Tijuana.- A siete días de iniciar el plantón en la explanada del Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS) del Gobierno del Estado, habitantes de las colonias Morita I, Morita II, Terrazas del Valle, Lomas del Valle y Maclovio Rojas bloquearon nuevamente hoy, martes 23 de abril, la carretera libre Tijuana-Tecate, al no obtener respuesta del Gobierno del Estado a su demanda de regularización de la tierra.
Se trata del segundo día consecutivo del bloqueo que realizan sobre la vialidad competencia del gobierno federal.
Los posesionarios se apostaron en casas de campaña desde el pasado miércoles 17 de abril, en la explanada del IMOS en nuevo Centro de Gobierno del Estado, sumando su protesta a la de los transportistas de los taxis rojo y negro que todavía están inconformes con la reestructuracion del transporte publico en el bulevar Agua Caliente.
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Ayer, lunes 22 de abril por la mañana, luego de anunciar varias acciones como protesta conjunta de los dos grupos, como presión, se colocaron en el entronque en la Carretera Libre a Tecate y el bulevar Nogales, bloqueando la circulación vehicular en los cuatro sentidos durante unas dos horas.
Hoy por la tarde, a la altura del kilómetro 26.5, en la colonia Maclovio Rojas, repitieron el bloqueo en ambos sentidos de la carretera, deteniendo a varios vehículos y camiones de carga.
Y aunque de pronto las solicitudes de ambos grupos para los extraños puedan confundirse y mezclarse, para los habitantes de
La Morita y el resto de las colonias en conflicto, su problema es muy claro, sobre todo con la llegada de demandas de despojo y los posibles desalojos en los días recientes.
En entrevista con PUNTO NORTE, varias de las personas afectadas señalaron que tras unos meses de tregua por parte del Ejido Javier Rojo Gómez, los posesionarios volvieron a recibir notificaciones de nuevas demandas de despojo contra sus propiedades, lo cual ha generado preocupación entre ellos.
Los manifestantes explicaron que en diciembre pasado se venció el plazo que el Ejido puso al Gobierno del Estado para negociar con ellos el pago de los predios que la Inmobiliaria del Estado (CORETTE, INETT) vendió ilegalmente desde 1991, bajo la administración del exgobernador Ernesto Ruffo Appel.
Con el plazo vencido, el Ejido rompió la tregua y empezó a promover nuevamente las demandas agrarias.
Y es que, recordaron, en 2022, luego de 24 años de conflicto, el Ejido Rojo Gómez ganó el litigio agrario de alrededor de 12 mil 500 predios distribuidos en seis hectáreas en las cinco colonias de la Zona Este de Tijuana, y desde entonces han sufrido desalojos, intentos de desalojos, amenazas, demandas y, cuando menos, la incertidumbre de tener o no un patrimonio y lugar donde vivir.
“Yo vengo porque yo ya tengo mi título de propiedad, y dicen que no vale. Entonces ¿pa’ qué nos lo dan? Nos quieren cobrar de nuevo. Nos lo vendieron en la Inmobiliaria del Estado, ya tiene como cerca de los treinta años. Y ahora Rojo Gomez nos lo quiere cobrar de nuevo porque dicen que ganó él, y hay unas (personas) a las que ya les llegaron notificaciones”, dijo la señora Carmen, posesionaria de un predio en La Morita I, y una de las personas que pernocta en las casas de campaña del plantón en el IMOS.
La señora Carmen compró su terreno en 4 mil 500 pesos hace casi treinta años, y ahora con 65 años de edad, vive preocupada de que le exijan un nuevo o la desalojen por no poder cubrirlo, porque ya no trabaja y no tiene un ingreso, más allá de lo que puedan compartirle sus hijos.
“¿Usted cree que a nuestra edad me van a dar trabajo para pagar otra vez el terreno? En ese tiempo me costó 4 mil 500. Yo ahorita no trabajo, si me regalan 200 pesos mi hijos, así lo voy pasando pero no tengo trabajo y no tengo dinero”, expresó.
Aunque los afectados reconocen que el actual Gobierno del Estado encabezado por Marina del Pilar Ávila Olmeda ha llevado a cabo acciones para atender el problema, consideran que éstas no han tenido un impacto real en la regularización de los predios, y se han quedado en promesas.
Así, señalan que con la gestión del ex secretario de Gobierno, Catalino Zavala Márquez, se llevaron a cabo mesas de trabajo con los posesionarios y con el Ejido Rojo Gómez, y se llegó a un acuerdo con este para que no siguiera promoviendo demandas, en lo que negociaban el precio de los predios.
Además, mediante el Instituto de la Vivienda (Indivi), se llevó a cabo el censo digital para la regularización de la tierra en las colonias Morita I y II, que era el primer paso en el plan del gobierno estatal en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) federal y la Procuraduría Agraria.
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Sin embargo, con la salida de Zavala Márquez del gobierno del Estado, se perdieron las negociaciones, se venció el plazo de la tregua y no se avanza en la verificación de las propiedades que arrojó el censo, dijo Leopoldo Arredondo, posesionario en Terrazas del Valle.
El afectado agregó que el nuevo secretario de Gobierno, Alfredo Álvarez, en las reuniones con los posesionarios, ha señalado que no tiene conocimiento del censo, porque Catalino y su personal no dejaron información al respecto; ello a pesar de que en febrero pasado, se inició el censo correspondiente en la colonia Maclovio Rojas, según dio a conocer el propio Indivi.
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“Lógico, cuando un funcionario nuevo llegue, necesitan tiempo 15 días, 20 , un mes mes y medio, dos para conocer y empaparse de lo que dejó el que se levantó de la silla, pero cosa que dicen los actuales funcionarios que de los que se fueron, (que) no encuentran nada de información. Por lo tanto se iban a llevar un poco de tiempo en conocer el problema”, dijo al respecto Arredondo.
Indicó que tras casi cinco meses, las demandas siguen llegando a los habitantes de las colonias, y si bien señalan que Álvarez sí se ha reunido con ellos, la última vez hace alrededor de tres semanas, su respuesta no es satisfactoria para su situación.
“No tendrá ni 15 días, y siempre han dicho que ‘ya casi’, ‘ya merito’, ‘ya tenemos la ruta, no se las podemos decir por estrategia, pero ya la tenemos’. O sea ya conocen el problema, ya tienen la ruta pero no caminan, no caminan”, lamentó Arredondo.
Ante las demandas de despojo, reconoció por su parte Maité Tapia Hernández, del Frente de Posesionarios de Morita I y Morita II, un abogado del Sistema Agrario les acompaña en los procesos judiciales a las personas que reciben las demandas.
Sin embargo, atender estas diligencias requiere de traslado al municipio de Ensenada, donde se encuentra el Tribunal Unitario Agrario, lo que les genera gastos en una situación que, dicen, aunque fue generada por el Gobierno estatal de hace 26 años, es responsabilidad de la administración actual.
“Que arreglen este problema en el cual ellos nos metieron, porque ellos nos metieron en ese problema, porque yo no voy a vender algo que no me corresponde. Ahora, su obligación de ellos es sacarnos adelante con este problema y resolver la gran problemática que ellos ocasionaron”, sostuvo.
Agregó que además del desgaste económico, esta situación ha traído problemas de salud mental a las y los habitantes de las cinco colonias, ante la angustia por un posible desalojo y la imposibilidad de pagar nuevamente por algo que ya pagaron.
“Estamos más que desesperados porque vemos la presión. Hay gente enferma ya. Es un daño psicológico, es un daño mental, hay mucha gente que tenemos que están mal, pensando que los van a desalojar. Incluso ya hubo desalojos por parte del Rojo. Porque ellos quieren a fuerza que uno vaya y pague. ¿Por qué vamos a pagar algo que ya pagamos ante una dependencia de gobierno?”, insistió.
