Reportaje Especial – Punto Norte
Gustavo de Hoyos Walther, actual presidente nacional de COPARMEX recibió más de 4 millones de pesos durante la administración de Francisco Arturo Vega de Lamadrid.
Desde hace unos días, al ex gobernador se le imputan los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado, enriquecimiento ilícito, entre otros, principalmente por realizar pagos a proveedores sin que exista evidencia de los servicios que brindaron a su gobierno.
El acuerdo millonario que firmó personalmente Gustavo de Hoyos con el gobierno del Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California tuvo una vigencia de solo tres meses y una semana por un monto de 3 millones 491 mil 658 pesos más el importe del IVA, dando una cantidad total de 4 millones 50 mil 323 pesos.
La entonces oficial mayor y hoy diputada, Loreto Quintero Quintero, otorgó el contrato a de Hoyos sin una licitación pública, proceso al que debe apegarse toda adquisición del estado, lo cual significa, se le otorgó bajo el procedimiento de excepción por medio de una adjudicación directa.
De acuerdo a la investigación realizada por PUNTO NORTE, el despacho del que es principal socio el líder de la Coparmex, denominado De Hoyos y Avilés, S.C., prestó sus servicios profesionales para crear –entre otras cosas– el anteproyecto del reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Baja California.
Dicho reglamento cuenta con 157 artículos más los transitorios y se publicó en el Periódico Oficial del Estado en un tiempo récord de 16 días hábiles después de que se firmara el contrato entre el gobierno panista y Gustavo de Hoyos.
Es decir, en ese lapso, el despacho de de Hoyos, no solo redactó el Reglamento de la Ley, sino que lo entregó al Gobierno del Estado y éste lo dictaminó por medio de la Secretaría General de Gobierno para su aprobación interna y su publicación final.
Fuentes dentro de la administración anterior, revelaron a este medio de comunicación que los trabajos contratados a de Hoyos ya se habían realizado con anterioridad por el propio personal de la Secretaría General de Gobierno.
De hecho, el reglamento publicado para Baja California es prácticamente idéntico al decretado a nivel federal en octubre de 2012 por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa.
Puedes leer aquí el Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas de Baja California
Y aquí el Reglamento de la misma ley a nivel federal
Por medio de una solicitud de transparencia realizada por PUNTO NORTE a la Oficialía Mayor del gobierno estatal actual para obtener “los informes o evidencias” de lo realizado por el despacho contratado, la dependencia manifestó por medio de un oficio que tras “una exhaustiva búsqueda en los archivos de esta Dirección de Normatividad y Políticas Administrativas” solo dio cuenta del contrato bajo el número 01-30-1719.
Dehoyosgate
El 4 de mayo de este año, Gustavo de Hoyos se presentó ante medios de comunicación a nivel nacional para “exigir” una investigación en el caso del hijo de Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), quien vendió 20 ventiladores respiratorios en un 1 millón 550 mil pesos cada uno durante la pandemia por Covid-19 a la delegación del IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) en Hidalgo.
Acusó de sospechas de corrupción y de tráfico de influencias dentro del gobierno federal.
El líder empresarial señaló que el no haber licitado la compra de los ventiladores en medio de la contingencia sanitaria evitó obtener “mejores precios” y calificó la adquisición como “un procedimiento de adjudicación directa”.
Respecto a la compra que realizó el IMSS, de Hoyos criticó sobre el hijo del funcionario “el empresario tuvo la fortuna de ser proveedor del IMSS… sin que mediara un proceso de licitación de por medio”.
La misma “fortuna” tuvo de Hoyos con el gobierno de Kiko Vega para hacerse de 4 millones de pesos, pero no por ventiladores sino a cambio de “servicios profesionales”.
En el contrato firmado por el líder de Coparmex, el gobierno panista justificó no licitar entre varios despachos los servicios contratados pues “dentro del gobierno del Estado se establece que no existen trabajos sobre la materia y no cuenta con personal adscrito que realice funciones semejantes de ahí que (se) justifique porqué opta por la adjudicación directa del presente contrato”.
En realidad, el gobierno estatal cuenta con una subsecretaría jurídica y otra de asuntos legislativos.
El monto entregado a de Hoyos prácticamente hubiera alcanzado para comprar 3 ventiladores respiratorios en medio de la crisis sanitaria e incluso al sobreprecio que denunció públicamente el mismo líder empresarial.
Firme aquí…
Por medio de una solicitud de información vía la Plataforma Nacional de Transparencia, este medio obtuvo copia del contrato celebrado entre el Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado y el Despacho de Hoyos y Avilés S.C.
Por parte del gobierno, Loreto Quintero, entonces titular de la Oficialía Mayor, representó el acto y Gustavo Adolfo de Hoyos Walther fue el representante legal por parte del “prestador”.
Ambos firmaron personalmente el contrato. Y como testigos también firmaron el documento José Miguel Salcido Murillo, ex director de Normatividad de la dependencia y Jaime Roberto Guerra Pérez, ex. procurador fiscal en el gobierno estatal.
Se trata de un contrato administrativo de presentación de servicios profesionales concretado en Mexicali, Baja California el 8 de septiembre de 2014, según quedó establecido en el documento.
En el contrato, se hace referencia a que en el mes de agosto, mediante un oficio sin número, la Oficialía Mayor solicitó la contratación de los servicios por no contar con el personal para realizar esas tareas.
Quedó establecido que de Hoyos “es socio administrador y apoderado de la sociedad”. Para ese acto, presentó su cédula profesional como identificación.
Los servicios sin evidencia
Los servicios prestados según el documento fueron para la “revisión, análisis, alcance de aplicación y promoción de la Ley de Asociaciones Público Privadas para el Estado de Baja California“.
El monto se acordó por los 4 millones de pesos solo por tres meses de servicio, del 8 de septiembre al 31 de diciembre del 2014.
Supuestamente, el despacho del también ex presidente del patronato de la UABC se encargaría de “efectuar análisis comparativo de la nueva Ley de Asociaciones Público Privadas de Baja California respecto de otros ordenamientos de otras entidades”.
Ese servicio se contrató a pesar de que la mentada Ley ya había sido aprobada por el Congreso meses antes e incluso publicada por el gobernador en agosto de ese año.
Además, el contrato estableció que el despacho iba realizar la “preparación y presentación ejecutiva de la nueva Ley” así como una “presentación completa” de la misma y una “presentación ejecutiva”.
Asimismo, se le pagó para que preparara y “promocionara” el ante-proyecto de reglamento de la nueva Ley, pero esta ley se publicó en el Periódico Oficial de manera casi inmediata, a los días de firmar el contrato.
Según el contrato el despacho de de Hoyos se encargaría también de la “preparación de iniciativa de reforma de Ley General de Bienes del Estado… reforzando esquema de Asociaciones Público Privadas”.
Sin embargo, la única iniciativa para reformar esta ley (de la cual se modificó solo el artículo 48) ya había sido presentada en el Congreso antes de que concluyera el contrato con de Hoyos.
La modificación fue discutida así como aprobada y hasta enviada para su publicación al periódico oficial del Estado el 15 de enero del 2015, es decir, dos semanas después de concluir el contrato con el despacho.
De hecho, la reforma por la que cobró el Despacho de Hoyos fue presentada por el gobernador a la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales el 17 de septiembre del 2014, esto es, siete días hábiles posteriores a la firma del contrato con el despacho del líder de Coparmex.
PUNTO NORTE solicitó al gobierno estatal los informes y las evidencias proporcionadas por el despacho que corroboraran los servicios prestados al gobierno de Kiko Vega, pero luego de una exhaustiva búsqueda, lo único que pudo reportar fue el contrato de servicios profesionales.
Otros servicios del despacho
El despacho De Hoyos y Avilés se conformó en 2001 en el municipio de Mexicali con un capital social de 828 mil 688 pesos.
Según el acta de asamblea más reciente para consulta en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio de Baja California, la cual data de diciembre de 2010, los socios igualitarios son el líder de la Coparmex, Gustavo Adolfo de Hoyos Walther; su padre, Gustavo Adolfo de Hoyos Guevara; sus hermanos Carlos Alberto de Hoyos Walther y Jorge Eduardo de Hoyos Walther, así como el abogado Ignacio Avilés Bustillo, quien también ha sido dirigente de Coparmex en Mexicali.
En ocasiones, el despacho ha salido a la defensa del dirigente de la Coparmex cuando ni siquiera se trata de un asunto del bufete jurídico.
En diciembre de 2019, en una investigación conjunta con Reporte Índigo, PUNTO NORTE dio a conocer que Gustavo de Hoyos Walther era secretario dentro del Consejo de Administración de la empresa Integradora de Productos Agropecuarios Cachanilla, la cual se encontraba denunciada penalmente por entregar “moches” a ex funcionarios estatales a cambio de un contrato para dotar de alimentos a los comedores de los penales en Baja California.
Cuando el reportaje fue retomado por Proceso, el despacho De Hoyos y Avilés emitió un comunicado de prensa para defender al líder de Coparmex.
En el documento, entre otros argumentos, se explica que Gustavo de Hoyos tuvo conocimiento del nombramiento, lo cual él mismo negó en una entrevista previa con Reporte Índigo, pero que “en su oportunidad le hizo saber al Consejo su imposibilidad de aceptar la encomienda y renunció a la misma”.
El fracaso de las APPs
En numerosas ocasiones, de Hoyos ha sido un promotor de las Asociaciones Público Privadas (APPs).
Uno de los casos más recientes fue en octubre de 2019, hizo un llamado al presidente Andrés Manuel López Obrado para que considerara el modelo de APPS para las obras de infraestructura en materia energética.
Sin embargo, estos proyectos resultaron un fracaso en Baja California. Aquellos que se aprobaron durante el periodo de Kiko Vega, el más conocido el de la desalinizadora en Playas de Rosarito, no lograron concretarse, pero sí dejaron una enorme deuda.
Según información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hasta el cuarto trimestre de 2019, Baja California mantenía una deuda global de 10 mil 38 millones 406 mil 482 pesos por cuatro contratos de asociaciones público-privadas.
A pesar de que la ley no obliga al gobierno estatal a que considere como “deuda” los montos por este concepto, sí representan compromisos de pago que además son a largo plazo, lo que significa que se continuarán pagado en las próximas administraciones.
El silencio ante la deuda de Kiko con la UABC
El 16 de enero de 2015, Gustavo de Hoyos Walther fue elegido presidente del Patronato de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) a escasos 15 días de que concluyó el contrato que su despacho firmó con el gobierno estatal y con el cual, mantenía una relación de prestación de servicios.
Para ese entonces, la deuda que la administración de Kiko Vega mantenía con la Máxima Casa de Estudios ya ascendía a más de 99 millones de pesos.
También en 2015, Gustavo de Hoyos asumió el cargo de dirigente nacional de la Coparmex y comenzó a figurar en entrevistas con medios nacionales y en campañas a favor de la transparencia y en contra de la corrupción.
Sin embargo, no fue una voz activa en exigir el pago de la deuda.
El millonario adeudo se dio a conocer hasta octubre de 2016, cuando ya ascendía a más de 476 millones de pesos. Es decir, creció 377 millones en un lapso de nueve meses, un promedio de casi 42 millones de pesos al mes.
Si bien, de Hoyos participó en mesas de trabajo entre la UABC y el gobierno estatal, en su calidad de integrante del Patronato, no mantuvo un enfrentamiento mediático con el entonces gobernador para que saldara el adeudo que representó un quebranto financiero a la institución que dejó secuelas hasta hoy.
Mientras tanto, Kiko Vega firmó varios convenios de pago, pero la deuda continuó creciendo.
Hasta febrero de 2020, la deuda que dejó el gobierno De Francisco Vega, según informó el rector Daniel Octavio Valdez Delgadillo a medios de comunicación, era de mil 729 millones de pesos.
Desde que fue nombrado rector, en enero de 2019, Valdez Delgadillo emprendió una campaña para exigir el pago de la deuda, que incluyó una protesta encabezada por él con personal y alumnado.
Por su parte, de Hoyos dejó la presidencia del Patronato a inicios de este año, pero seguirá como integrante del Patronato hasta el año 2021.
Fundador de Punto Norte en 2019. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Baja California (Campus Tijuana). 12 años como periodista de investigación, editor y columnista en temas de transparencia, seguridad pública, administración pública y gobierno. Asistente de investigación en el Colegio de la Frontera Norte. Editor de Zoom Político y de la columna Cuentahiloz en Semanario Zeta. Sus reportajes se publicaron en Proceso, Aristegui Noticias, Reporte Índigo, Por Esto, entre otros. Formó parte del equipo de investigación en Southern Pulse de Washington, D.C. Premio al Periodismo de la Cumbre Fronteriza 2020 (San Diego, California).
