Tijuana.- La Comisión de Reforma de Estado y Jurisdiccional, presidida por la diputada Gloria Elvira López Sortibrán, suplente de la diputada con licencia, Rocío Adame Muñoz, aprobó en sesión la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas del Estado, por lo cual el dictamen de ley está listo para votarse en el Pleno del Congreso del Estado.
El proyecto legislativo nace de dos propuestas, ambas presentadas en 2022, una de la diputada Rocío Adame Muñoz, quien coordinó el proceso parlamentario tanto al interior de la XXIV Legislatura como de manera externa con familiares, colectivos, expertos, autoridades y organismos de Derechos Humanos. La otra fue presentada por el diputado Sergio Moctezuma Martínez.
Ambos solicitaron licencia para retirarse de sus curules y participar como candidatos en el actual proceso electoral.
El viernes 22 de marzo, las y los diputados integrantes de la Comisión de Reforma de Estado y Jurisdiccional, celebraron sesión virtual para aprobar el dictamen que busca reformar la legislación local acorde con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, publicada el 17 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación.
En la sesión participaron las diputadas Evelyn Sánchez Sánchez, Dunnia Montserrat Murillo López, Julia Andrea González Quiroz y Wendy Ontiveros González, así como los diputados Juan Manuel Molina y Héctor Zamorano Alcántar.
Como parte de los antecedentes legislativos, el dictamen reconoce que “la desaparición forzada de personas se ha vuelto cada vez más motivo de preocupación en diversas regiones de nuestro país, y en particular en el estado de Baja California, donde se ha convertido en un grave problema social, legal y familiar el fenómeno de la gran cantidad de personas desaparecidas, de las cuales no se ha vuelto a tener conocimiento”.
“El fenómeno de desaparición forzada de personas es complejo, lacerante socialmente porque transgrede diversos derechos fundamentales, tales como el derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad personal, a un trato humano y con respeto a la dignidad, al reconocimiento a la personalidad jurídica, a la identidad y a la vida familiar, la libertad de opinión, expresión e información, e incluso a derechos laborales y políticos, entre otros”, detalla la Ley.
La Ley, compuesta por 119 artículos, tiene como objeto principal “establecer la forma de coordinación entre el Estado y sus municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, para buscar a las Personas Desaparecidas y esclarecer los hechos; así como para prevenir, investigar, sancionar y erradicar los delitos en materia de la Ley General”.
De igual manera, contempla tanto la creación como regulación del Mecanismo Estatal de Coordinación en materia de Búsqueda de Personas, Comisión Local de Búsqueda del Estado de Baja California, los Registros Estatales de Personas Desaparecidas, de Fosas, de Personas Fallecidas no Identificadas, así como el Banco Estatal de Datos Forenses.
De igual manera, contempla la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas de Baja California, la cual ya fue creada dentro de la Fiscalía General del Estado (FGE).
De igual manera, contempla capítulos específicos para diversos temas como disposiciones generales para niñas, niños y adolescentes desaparecidos, así como la responsabilidad administrativa y los delitos de funcionarios públicos.
Por otra parte, por medio de una adenda presentada por la diputada Gloria Elvira López Sortibrán, se modificó el artículo primero transitorio que establecía un periodo de vigencia de 180 días a partir de su publicación en el Periódico Oficial de Baja California, para que entre en vigencia en 120 días.
Esto bajo la justificación de que el plazo de 180 días “puede resultar excesivo para la adecuada implementación de la ley y la preparación de las instituciones involucradas”.
De esta manera, se espera que “un periodo más acotado permita una transición efectiva y oportuna hacia el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la ley”.
La Ley también establece que la Comisión Local de Búsqueda en un plazo no mayor a 90 días naturales posteriores a la entrada en vigor del decreto, “deberá elaborar los planes y programas necesarios para capacitar con los más altos estándares internacionales, a las personas servidoras públicas que integren los Grupos Locales de Búsqueda bajo su cargo”.
Por su parte, los Ayuntamientos deberán implementar la Ley y armonizar su normativa, especialmente en materia de panteones, en un plazo máximo de 120 días naturales a partir de la entrada en vigor del presente Decreto.
En cuanto al Poder Judicial, este cuenta con un periodo de 90 días naturales a partir de la entrada de vigor del decreto, para expedir y armonizar las disposiciones reglamentarios correspondientes.
De igual forma, 60 días naturales después de de la instalación del Consejo Ciudadano, éste deberá emitir su reglamento interno y en un plazo de 30 días naturales, deberá nombrar a la persona a cargo de la Secretaría Técnica.
Mientras que el Mecanismo Estatal deberá quedar instalado en un plazo no mayor a 60 días naturales posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto.
“Con este nuevo instrumento normativo para Baja California, se pretende ayudar a las víctimas de este terrible delito, en el sentido de prevenir, investigar, sancionar y erradicar los sucesos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, desde el establecimiento de marcos de competencia y colaboración entre autoridades y los colectivos de búsqueda”, informó el Congreso del Estado.
