Tijuana.- La semana entrante, el Congreso de Baja California comenzará el análisis de una reforma para la despenalización del aborto en el estado y armonizar así las normas locales con la disposición de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, por la que se determinó inconstitucional la criminalización de la interrupción voluntaria del embarazo.
El diputado Sergio Moctezuma Martínez explicó que la intención es revisar las iniciativas sobre el tema que ya se encuentran en la Comisión de Justicia que él preside, para robustecerlas y estar en la misma sintonía que el Máximo Tribunal Constitucional en el país.
“La determinación de la Corte es un considerando que no está implícito en la iniciativa que ya se presentó y sienta las bases para que no digan que el Poder Legislativo de Baja California está en contra de la vida, no, estamos atendiendo lo marcado por el Tribunal”, dijo el legislador de Morena.
Entre las modificaciones que se propondrán, primero por parte del grupo parlamentario de Morena y después en Comisión, será la reforma de algunos artículos del Código Penal del Estado, así como la derogación del 136, relativo al aborto no punible.
Dicho apartado señala que los abortos no serán objeto de sanción cuando sean culposos, es decir, por alguna negligencia o descuido; cuando el embarazo sea producto de una violación o inseminación artificial; o cuando la vida de la mujer embarazada corra peligro.
Sergio Moctezuma Martínez agregó que también se tendrá que reformar el artículo 7 de la Constitución Local, en el que se hace referencia a los derechos humanos, “para enquistar como un derecho constitucional, el derecho de la mujer a decidir”.
En esta propuesta, por tratarse de una reforma constitucional, se necesitará una mayoría calificada para su aprobación; es decir, dos terceras partes del Congreso o por lo menos 17 de los 25 legisladores locales.
Ya en la pasada Legislatura, temas como el de los matrimonios igualitarios en sus primeros dos intentos o la interrupción voluntaria del embarazo no alcanzaron mayoría calificada para su aprobación, pese a tener una mayoría morenista.
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Para el presidente de la Comisión de Justicia de la XXIV Legislatura Local, esta vez no solo se trata de voluntad política para que avance.
“Tenemos que adaptarnos a lo que el Máximo Tribunal Constitucional ha emitido, punto. Aunque haya voces diversas, hay una determinación que nos obliga a adecuar nuestro derecho interno y hacer lo propio, darle oportunidad de libre elección a la mujer, no satanizarlas”, apuntó Martínez.
El lunes 6 de septiembre, la Suprema Corte de Justicia de la Nación calificó de inconstitucional el Código Penal del estado de Coahuila por el que se castigaba con cárcel a quien interrumpiera su embarazo de forma voluntaria.
Una determinación histórica y que sienta las bases por las que el resto de las entidades federativas deberán regirse, sobre el tema.
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En respuesta, grupos autodenominados “provida” manifestaron su inconformidad sobre esta resolución y la posibilidad de que en los próximos días se lleve a la Tribuna local.
Aunque el diputado Sergio Moctezuma Martínez dijo que se escucharán todas las voces sobre el tema, desde expertos de la parte jurídica, de salud y también de los provida, al final todos tendrá que apegarse conforme a Derecho.
“Nuestro deber es tener un Congreso de puertas abiertas, pero ellos deben estar conscientes de que vivimos en la república mexicana, que hay un estado donde nos norman leyes y hay un principio muy básico, la ley es dura, pero es la ley y nos tenemos que adaptar a esta nueva normalidad que nos manifiesta la Corte”, sentenció.
También adelantó que el proyecto que se analice, discuta y, en un futuro, se someta a votación, deberá contemplar condiciones médicas, presupuesto e infraestructura para que la autoridad proporcione espacios calificados y seguros para la interrupción del embarazo.
No obstante, reconoció a PUNTO NORTE que todavía es muy pronto para determinar si será el Estado quien centralice la práctica de abortos voluntarios o bajo qué términos se despenalizará y proveerá a quién desee ejercer su libre derecho.
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Cabe señalar que aunque únicamente Ciudad de México, Hidalgo, Oaxaca y Veracruz han armonizado sus leyes para la despenalización del embarazo interrumpido voluntario, en Baja California es una práctica común.
Incluso, activistas como Colectiva Bloodys y Projects se enfocan en el acompañamiento de mujeres que desean abortar, mediante un protocolo autorizado por la Organización Mundial de la Salud y que incluso se encuentra en portales del gobierno federal.
De acuerdo a la Colectiva, diariamente reciben alrededor de diez mensajes, a través de diferentes redes sociales, sobre mujeres que desean interrumpir su embarazo, que solicitan acompañamiento o que les proporcionen el protocolo con Misoprostol.
