicatura de Tecate tendría que iniciar otra investigación interna contra los posibles actos de corrupción cometidos durante ese año, así como otras dependencias, una vez que lo promueva la Auditoría Superior del Estado.
