Tijuana.- Diez minutos antes de que arrancara la sesión de Cabildo, el alcalde, Arturo González Cruz, retiró el punto de acuerdo para la contratación de un despacho que llevaría la defensa jurídica del Ayuntamiento, debido a que se les fincó un crédito fiscal por más de 540 millones de pesos.
Según versiones al interior del Cabildo, González Cruz no pudo asegurar los votos necesarios para aprobar el punto de acuerdo, por lo que optó por retirarlo de la orden del día antes de que fuera rechazado.
Sin ser enviado a comisiones, el tema fue revelado hasta ayer por la tarde, cuando se convocó a sesión extraordinaria de Cabildo para hoy a las 3:00 de la tarde.
Fuentes de PUNTO NORTE explicaron que tanto Consejería Jurídica como Tesorería se responsabilizaban mutuamente de las gestiones de la contratación, pero finalmente un funcionario de Sindicatura dio a conocer que el gobierno municipal ya había iniciado el proceso de contratación del despacho jurídico.
Sin embargo, debido a que el monto del contrato supera los 15 millones de pesos y no sería cubierto en la actual administración, requerían de la aprobación de Cabildo para continuar con la contratación.
El crédito fiscal corresponde al ejercicio 2016, el último año en que gobernó Jorge Astiazarán Orcí.
Esto debido a que en ese momento no se realizaron las retenciones correspondientes al sueldo de los trabajadores por concepto de Impuesto sobre la Renta, por el periodo que comprende de enero a noviembre de 2016.
De acuerdo al dictamen, el 26 de octubre de este año, la Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Baja California, del Servicio de Administración Tributaria (SAT), envió un aviso vía electrónica sobre la determinación del crédito fiscal.
Existe como antecedente una visita domiciliaria registrada el 11 de abril de 2019, para hacer del conocimiento de la administración, entonces a cargo de Juan Manuel Gastélum Buenrostro, sobre las omisiones en que habían incurrido.
Después de una serie de diligencias, en las que ya participó la actual gestión, la autoridad fiscal determinó que el adeudo asciende a 540 millones 416 mil 983 pesos y fijó como plazo el 6 de enero de 2021 para que recurrieran a algún medio de defensa debidamente acreditado.
El punto de acuerdo no fue analizado, discutido ni votado en comisiones, sino que se incluyó directamente en la orden del día del Cabildo.
El requerimiento del SAT no especifica que la defensa jurídica la deba llevar un externo al gobierno municipal, pero este consideró que no cuenta con el personal apto para llevar a cabo los trámites ante Hacienda.
En el punto de acuerdo tampoco se estipulaba el monto del contrato con el despacho ni de cuál se trataba.
