Tijuana.- Un empleado del gobierno del Estado, retenido por policías municipales en una camioneta Suburban con luces policiacas, y quien se identificó como escolta de la secretaria particular de la gobernadora, en realidad en un ex policía detenido en 2010 acusado de pertenecer a un cártel de las drogas en Tijuana y actualmente dado de alta como “psicólogo” en la nómina de la coordinación de gabinete que encabeza Alfredo Álvarez Cárdenas.
Cuestionado por los medios de comunicación, el coordinador de gabinete defendió esta mañana la contratación de su subordinado identificado como Ramón Ángel Soto Corral, al decir que había ingresado al gobierno del Estado desde la administración anterior y que él “apenas” llevaba ocho meses con la responsabilidad como para revisar todos los perfiles de sus empleados.
Además, Alfredo Álvarez confirmó que la persona que conducía la camioneta con luces estroboscópicas de uso exclusivo para cuerpos de seguridad pública y en sentido contrario, ocupa el puesto de “psicólogo” dentro de su dependencia, pero que desempeña tareas de “chófer”.
No obstante, una búsqueda realizada por PUNTO NORTE en la base de datos del Registro Nacional de Profesionistas, arroja que Ramón Ángel Soto Corral carece de una cédula profesional de psicólogo.
Los hechos ocurrieron ayer martes 21 de junio cerca de las 5:00 de la tarde, cuando los tripulantes de una patrulla de la Policía Municipal detectaron un vehículo sospechoso que transitar con estrobos sobre el bulevar Insurgentes a la altura de la estación central del SITT en la colonia La Campiña.
Los policías municipales reportaron por su frecuencia un vehículo sospechoso, pues la Suburban blanca con vidrios polarizados llevaba las placas de circulación cubiertas con un plástico oscuro y luces policiacas encendidas, así como la torreta para abrirse paso pasándose semáforos y altos de disco.
Los uniformados le marcaron el alto con la sirena y luces, pero el chófer de la camioneta los ignoró acelerando la marcha y metiéndose en sentido contrario para burlar el tráfico a la altura de la base de Cruz Roja frente al Parque Industrial El Florido, según el reporte policiaco.
Para ese entonces, los policías ya habían solicitado apoyo entre corporaciones ante la acción evasiva de la camioneta, la cual se introdujo, ocho kilómetros después, a las instalaciones del Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS).
Según los registros policiacos, lo que se fue modulando por medio de la frecuencia policiaca y los registros en C4, los municipales no desistieron y cerraron el paso a la camioneta, de la cual descendieron una mujer, quien se identificó como Arlenne Gastélum, secretaria particular de la gobernadora Marina del Pilar, quedando plasmado en el informe de la policía.
En un primer momento, el conductor se identificó como escolta de la secretaria de la gobernadora y así quedó escrito en el incidente 545275/2022.
Entregó una identificación con su nombre, Ramón Ángel Soto Corral, pero en la base de datos de la policía no registró como integrante de ningún cuerpo de seguridad, sino como empleado de gobierno.
Los policías verificaron el nombre del chófer y la camioneta, mientras el conductor y su acompañante explicaron que iban de prisa por una reunión en IMOS.
Los agentes solo confirmaron que la camioneta no tuviera reporte de robo, pues las placas WHL-713-A no registraron en sistemas, así como que el chófer no contara con una orden de aprehensión activa: “…únicamente se toman datos y nos retiramos del lugar”, explica el reporte de la Policía Municipal.
Ramón Ángel Soto Corral fue detenido en 2010, acusado por las autoridades federales de ser parte de un grupo criminal encabezado por José Manuel García Simental “El Chiquilín” y de Raydel López Uriarte “El Muletas”, sucesores de Teodoro García Simental “El Teo”, quienes libraron una cruenta guerra de homicidios y ajustes de cuenta en contra de Fernando Sánchez Arellano “El Ingeniero”, identificado por las autoridades como la cabecilla del Cartel Arellano Sánchez durante el 2008 y 2010.
En aquel año, Ramón Ángel Soto Corral era comandante general de la Policía Municipal de Tijuana, colocado en ese puesto por el entonces secretario de seguridad Julián Leyzaola.
El mando policiaco fue detenido junto a cuatro agentes más y cuatro civiles, a quienes el entonces jefe de la División Antidrogas, Ramón Pequeño García de la Policía Federal, los acusó públicamente en una conferencia de prensa, de ser parte del grupo de “El Chiquilín” y “El Muletas” y de tener secuestrado a dos miembros del grupo rival en el momento de su detención.
Penalmente fueron acusados de delitos en materia de delincuencia organizada, presentados de manera pública con armas largas, chalecos, cartuchos y droga.
Tras la detención de Soto Corral y los otros policías, el entonces alcalde Tijuana, Jorge Ramos Hernández, aseguró ante los medios de comunicación que el operativo para detener a sus policías se originó de la detención de los sucesores de “El Teo” en Baja California Sur.
Luego de varios años en prisión, Ramón Ángel Soto Corral logró ser puesto en libertad, logrando no ser sentenciado por los delitos de los cuales se le acusó, según lo confirmó el coordinador de gabinete del gobierno del Estado, al asegurar que no contaba con antecedentes penales.
Una búsqueda realizada en la plantilla del gobierno del Estado, confirma que Ramón Ángel Soto Corral actualmente cumple con el cargo de “psicólogo” en la coordinación de gabinete, con fecha actualizada.
En realidad, el “chófer”, que se identifica como “escolta”, pero cobra como “psicólogo”, cuenta con cédula profesional de “abogado”.
Esta mañana, durante la conferencia de prensa de la gobernadora, la titular del Poder Ejecutivo se pronunció al respecto: “no lo conocía (a Soto Corral). Fue contratado en la administración anterior, no por nosotros. Lo contrató la administración pasada, no fuimos nosotros y así como mucho personal del gobierno del estado que viene de anteriores administraciones y cuando uno entra, son miles de trabajadores los que ya están contratados, entonces yo lo desconozco”.
Y luego remató la gobernadora: “Ni es pariente, ni es amigo, ni es compadre, nada. Ya venía de una pasada administración. Sí, (la de Bonilla). Ellos lo contrataron, no nosotros”.
Por su parte, el responsable de la coordinación de gabinete, Alfredo Álvarez justificó el que no supiera los antecedentes de sus empleados: “es personal que heredamos, heredamos una plantilla de aproximadamente 125 personas, revisamos evidentemente expedientes y los expedientes, como el de él, que se encuentran en orden. De cualquier manera, me parece que es un tema que tenemos que resolver. La instrucción de la gobernadora ha sido determinante en ese sentido. Hay un elemento de pérdida de confianza y en consecuencia, de separación del cargo”.
Álvarez Cárdenas minimizó el tema al decir que “tampoco tiene mucha complejidad el tema, ya se ha tomado la decisión en ese aspecto y bueno se estará revisando al personal de nuevo ingreso y por supuesto al personal que tenemos en la plantilla”.
Ante la pregunta de PUNTO NORTE sobre las tareas del chófer, el funcionario respondió: ““¿Qué hace un psicólogo ahí? Es un trabajo administrativo el que tenía, me parece”. – Pero ¿qué hacía manejando una camioneta como escolta?, insistió la periodista.
“No estaba manejando una camioneta como escolta, estaba manejando una camioneta, ayudando, apoyando administrativamente a una persona, era un chófer”.
–¿Con estrobos?
“Por eso, por eso lo pararon. Vamos a separar el acto que posiblemente viola la ley del acto administrativo de su contratación. Son dos cosas distintas, su función es administrativa, cualquier funcionario que cometa un delito, una falta, pues tiene que pagar por ella, ¿qué se está haciendo con él? Separarlo del cargo y que él responda por la falta que cometió. Lo otro es administrativo, tiene incluso cartas de no antecedentes penales, no se le procesó, finalmente lo contrató la administración anterior”.
Por último, al preguntarle si él conocía al “chófer” de la secretaría particular de la gobernadora, que depende también de su oficina, Álvarez Cárdenas justificó:
“No, claro que no, por supuesto que no, o sea como no conozco a mucha gente que trabaja en el gobierno, no se le olvide que tenemos apenas ocho meses, nueve meses, es un proceso de reconocimiento del personal…”
