Tijuana.- La aplicación móvil Rappi, dedicada a la entrega a domicilio de comida y artículos de establecimientos como farmacias y súper mercados, anunció en un comunicado de prensa que a partir de hoy martes 23 de junio suspende operaciones en Baja California.
Esto luego de la entrada en vigor del decreto 77 que establece nuevas reglas de permisos del Instituto de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado de Baja California, las cuales la empresa consideró “amenazan con sanciones desproporcionadas a los choferes” que no cumplan con ellas.
“El decreto publicado impone penas a los choferes y empresas que no cuenten con los permisos expedidos por el Instituto referido, llegando al exceso de incluir penas carcelarias”, explica el boletín de prensa.
El decreto 77, publicado ayer en el Periódico Oficial de Baja California, agrega los artículos 250 TER, 250 TER 1, 250 TER 2 y 317 TER a la Constitución Política de Baja California.
El primero establece que “comete el delito de transportación ilegal de pasajeros o de carga, el que, sin contar con la concesión, permiso o autorización expedidos por el Instituto para tales efectos, preste el servicio público o privado de transporte de pasajeros o de carga en el Estado de Baja California”.
La pena para aquel que cometa este delito es de seis meses a dos años de prisión, así como la incautación de los vehículos utilizados para ello y una multa de 300 a 800 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente.
Según la actualización de UMA en 2020, la multa va de los 26 mil a los 69 mil 500 pesos.
La empresa explicó que reanudarán sus actividades hasta nuevo aviso, ya que se encuentran “analizando con detenimiento la situación y aquellas acciones que la ley nos brinda para la defensa de los intereses de nuestros aliados, nuestros usuarios y los repartidores”.
Añadió “Rappi es una empresa que opera en estricto cumplimiento a las leyes de todos los estados y países en los que desarrolla sus actividades. No obstante, nos parece que imponer penas carcelarias a la actividad económica es una acción que atenta a los principios constitucionales y representa una acción desproporcionada por parte del gobierno estatal”
“Sabemos que México y el Estado de Baja California atraviesan un momento sumamente difícil, derivado de la pandemia ocasionada por el Covid-19. Durante estos meses, Rappi tomó acciones decididas para contribuir a que la población permaneciera en casa, al tiempo que la economía se mantenía en marca. Por eso, lamentamos esta situación, misma que esperamos resolver muy pronto”.
A su vez, el artículo 250 TER 1 explica que se sancionará con pena privativa de libertad de tres a seis años y multa de 700 a mil veces la UMA vigente a “quien dirija, organice, incite, induzca, completa o patrocine a otro u otros a prestar el servicio público de transporte de pasajeros o de carga, sin contar con la concesión, permiso o autorización correspondiente”, además de que dicho delito se perseguirá de oficio.
Egresada de la Licenciatura en Comunicación de la Universidad Autónoma de Baja California. Especialidad en Periodismo Policial y Judicial de la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. Más de 12 años en medios de comunicación de México y Estados Unidos, como Semanario Zeta, Sin Embargo o la agencia española EFE.
