Tijuana.- La declaratoria de procedencia, por la que se oficializa la reforma sobre la duración de los jueces en su encargo, se frenó de última hora.
La causa: el Ayuntamiento de Tijuana no envió el documento en el que informa al Congreso del Estado que votó a favor de la reforma al artículo séptimo transitorio del Decreto 247 publicado el 2 de febrero de 2007.
Y es que faltaba el documento de uno de los Cabildos para tener la mayoría necesaria para su procedencia.
En sesión ordinaria del Congreso Local, celebrada este jueves por la tarde, el primer punto de la orden del día tenía que ver con la declaratoria de procedencia de la reforma al artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, así como de la reforma al artículo 7 del Decreto 247 relativo al Poder Judicial.
Aunque el dictamen 18 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso Local venía en la lista e incluso ya fue sometido a consideración de los cabildos, en plena sesión se removió sin dar lectura al mismo.
“No se va a dar lectura a la declaratoria de procedencia respecto al dictamen, dado que aunque tenemos conocimiento de que ya se votaron en la mayoría de municipios a favor, no arribaron unos documentos de uno de los Cabildos y por lo tanto no estaría completa la declaratoria correspondiente”, expresó el diputado Juan Manuel Molina García.
En dicho dictamen, aprobado por el Congreso Local, el 23 de diciembre de 2021, se plantea que todos los jueces nombrados previo a una reforma constitucional del 2007, no serán removidos después de 15 años de servicio, como dicha modificación implica.
En la iniciativa, presentada por la legisladora Rocío Adame y Román Cota, sostienen que es violatorio hacer retroactiva una ley en perjuicio de los jueces.
Además de que representaría un golpe a las finanzas públicas, en caso de que los jueces se amparen para no hacer efectiva esa disposición.
El documento leído la tarde de este jueves en el pleno del Congreso del Estado contemplaba la votación de Mexicali, Playas de Rosarito, Ensenada, Tecate y el Concejo Fundacional de San Quintín, pero no el de Tijuana.
De hecho, el último Ayuntamiento en enviar su votación a la Oficialía de Partes del Poder Legislativo, fue Tecate y precisamente el mismo 13 de enero, día de la sesión.
Es decir, la votación de Tijuana no se incluyó en el documento, sin embargo, ya se tenía la mayoría necesaria para hacer oficial la reforma.
Cuando la diputada Araceli Geraldo Núñez, secretaria en la sesión, concluyó de leer el documento relativo a la reforma del fiscal, el presidente de la Mesa Directiva, Juan Manuel Molina, solicitó que el dictamen 18 se retirara del orden del día.
“Tenemos conocimiento de que sesionaron pero no nos han remitido los documentos de uno de los Cabildos para tener esa mayoría”, expresó Juan Manuel Molina.
La indicación fue, pues, que una vez que llegue la notificación, será informado a la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado para volver a convocar, en este caso a sesión extraordinario, para desahogarlo en el pleno.
Cabe señalar que el Ayuntamiento de Tijuana votó a favor de ambos dictámenes, el de la designación del fiscal y el de la duración de los jueces, en la misma sesión de Cabildo, del 11 de enero; pero la notificación al Congreso no habría llegado.
Adicional a este dictamen, en la sesión del Congreso se leyó la declaratoria de procedencia al dictamen 17 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales por la que se oficializa la reforma constitucional que modifica los requisitos para ser fiscal de Baja California.
ACLARACIÓN: En una versión previa a esta publicación, se cometió un error de interpretación, al atribuir la suspensión de la declaratoria de procedencia a la reforma constitucional por la que se modifican los requisitos para designar al fiscal del Estado.
