Tijuana.- La devolución de 6.8 millones de pesos que Brenda Ruacho de Vega desvió a una cuenta bancaria personal mientras era presidenta del Patronato del DIF Estatal, está a una firma de distancia… pero hoy no llegó a la cita.
La esposa del ex gobernador Francisco Vega de Lamadrid acudiría ayer viernes al mediodía a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para oficializar un compromiso de pago, en razón del acuerdo de resarcimiento al que llegó con el ministerio público.
Sin embargo, la ex primera dama no acudió a firmar el documento con el que la Fiscalía podrá iniciar trámites para descongelar sus cuentas y hacer la transferencia electrónica del dinero que desvío en el sexenio pasado.
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En marzo de 2020, el secretario de Gobierno en el Estado, Amador Rodríguez Lozano, interpuso una denuncia penal contra Ruacho de Vega y otros dos colaboradores, por malos manejos en la contabilidad del CRIT Baja California, localizado en Tijuana.
Los delitos por los que fue investigada y hoy debe responder son coalición de servidores públicos y negociaciones ilícitas.
Indagatorias arrojan que la asociación civil “Cree en tus sueños”, cuya titular era Brenda Ruacho, retuvo de forma ilegal donaciones que debieron llegar al DIF Estatal, para la construcción de las “Villas del CRIT”, un proyecto para dar hospedaje a las familias de menores que se atienden en el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT).
Las investigaciones hechas por la parte acusadora, es decir, el Estado, apuntan a que el recurso para las Villas del CRIT no solo se depositaron en otra cuenta particular, sino que de esa cuenta se hicieron gastos ajenos al centro infantil como la compra de un vehículo.
Ha pasado un año y de acuerdo al fiscal general del Estado, Guillermo Ruiz Hernández, el acuerdo de reparación del daño ya fue avalado por el Gobierno del Estado, que sería la parte afectada, y solo queda pendiente la revisión y aprobación de la ex primera dama.
“Había un acuerdo para que viniera… El acuerdo reparatorio es una salida alterna cuyo mecanismo es voluntario; el hecho que venga o no venga no trasciende penalmente porque es voluntaria la decisión de concluir con este proceso a través de este mecanismo”, explicó Hiram Sánchez Zamora, fiscal general del FGE.
También precisó que, al ser la parte imputada, tiene que ser Brenda Ruacho y no un representante legal, quien acuda a la firma de este acuerdo reparatorio.
Una vez que se cumpla este procedimiento y la ex presidenta del Patronato del DIF en la administración de Francisco Vega de Lamadrid realice el pago de 6.8 millones de pesos, quedaría finiquitado el proceso penal.
Por su paret, Amador Rodríguez Lozano, secretario de Gobierno del Estado, aplaudió que se haya logrado este acuerdo y dijo que como parte del mismo, la señora Brenda Ruacho se comprometió a retirar un recurso de amparo en el que insistía que fungía como apoderada legal de las estancias infantiles del CRIT a través de su asociación civil.
“Que quede claro que la señora cometió un delito en contra de la administración pública a la que estaba obligada”, enfatizó.
“Están reconociendo que desviaron recursos, tan es así que los van a regresar. Eso para nosotros es importante porque quiere decir que nuestra denuncia e investigación era adecuada y de la administración pasada son de los pocos casos que logramos que se castigue. Pero es muy importante porque se trata de la esposa del ex gobernador”, dijo a PUNTO NORTE, al arribar a las instalaciones de la FGE.
Con relación a los 6.8 millones de pesos que estaría transfiriendo a las arcas del Gobierno Estatal, el secretario de Gobierno dijo desconocer si se trataba, efectivamente, del dinero producto de los donativos al CRIT, y que “al final no sé de dónde lo sacó o lo gastó, pero al final lo está regresando”.
Aplazan audiencia por caso Kiko Vega
La ex primera dama Brenda Ruacho no es la única funcionaria de la pasada administración estatal con procesos penales abiertos. Francisco Vega de Lamadrid también es investigado por el desvío de al menos mil 500 millones de pesos durante su gestión.
Al respecto, tanto el secretario de Gobierno estatal como el titular de la FGE explicaron que la crisis sanitaria ha retrasado el proceso contra el ex mandatario estatal.
Rodríguez Lozano informó que la fecha de la audiencia para imputación de cargos estaba prevista para finales de mayo, después de casi un año de permanecer inactiva la administración de justicia de la entidad.
Sin embargo, la fecha acaba de ser cambiada para el 12 de julio.
“Ya expresamos al presidente del Tribunal que no nos gusta eso, pensamos que hay una protección del juez al PAN, que no quieren que sancionen a Kiko Vega antes de la elección y lo están pasando para después”, puntualizó.
