Tijuana.- El gobernador Jaime Bonilla Valdez, por medio de un decreto firmado ayer, canceló el cobro que realiza Caminos y Puentes Federales (Capufe) a los usuarios de la caseta de Playas de Tijuana en la carreta Escénica hacia Playas de Rosarito y Ensenada.
Acompañado de parte de su gabinete, así como del fiscal general del Estado, Guillermo Ruiz Hernández, a quien le entregó posesión de las instalaciones, este día encabezó un evento a un lado de los carriles vehiculares junto a vecinos de la zona, quienes desde hace años iniciaron un movimiento para inconformarse por el pago para acudir y salir de sus hogares.
El mandatario estatal, al concluir las participaciones del presídium, caminó hasta uno de los carriles y personalmente intentó levantar una de las plumas, luego de que el encargado de la caseta de peaje se negara a levantarla para permitir el paso de vehículos.
Posteriormente, su equipo le ayudó a levantar las plumas y permitir el paso libre de los vehículos que se encontraban formados en ambas direcciones.
El decreto, el cual fue leído por el secretario general de gobierno, Amador Rodríguez Lozano, durante el evento, instruye a la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial del Estado, a que se comunique con Capufe, para que este “entregue al gobierno del Estado el tramo carretero mencionado para su operación y mantenimiento”.
Así mismo, se le giran instrucciones a la Secretaría General de Gobierno, para que “se solicite el apoyo de la Fiscalía General del Estado, a través de la Guardia Estatal o los instrumentos que considera precisos, así como de la Policía Municipal de Tijuana, para mantener la paz y la seguridad en ese sitio”.
Anteriormente, la corporación encargada de brindar seguridad a las instalaciones y a la autopista era la Policía Federal, ahora Guardia Nacional.
El costo del peaje es de 39 pesos y según cálculos del gobierno estatal, alrededor de 12 mil residentes de fraccionamientos ubicados a lo largo del paseo costero de 18.5 kilómetros resultan afectados con este cobro cuando diariamente salen de sus casas y regresan a ellas, ya que no hay vías alternas.
“El tema de la caseta de cobro de Playas de Tijuana ha sido parte de mi agenda política, como diputado, senador, delegado único del gobierno federal y ahora como gobernador, he permanentemente gestionado ante las distintas autoridades federales para que se termine dicho cobro o bien que desaparezca la caseta”, se puede leer en el documento firmado ayer lunes 6 de julio.
“La respuesta ha sido invariablemente la misma: ninguna, falta de sensibilidad y falta de voluntad o convicción para resolver este problema. Es por ello que, este gobierno a mi cargo con la responsabilidad social ante quienes dieron su voto mayoritariamente por mí, procedo a cumplirles”, se lee en el decreto.
En el evento de este día, estuvo presente Mónica Jiménez, la representante del movimiento de vecinos que desde hace años han pedido la intervención de autoridades municipales, estatales y federales para eliminar el cobro de la caseta.
En la elección de 2018, fue candidata del Partido de la Revolución Democrática (PRD) a una diputación local, la cual perdió.
Más vecinos de la zona acudieron a celebrar la cancelación del pago de cuotas. En el decreto se explica que “desde hace décadas existe una demanda social de decenas de miles de residentes de fraccionamientos que se ubican después de la caseta de Playas de Tijuana en el corredor de la autopista escénica que se han visto afectados económicamente ante el cobro de peaje en la caseta de Playas de Tijuana, que desde 1967, año en que fue establecida, previo un cobro que se estableció para recuperar la inversión de la obra, misma que ha sido recuperada en totalidad varias veces”.
Sobre el fundamento jurídico, el gobierno de Baja California aseguró que resulta factible “en los términos que la Ley de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, así como el gobierno federal entreguen la concesión, operación y administración de la caseta de cobro y de la carretera federal al gobierno de Baja California, como ocurrió con el tramo carretero Centinela-Rumorosa anteriormente”.
Desde hace años, Capufe desarrolló un apoyo para los residentes de los desarrollos habitaciones desde Rancho del Mar hasta Real del Mar para una reducción del 50% del importe del peaje, pero el decreto señala “la realidad es que dicho apoyo ha tenido un impacto social muy pequeño, en virtud de que el mismo se obtiene acreditando una serie de requisitos engorros que en la práctica hacen nugatorio el pretendido descuento, además de que está limitado a los residentes de esos desarrollos, dejando fuera al grueso de los usuarios cotidianos en ese tramo”.
Según cálculos del gobierno estatal, una familia con dos vehículos que transitan diariamente gasta un promedio de mil 92 pesos a la semana para salir y regresar, en una sola ocasión a sus casas. Del pago de 10 mil vehículos en una semana, resultan ingresos de 5 millones 460 mil pesos a la semana para Capufe.
Sobre la situación, Capufe solo publicó un mensaje en Twitter en el que advertían a los conductores manejar con precaución debido a la “presencia de manifestantes”.
