Investigan cuentas bancarias de Kiko Vega, su esposa y prestanombres

Tijuana.- La secretaria de Honestidad y Función Pública, Vicenta Espinosa Martínez, dijo hoy que entre las principales investigaciones de ex funcionarios que se llevan en esta dependencia, están las del ex gobernador Francisco “Kiko” Vega y su esposa Brenda Ruacho.

Ambos enfrentan, por separado, denuncias penales ante la Fiscalía General del Estado, de las cuales resultó un operativo de cateo en su residencia en Tijuana en mayo.

El cateo en mansión de Kiko fue en contra de su esposa

“Hablamos también de la evolución patrimonial del ex gobernador Kiko Vega y de su esposa Brenda Ruacho y sus allegados”, respondió a pregunta realizada por PUNTO NORTE durante la conferencia de prensa que ofreció hoy en las oficinas de la Secretaría.

Explicó también que “hemos encontrado muchas irregularidades y no necesariamente a nombre de él o sus funcionarios, sino de sus prestanombres, lo estamos integrando”.

La secretaria comentó que ella personalmente acudió a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), perteneciente a la Secretaría de Hacienda, en la Ciudad de México, para solicitar que se indagaran estas cuentas bancarias.

Adelantó que, dentro de poco, la Secretaría firmará un convenio de colaboración con la UIF, encabezada por Santiago Nieto, para que se les brinde acceso a sus instrumentos de búsqueda y sea la dependencia estatal la que directamente pueda revisar la información requerida para sus investigaciones.

Espinosa Martínez detalló que la Secretaría no solo se limita a revisar que las declaraciones patrimoniales de los funcionarios o ex funcionarios coincidan con las propiedades que tienen registradas en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio (RPPC), sino que revisan otros bienes y cuentas bancarias.

De igual forma, siguen un esquema de red de vínculos, el cual “implica que podamos ver cómo se relacionan algunas empresas o compras que realizó el gobierno” y que no era puesto en práctico en administraciones anteriores.

La funcionaria detalló que así fue encontrado el caso de un ex funcionario con una empresa que fue proveedora del gobierno estatal.

“Al revisar compras de Oficialía, resultó ser dueño de algunas empresas, no por su nombre, sino de su hijo, pero fueron beneficiados por estas compra del gobierno, no fue una, fueron muchas y por muchos años y estamos hablando de un delito”, precisó.

Explicó que otros casos a los cuales se les ha prestado mayor atención en la revisión de la evolución patrimonial son aquellos ex funcionarios o políticos denunciados ante la Fiscalía General del Estado (FGE) por el caso de las facturas falsas y de las cuotas que fueron aportadas a una asociación civil vinculada al Partido Acción Nacional (PAN).

El delito que persigue a Ovando: 5 ex funcionarios de Kiko serán presentados ante un juez

De los expedientes que les fueron heredados de la anterior administración, la secretaria detalló que el 42% resultó en inhabilitaciones, el 25% en sanciones económicas, otro 25% en amonestaciones y el 8% en suspensión temporal.

Entre las inhabilitaciones más destacadas, dijo que un ex funcionario de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social fue inhabilitado por nueve años y un ex funcionario del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Ensenada fue inhabilitado por tres años, además le fue impuesta una sanción económica de 102 mil pesos.

Dijo que, a raíz de estas investigaciones, también se detectaron ex funcionarios que adquirieron vehículos último modelo, pero “no pudieron aclarar con transferencias bancarias cuentas bancarias, ellos o su cónyuge, que tenían el ingreso suficiente para compras de este tipo”.

Dijo que en cuanto a la revisión de declaraciones patrimoniales de ex funcionarios, se siguen 164 expedientes, de estos 21 fueron concluidos, 21 están en proyecto de acuerdo de conclusión, 32 en comparecencia y 90 más en etapas de investigación porque no subsanaron las irregularidades presentadas o simplemente no entregaron su declaración patrimonial.

ÚNETE A LA DISCUSIÓN
+ posts

Egresada de la Licenciatura en Comunicación de la Universidad Autónoma de Baja California. Especialidad en Periodismo Policial y Judicial de la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. Más de 12 años en medios de comunicación de México y Estados Unidos, como Semanario Zeta, Sin Embargo o la agencia española EFE.