Tijuana.- En una votación histórica en cuanto al reconocimiento de los derechos de la mujer, por primera vez la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la penalización del aborto voluntario, un criterio que generaría jurisprudencia en todo el país.
En sesión de este martes, los ministros de la Corte retomaron la discusión sobre el artículo 196 del Código Penal de Coahuila por el que se castigaba con uno a tres años de cárcel a quien interrumpiera de forma voluntaria su embarazo.
Con diez votos a favor y después de dos días de debate, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró la invalidez de dichos artículos, al considerar inconstitucional la criminalización del aborto.
Aunque se trata de una resolución sobre el Código Penal de Coahuila, por el número de votos alcanzado, este criterio es al que deberán ajustarse el resto de las entidades federativas cuando se aborde la interrupción del embarazo.
“Esta norma es estigmatizante para las mujeres y las personas gestantes, es discriminatoria y sí me parece delicado e incongruente que se deje vigente; no es un tema de ideología, es un tema de mensaje que queremos mandar a la sociedad, es un tema de técnica constitucional: una conducta no puede ser al mismo tiempo el ejercicio de un derecho constitucional, fundamental, humano y al mismo, que un tribunal constitucional la deje vigente como un delito”, manifestó Arturo Zaldívar, presidente de la SCJN, durante su votación.
El proyecto fue presentado por el ministro Luis María Aguilar Morales, en respuesta a un acto de inconstitucionalidad presentado por la extinta Procuraduría General de la República, y quien ayer aseguró que no se trata de una propuesta en favor del aborto, sino del derecho de la mujer a decidir libremente.
Además de “tumbar” este artículo, el proyecto solicita al estado garantizar el acceso a recibir educación sexual, planificación familiar y otras acciones.
“Hay supuestos en el que el Estado no puede criminalizarlas y no sólo eso; tiene que otorgar todas las facilidades para que el aborto se pueda dar de manera segura y también de forma igualitaria”, abundó el ministro Zaldívar.
La lucha por la despenalización del aborto cobró fuerza en Latinoamérica después de que Argentina discutiera la legalización del aborto, logrando su objetivo en diciembre de 2020, cuando el Congreso Nacional sancionó la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo.
En el caso de México, únicamente Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo y Veracruz han legislado sobre este tema con perspectiva de género y en pro del derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo; no obstante, activistas refieren que el hecho de que no sea legal, no implica que no esté sucediendo.
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El colectivo Bloodys y Projects manifestó a PUNTO NORTE en agosto, que diariamente reciben alrededor de diez mensajes, por diversas redes sociales, sobre mujeres que requiere apoyo para interrumpir su embarazo en Tijuana.
En esta agrupación se les facilita el protocolo de la Organización Mundial de la Salud para abortar, les ofrecen acompañamiento durante el legrado, así como orientación médica y psicológica.
Será el 28 de septiembre, “Día de Acción Global por un aborto legal y seguro”, cuando agrupaciones feministas lleven a cabo una manifestación separatista en la zona Este de Tijuana para visibilizar el derecho al aborto libre y seguro; esta vez, la Suprema Corte de Justicia de la Nación las respalda.
