Tijuana.- El móvil del homicidio de Jesús César Silva Herrera, jefe de distrito de la Zona Centro de la Policía Municipal de Tijuana, responde a una serie de detenciones de integrantes de un grupo delictivo dedicado al tráfico de migrantes, homicidios, narcomenudeo y cobro de piso en esa zona.
En audiencia celebrada, en la que se vinculó a proceso a tres hombres, apodados ‘El Cholo’, ‘El Popeye’ y ‘El Chema’, por el delito de homicidio calificado con premeditación y ventaja, la Fiscalía General del Estado aportó el testimonio de un testigo, quien escuchó que al momento de planear el asesinato del mando policiaco, se habló que éste les impedía llevar a cabo actividades de venta de droga y cobro de piso a comerciantes ambulantes por parte de los hoy imputados.
De manera extraoficial, fuentes relacionadas con el caso indicaron que los delincuentes forman parte de un grupo delictivo que además se dedica al tráfico de migrantes indocumentados hacia Estados Unidos, puesto que en la Zona Centro se ubica un tramo del muro entre México y la Unión Americana.
De igual forma, que las rencillas entre éste y otro grupos derivaron en homicidios y ataques armados, cuyos responsables fueron detenidos en varias ocasiones, en flagrancia, al ser la Zona Centro, a cargo de Silva Herrera, uno de los distritos policiales que más detenciones suma en la ciudad.
El 14 de mayo por la mañana, el jefe de distrito de Zona Centro fue atacado a balazos cuando conducía su vehículo Volkswagen Golf negro en la esquina del Bulevar 2 con el Bulevar Cucapah, en la colonia Villa del Real, en la Zona Este de Tijuana.
De acuerdo a lo expuesto por el Ministerio Público, Juan Carlos ‘El Cholo’ y Jonathan ‘El Popeye’ dispararon contra el mando de la Policía Municipal de Tijuana, mientras José María ‘El Chema’ se encargó de trasladar las armas de fuego, una vez que se cometió el homicidio.
Uno de los cinco testimonios presentados por la FGE en la audiencia de imputación y vinculación a proceso, celebrada hoy miércoles 22 de mayo, indica que al jefe policial lo asesinaron por interferir con las actividades de venta de droga y cobro de piso a comerciantes ambulantes por parte de los hoy imputados.
A pesar de que esto fue manifestado por el agente del Ministerio Público en la presentación de los datos de prueba, durante la imputación, el agente de la Fiscalía no invocó el dicho del testigo que señala su labor como agravante, por lo que el juez a cargo del caso se negó a enmarcar jurídicamente el homicidio cometido en contra de un miembro de las instituciones policiales.
Incluso, el juzgador citó un precedente de la Suprema Corte que refiere un caso similar y recordó que la labor de investigación e imputación es responsabilidad de la Fiscalía.
Durante la audiencia, que se llevó a cabo a ocho días del homicidio de Silva Herrera, la Fiscalía presentó más de veinte datos de prueba, entre los que destacan las entrevistas de cinco testigos presenciales de los hechos y un dictamen de balística que determinó una coincidencia entre los indicios balísticos encontrados en el lugar de los hechos y un arma de fuego decomisada.
Uno de los testigos, identificado con su inicial ‘J’, refirió conocer desde hace un año a los imputados y trabajar con ‘El Cholo’ “llevando cosas que le decían a varios lugares”.
También, dijo que en varias ocasiones estuvo en la casa de ‘El Cholo’, ubicada en el fraccionamiento Siena, en la zona de Santa Fe, bebiendo y fumando.
Según su testimonio, desde el 4 de mayo -diez días antes del homicidio-, mientras se encontraba en la casa de ‘El Cholo’, les escuchó decir a ‘El Cholo’ y ‘El Popeye’ que ‘El Chema’ ya tenía ubicado al policía, y que sabía que por las mañanas iba a un gimnasio en la colonia Villa del Real, cerca de donde vivía.
El testigo también señaló que el 13 de mayo por la noche, horas antes del ataque armado, se reunieron nuevamente en la casa de ‘El Cholo’, y se enteró que ‘El Chema’ “se iba a aventar el jale en Villa del Real”.
“Que iban a matar a un policía que les ha dado muchos problemas en la zona, que no los dejaba trabajar en la venta de droga y el cobro de piso a los comerciantes ambulantes”, citó el fiscal al leer el testimonio.
Además, el testigo dijo que lo invitaron a participar en el homicidio, vigilando la entrada y la salida del mando de la Policía en el gimnasio Gladiador, de Plaza Girasoles, en el bulevar Cucapah, a donde acudía todos los días.
A pesar de que se negó a participar en el asesinato porque “no quería broncas”, ‘El Cholo’ y ‘El Popeye’, armados, le amenazaron diciéndole “ahora le entras” y le impidieron salir de la casa.
Ahí escuchó el plan que consistía en vigilar la entrada y salida habitual del gimnasio, que ‘El Chema’ ya había ubicado, por haber estado acechando días antes al jefe de Distrito de la Zona Centro.
Los asesinos llegarían en un vehículo Toyota Camry blanco que sería conducido por una mujer identificada como Bianca, mientras “El Popeye” y “El Cholo” serían los encargados de disparar contra el jefe Silva y serían recogidos una cuadra después por la misma mujer.
Para esto, saldrían de la casa donde se encontraban reunidos y donde pasaron la noche, en punto de las 6:00 de la mañana para llegar a la colonia Villa del Real.
De acuerdo a su testimonio, el testigo pudo escapar de la casa cuando el resto de los delincuentes se quedaron dormidos.
Alrededor de las 10:00 diez de la mañana -dos horas después del asesinato-, el testigo se encontró a ‘El Chema’ en la cuartería de la Zona Centro donde ambos vivían y éste le amenazó con que “se lo iba a cargar la chingada, que se cuidara porque lo iban a matar”.
Más tarde, se enteró por medio de Facebook de que habían matado a un policía en la colonia Villa del Real, en un vehículo con las características que él había escuchado durante la planeación.
Por otro lado, el dictamen de balística presentado en los datos de prueba que refuerzan la hipótesis de la Fiscalía, comparó los cinco cartuchos percutidos hallados en la escena del crimen el día de los hechos, con un arma decomisada a ‘El Chema’.
Y es que José María fue detenido por delitos contra la salud, el 15 de mayo, un día después del asesinato del jefe de Distrito, mientras portaba droga conocida como cristal y un arma calibre 40, marca Glock negra, con siete cartuchos útiles.
El análisis de la perito de la Fiscalía arrojó correlación positiva entre dicha arma y los casquillos recuperados el día del asesinato del jefe Julio César Silva Herrera.
Otros datos de prueba que refuerzan la versión de la Fiscalía son testigos del ataque armado que se encontraban en el lugar y observaron el hecho y a los responsables; y otros que se encontraban en el lugar conexo, en la calle Sevilla del mismo fraccionamiento, en el momento en que los asesinos abandonaron el vehículo en el que huyeron del lugar.
Imágenes captadas por cámaras de videovigilancia, tanto particulares como del C4, confirman las versiones de los testimonios.
Aunque en la conferencia de prensa ofrecida por la fiscal general de Baja California, María Elena Andrade Ramírez se dio a conocer que se llevaron a cabo cateos en los domicilios referidos de Santa Fe y de la Zona Centro, éstos no fueron ofrecidos como datos de prueba.
Si bien, en el momento de la presentación de los datos de prueba, el agente del Ministerio Público ofreció un oficio por parte de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal de Tijuana que avala a Silva Herrera como miembro activo de la corporación, así como el testigo que coloca como móvil del asesinato las funciones que desempeñaba como policía, el juzgador puntualizó que el representante de la Fiscalía omitió hacerlo en la formulación de la imputación.
Incluso citó un precedente en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con la Contradicción de Tesis 190/2019, en la parte que señala la delimitación de funciones atribuibles al Ministerio Público y las del juez.
En ese sentido, dijo que las labores de investigar y de formular la acusación le pertenece al Ministerio Público, que en esta última deben estar recogidas todas las circunstancias penalmente relevantes.
Mientras que el juez sólo debe estudiar el asunto y a partir de los hechos narrados en la imputación, determinar si junto con los datos de prueba son suficientes para iniciar la fase complementaria de la investigación pero sin agregar circunstancias distintas a las invocadas por el fiscal.
A pesar de que también señaló que los jueces tienen la posibilidad de subsanar o reclasificar, determinó, por esas razones, vincular a proceso a los tres imputados por el delito de homicidio calificado con premeditación y ventaja, pero sin considerar a la víctima como un miembro de instituciones policiales.
Asimismo, desechó la agravante de alevosía, pues consideró que los argumentos presentados por el fiscal, en el sentido de que los imputados acecharon a la víctima y planearon el asesinato, se enmarcan en la agravante de premeditación.
Con la vinculación, el juez también le concedió al Ministerio Público dos meses para llevar a cabo la investigación complementaria.
De igual manera, la Fiscalía solicitó la prisión preventiva justificada para los tres imputados debido a que no se pudo comprobar el arraigo domiciliar de cada uno de ellos.
Fue el único momento en que los imputados decidieron hacer uso de la voz por iniciativa propia, manifestando que sí tienen domicilios fijos, pero el juez dijo que su solo dicho no es prueba suficiente, además de que persiste el riesgo para los testigos, por lo que resolvió que permanezcan detenidos.
