Se ha sancionado a ex funcionarios, pero prisión corresponde a Fiscalía: Vicenta Espinosa

Vicenta Espinosa. Foto: Aimee Melo

Tijuana.- Mientras los procesos penales en contra de ex funcionarios del gobierno estatal siguen en manos de la Fiscalía General del Estado (FGE), la secretaria de Honestidad y la Función Pública, Vicenta Espinosa Martínez, estableció que su labor no es encarcelarlos, sino investigar las faltas administrativas y no graves que se comenten en el servicio público, así como sancionar.

Sin embargo, señaló que todas las denuncias que han interpuesto han sido ratificadas para que se aplique la justicia.

Durante la glosa del segundo informe de gobierno, la funcionaria compareció ante los diputados integrantes de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado, para detallar los trabajos realizados bajo su gestión.

En la sesión del jueves 2 de septiembre, Espinosa Martínez abordó temas como los cobros del agua, la situación del Sistema Estatal Anticorrupción, las mejoras internas que han hecho en la dependencia y el incremento en las denuncias ciudadanas.

Explicó a los diputados que durante los casi dos años de gestión han efectuado 59 auditorías administrativas, financieras y de gabinete, además de 45 autoevaluaciones de control interno en dependencias y paraestatales, pese al reto que significó la pandemia, ya que fueron suspendidos los plazos y términos por varios meses.

Además, se crearon 38 órganos de control interno y se firmaron 24 convenios de colaboración, de los cuales nueve contribuyen a temas de transparencia.

Comentó que hay funcionarios sancionados por faltas no graves, a quienes les han aplicado multas, que Recaudación de Rentas se encarga de recuperar, pero también dijo “lamentablemente nosotros no metemos a nadie a la cárcel”.

Espinosa Martínez indicó que esa es una pregunta recurrente cuando es abordada por los ciudadanos, quienes quieren ver a los ex funcionarios corruptos pagar por sus actos.

Interior. Durante la glosa ante los diputados.

“Como nos están viendo denunciando, no nada más en las acciones administrativas sino en lo penal, siempre me preguntan ¿a cuántos he metido a la cárcel?, es una pregunta directa, clara, precisa hacia mi persona, la cual debo siempre contestar lo correcto: yo no meto a nadie a la cárcel, porque no soy la fiscal, yo soy la Secretaria de Honestidad y la Función Pública, veo faltas administrativas y no graves”.

Puso como ejemplo que en 2020 decretaron la suspensión definitiva de un servidor público, una inhabilitación por seis años, además de otras que van desde un año a seis meses, así como sanciones económicas.

Las faltas graves, dijo, las ve el tribunal, pero recalcó que han presentado las evidencias y las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

Destacó el desvío de mil 200 millones de pesos de recursos federales, una cantidad similar detectada en facturas falsas y el descuento del 2 por ciento del sueldo de los empleados para transferirlos a la asociación civil Acción Social.

La diputada Gloria Miramontes Plantillas cuestionó el estatus de la investigación en contra del ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid, en lo referente al presupuesto del Seguro Popular.

Espinosa Martínez recordó que es un asunto de competencia federal, pero sí detectaron irregularidades que están siendo investigadas.

Son cuatro auditorías relacionadas con temas de salud, en donde personal de la dependencia y de la Auditoría Superior de la Federación, están haciendo las indagatorias.

Estimó que será hasta la siguiente administración cuando se conozcan los resultados.

A la funcionaria estatal también le preguntaron sobre los cobros en las comisiones del agua, derivado de las auditorías de Fisamex.

Informó que han recuperado mil 797 millones de pesos en todo el estado, pero apenas representa el 30% del recurso que adeudan los morosos.

Aún así, dijo que “es una gran cantidad que no se contemplaba en el presupuesto” y que se ha inyectado a obras de rehabilitación que tanta falta hacían para mejorar la infraestructura hidráulica.

Indicó que han sido recurrentes las quejas de los empresarios por los cobros aplicados, y aunque su argumento es que han generado empleos y derrama económica en Baja California, les han aclarado que todos deben pagar por los recursos que se utilizan, en este caso el agua y el drenaje.

“Yo no cobro, fiscalizo, reviso”, aclaró.

Respecto a la recepción de quejas, indicó que hubo un importante repunte. En otras circunstancias, dijo que como secretaria de Honestidad y la Función Pública pudiera decir que “algo anda mal”, pero la lectura que le da es que hay mayor confianza para denunciar.

“Debo resaltar que el recibir más quejas y más denuncias es un paso más grande, es agigantado en el sentido estricto, de que la gente está teniendo plena confianza en acercarse para poder denunciar”.

En 2020 recibieron mil 480 quejas en contra de servidores públicos del estado y sus paraestatales, mientras que de enero a julio del 2021 ya van 2 mil 748 quejas.

Mediante el programa usuario simulado, indicó que pudieron detectar fallas en el trato al ciudadano, como abuso de autoridad y abuso de funciones.

La dependencia con la calificación más baja es la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social (SIBSO), de 58.5 por ciento, seguido del Registro Público con 60 por ciento.

El promedio obtenido en 11 trámites de usuario simulado fue de 72.8, lo que dijo es bajo, “pero no es reprobatorio”.

Sobre las declaraciones patrimoniales, informó que recabaron 62 mil 907 documentos de situación patrimonial, es decir, que participó el 80.52 por ciento de los sujetos obligados.

Y para analizar si los ingresos de los servidores públicos corresponden con su estilo de vida y el patrimonio declarado, llevaron a cabo 118 auditorías patrimoniales.

Vicenta Espinosa informó a los diputados que se requiere fortalecer el presupuesto para investigar el ejercicio público, pues la mayoría se va en nómina y lo ideal es aumentar el trabajo de campo, como la supervisión de obras.

También pidió “poner orden” en el Sistema Estatal Anticorrupción, en donde dijo que había personas que cobraban sin presentarse a las sesiones y por lo tanto no se alcanzaba el quórum.

“No somos el único estado que tenemos esta situación en el Sistema Estatal Anticorrupción, pero podemos ser uno de los que pongamos el ejemplo”, finalizó.

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