Tijuana.- Luego de que PUNTO NORTE diera a conocer la detención y posterior liberación de dos funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) en Tijuana, con más de un millón de pesos y 30 mil dólares, así como cartuchos y una libreta con los cobros a migrantes, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda confirmó los hechos.
Durante su conferencia de prensa semanal ‘Miércoles de Mañanera’, realizada hoy 20 de marzo en Mexicali, la mandataria estatal habló del caso difundido por este medio de comunicación en la columna Averiguación Previa, del director Isaí Lara Bermúdez, titulada Corrupción en el INM de BC: catean casa de encargado migratorio en Tijuana y hallan casi 2 millones de pesos y libreta con los cobros a migrantes
“Las dos personas tenían más de 15 años, según la información del Instituto, venían trabajando desde hace ya varias administraciones”, precisó Ávila Olmeda sobre Marte Antonio Camacho Solano y María Isabel Paredes.
Ambos fueron detenidos el 29 de febrero, durante un cateo realizado por la Fiscalía General de la República (FGR) en la casa de ambos, ubicada en la zona residencial de Santa Fe, al sur de Tijuana.
En la inspección dentro del domicilio, los agentes de la FGR encontraron aproximadamente 1 millón 90 mil pesos y cerca de 30 mil dólares, así como varios cartuchos calibre 9 milímetros.
También algunos cuadernos con anotaciones de los cobros que se les hace a cientos o miles de migrantes para poder ingresar por el aeropuerto y por otras vías a Baja California, con la intención de cruzar, o pedir asilo humanitario a Estados Unidos. O bien, permanecer de manera indocumentada en el país.
La gobernadora confirmó que a pesar de que fueron detenidos durante esta diligencia judicial, ambos fueron puestos en libertad en el juzgado.
“Salieron libres, nuevamente el tema de los jueces que dejan en libertad, es un tema federal, totalmente federal, les corresponde incluso a la Fiscalía General de la República”, apuntó.
Por su parte, la fiscal general del Estado, compartió la información que fue expuesta en la Mesa de Seguridad, en la que participan autoridades dedicadas tanto a la seguridad pública como a la procuración de justicia, al respecto.
María Elena Andrade Ramírez señaló que al momento en que la FGR desplegó el operativo, se comunicó con la Fiscalía General del Estado (FGE), en caso de que de los hallazgos se descubrieron hechos con apariencia de delito que fueran de la competencia del fuero común, pero este no fue el caso.
“No fue así, todo fue totalmente del fuero federal, ellos llevaron su procedimiento, su investigación, la detención, derivado de ese cateo y judicializaron ante el juez federal”, señaló la funcionaria estatal.
De igual forma, la titular de la FGE aseguró que representantes de la FGR “han hecho sus propias manifestaciones respecto a los juzgados federales, en donde ha habido algunas libertades consideran ellos, la FGR, de manera inconsistente y fue lo que sucedió en este caso”.
