Mexicali.- Las diputadas y diputados de Morena, así como de partidos aliados aprobaron una reforma al Decreto 192, por el que el año pasado ellos mismos autorizaron al gobierno de Baja California contraer una deuda pública por hasta 3 mil 500 millones de pesos.
Se trata del llamado “Bono Verde”, un financiamiento con el que, anunció la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, se pretenden ejecutar mega obras de infraestructura para garantizar el abasto de agua en Baja California, el cual también incluye un apartado o “Bono Violeta” o de género.
Dicho endeudamiento a pagar en 30 años fue aprobado por el Pleno del Congreso del Estado, en diciembre de 2022, sin los cinco votos de la oposición.
Este jueves 16 de noviembre, en sesión ordinaria, los mismos diputados aprobaron una iniciativa de reforma al decreto solicitada por la propia mandataria estatal, para modificar los apartados “destino de los recursos”, y “plazo y periodo de gracia”.
Específicamente, el destino de los 500 millones de pesos asignados para programas y acciones en beneficio de las mujeres, así como lo relacionado con algunos límites y candados de seguridad financiera en los montos de reserva para gastos y costos relacionados con la contratación del mismo crédito.
Así, con las abstenciones de los legisladores del Partido del Trabajo (PT), Marco Antonio Blásquez Salinas y Sergio Moctezuma Martínez López, y los votos en contra de Daylín García Ruvalcaba y dos del Partido Acción Nacional (PAN), el Pleno del Congreso del Estado modificó los rubros que eran para infraestructura en seguridad pública, salud, educación, movilidad urbana, para quedar como sigue:
“Un monto de hasta 500 millones de pesos moneda nacional para inversión pública productiva en los siguientes rubros de inversión: bienes inmuebles, equipo de defensa y seguridad, equipo e instrumental médico de laboratorio; maquinaria, otro equipos y herramientas; mobiliario y equipo de administración; obra pública en bienes dominio público; vehículos y equipo de transporte”, según señala ahora el inciso B del artículo primero del decreto.
En el mismo inciso, también se agregó que “en cada contrato de crédito se especificarán los proyectos”, así como la partida del rubro autorizado.
Asimismo, fueron modificados el inciso C y el inciso D del apartado “destino de los recursos”.
El primero de ellos señala que los recursos de la deuda también podrán utilizarse en fondos de reserva equivalentes a un pago mensual del crédito o créditos.
Y el segundo agrega que los recursos del propio crédito también podrán cubrir gastos y costos relacionados con la celebración de los financiamientos, o la emisión de valores.
En este sentido, aunque la reforma mantuvo los términos en los que estos dos últimos usos de los recursos deberían ser aprobados según la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, eliminó los correspondientes al Artículo 27 del Reglamento del Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios.
Dicho numeral establece un límite del monto de gastos y costos relacionados con la contratación del financiamiento de 2.5 por ciento del total del monto contratado, o 1.5 por ciento si no incluye Instrumentos Derivados y las Garantías de Pago.
Aunque es una cantidad mayor frente al 0.15 de la mencionada Ley, el artículo eliminado del Decreto del Bono Verde también menciona que en caso de que se superara este límite del monto de gastos, el gobierno de Baja California debería justificarlo y desglosar cada uno de los gastos y costos.
Pero además, señala que si los fondos de reserva que se hayan conformado con recurso del propio crédito no se utilizaron durante la vigencia del financiamiento, el gobierno del Estado debe comprometerse por escrito y bajo protesta de decir la verdad, a destinarlos al pago del capital del financiamiento o pago de inversión de la obligación de que se trate.
Y en caso de refinanciamiento del crédito, los recursos debe dirigirlos a nuevos fondos de reserva.
Finalmente, también se modificó el plazo y periodo de gracia del documento, y mientras se aprobó para que los recursos fueran utilizados hasta el 31 de diciembre de 2023, con la reforma se estableció que esta fecha sea el último día para empezar a ejercer los recursos.
La diputada presidenta de la Comisión de Hacienda y Gasto Público, Julia Andrea González Quiroz, leyó el dictamen legislativo declarado viable por la Auditoría Superior del Estado y sin cuestionar ni explicar nada al respecto, el resto de las legisladoras y legisladores morenistas y aliadas le dieron el voto a favor.
Hasta octubre pasado se habían autorizado mil 500 millones de pesos por parte de NADBank, pero este mismo jueves se dio a conocer que Banorte concedió al gobierno de Baja California el crédito para los 500 millones de pesos para el “Bono Violeta”.
