Tijuana.- Una denuncia de hechos contra siete ex servidores públicos que participaron en la firma del contrato de la planta fotovoltaica, fue presentada por el gobierno estatal ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
Esto por la probable comisión de delitos como abuso de autoridad, peculado, uso ilícito de facultades, coalición de servidores públicos, ejercicio ilícito del servicio público, falsedad ante las autoridades y lo que resulte.
A decir del secretario de Hacienda, Marco Antonio Moreno Mexia, el contrato tiene condiciones “escandalosamente” a favor de la empresa Next Energy de México, por lo que también seis particulares forman parte de los señalados en una demanda de lesividad, por un posible daño patrimonial que asciende a casi 12 mil millones de pesos.
El funcionario indicó que estas acciones se derivan de que la empresa, lejos de acercarse a negociar la cancelación del contrato, el mes pasado cobró 123 millones de pesos a través de un fideicomiso donde se depositan participaciones federales.
Dicho recurso iba a ser destinado a rubros sustantivos como seguridad, salud y educación.
Pese a que no han iniciado obras, no han mostrado un proyecto técnico completo de la planta fotovoltaica, ni obtendrán los permisos por parte de la Comisión Reguladora de Energía, este jueves Next Energy envió una factura para cobrar 120 millones de pesos más.
El secretario de Hacienda destacó que ya obtuvieron la suspensión provisional para frenar la retención de ese monto de las participaciones federales.
Sin embargo también pero esto es apenas el principio de un proceso legal con el que buscan dejar sin efecto el contrato.
“La empresa logró establecer un mecanismo de garantía financiera para el repago del proyecto a través de un fideicomiso con banca Afirme”, indicó Moreno Mexia, sabiendo que el 19.5 por ciento de las participaciones del estado “cruzarían” por ese fideicomiso.
Además, el contrato impone otros mecanismos de garantía, que incluyen dos terceras partes del impuesto sobre la nómina y los ingresos adicionales de libre disposición del estado, como los que captan organismos operadores de agua.
Recalcó que a la fecha no se observa ningún avance físico, ni financiero del proyecto, por lo que interpusieron la denuncia ante la Fiscalía General del Estado.
También fue presentada este jueves ante la Secretaría de Honestidad y la Función Pública, una denuncia contra los ex servidores públicos que firmaron el contrato y participaron en la estructuración del proyecto, por responsabilidad administrativa.
“Estas acciones son totalmente de carácter impersonal y sin ninguna consideración política”, afirmó el Secretario de Hacienda.
Desde que tuvieron el contrato en sus manos, indicó, encontraron que estaba plagado de irregularidades, viciado de origen, mal estructurado desde su licitación y que representaba una amenaza a la estabilidad financiera del estado.
Pese a que ya hubo una afectación directa a las finanzas del estado, el Secretario de Hacienda dijo que demandaron la restitución de los 123 millones de pesos que fueron entregados a la empresa y que la administración ya tenía comprometidos.
Al indagar sobre el estatus de la empresa Next Energy, encontraron que no tiene antecedentes en el medio energético, ni ha participado en proyectos similares.
“No hemos obtenido evidencia de la participación de la empresa en ningún proyecto de generación de energía eólica, ni de otro tipo”, agregó.
El consejero jurídico del Gobierno del Estado, Juan José Pon Méndez, señaló que el convenio de la planta fotovoltaica no se ajusta a las condiciones de mercado, “por lo menos está en un 200 por ciento más arriba el costo de lo que normalmente costaría ese tipo de proyectos”.
Agregó que el contrato se firmó a 30 años, periodo en el cual la planta se volvería obsoleta, pero lo más grave es que se obliga al estado a pagar los casi 12 mil millones de pesos por una planta, se construya o no.
“Esto es absurdo, resulta ofensivo para los bajacalifornianos y no lo podemos permitir”.
Otro aspecto que les causó inquietud, es que al acudir de forma presencial a la dirección de las oficinas de Next Energy que aparece en el contrato, ubicadas en Monterrey, Nuevo León, no encontraron el corporativo. La fachada es una puerta de garaje en color blanco y al fondo se observa una vivienda.
Moreno Mexia no descartó que el contrato haya sido diseñado para sacar ventaja económica y ganarlo en los tribunales, sabiendo que no se iba a ejecutar la obra.
Hizo un llamado a la empresa para que se acerque al gobierno de Baja California a buscar una “cancelación razonable” y sin afectaciones financieras para el estado.
Por parte de la administración estatal se conformó un equipo interno y externo de especialistas en proyectos energéticos y de abogados especializados en la materia, “para tener la mejor defensa y ataque posible en términos legales”.
Las áreas de la administración que estuvieron involucradas en la firma del contrato van desde el Ejecutivo Estatal, hasta los titulares de las Secretarías de Hacienda y del Agua, además de la Comisión Estatal de Energía y la Comisión Estatal del Agua.
El consejero jurídico aclaró que no daría nombres, por impedimento legal, pues lo que buscan es evitar que alguno de los señalados pueda sustraerse de la justicia en caso de ser hallados responsables.
