En 2019, Fernando Rosales Figueroa quien se hizo activista meses antes de las elecciones, solicitó su registro para ser tomado en cuenta como candidato a diputado por Morena en Mexicali, pero su aspiración no prosperó, así que, luego de despotricar contra Morena y compararlo con el PRI y el PAN, anunció que se iba como candidato a la alcaldía de la capital por el PRD, tampoco pudo y terminó siendo candidato a regidor por ese mismo partido. El clásico oportunismo.
El resultado electoral ya se sabe, Morena consiguió las victorias completas y los candidatos del PRD en Mexicali obtuvieron ridícula participación, aun así, para Rosales Figueroa le bastó para ser integrado al cabildo como regidor.
Desde entonces, el abogado metido a político se ha autonombrado como regidor de oposición, envolviéndose en la bandera de la decencia y la buena conducta, acompañados en sus posicionamientos del PRI y del PAN, incluso hasta lo absurdo.
Pero, quién es y de dónde viene el edil, vale la pena recordar los episodios del perredista que incluyen la liberación de dos secuestradores, hecho por el cual se le investigó penalmente y el manejo oculto a título personal de cuentas bancarias producto de negociaciones que se realizaban dentro de la penitenciaría de Tijuana.
Fernando Rosales llegó a Mexicali por allá en el 85, se mudó de Guaymas, Sonora a la península en donde hizo su vida. Estudió Derecho en la UABC, y ya antes de titularse se había acomodado en puestos de dependencias del gobierno.
Por más increíble que parezca, el hoy regidor decente era el administrador de la penitenciaría de Tijuana a finales de los noventa.
Sí, era uno de quienes corrían “El Pueblito” en los tiempos más oscuros de la historia penitenciaria, en donde los narcotraficantes y delincuentes de alto perfil gobernaban la prisión con base en sobornos y chantajes. Decenas de testimonios y documentos, dan detalle de lo acontecido dentro en aquel tiempo, desde el tráfico de drogas, casinos, casa de empeños, homicidios, falsificación de documentos y demás delitos que eran consentidos por los directivos del gobierno panista.
Fernando Rosales ascendió rápido en la administración panista del entonces gobernador Alejandro González Alcocer hasta convertirse en el director de prevención y readaptación de la penitenciaría.
Corrían los primeros meses de 1999, Fernando Rosales fue exhibido y señalado de manera directa en actos presumibles de corrupción: había autorizado la liberación de dos secuestradores a la cual no tenían derecho, su firma aparecía en las órdenes de preliberacion de los hermanos Miguel Ángel y Francisco García Garrido.
Lo anterior fue ventilado en diversos periódicos de la época.
El entonces director de la Contraloría del Estado, José Guadalupe Zamorano Ramírez (fallecido en 2008) señaló formal y públicamente a Fernando Rosales y a Rodolfo Castillo López, otro de los directivos de la penitenciaría y a quien años después se le puso en prisión por el caso de haber liberado a los delincuentes.
En la investigación interna realizada por la Contraloría –a decir del propio Zamorano ante los medios de comunicación– se descubrieron dos cuentas bancarias a nombre del Fernando Rosales y de la Madre Antonia, una religiosa que residía en la penitenciaría para ayudar a los presos. Las cuentas bancarias eran utilizadas para depositar las ganancias de ventas de cigarrillos y servicios que ascendían hasta los 250 mil pesos mensuales, según aseguró el ex funcionario.
La versión de Zamorano sería respaldada por otros ex funcionarios como Miguel Barud Martínez, ex director jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública, que igualmente acusaron al hoy regidor de oposición y su entonces director.
La teoría del caso incluía una explicación convincente: los secuestradores liberados de manera irregular se encargaban de administrar las jugosas ganancias de la venta dentro de la penitenciaría, y que una vez dejados en libertad, los recursos pasaron a alimentar las cuentas bancarias que se le descubrieron al ex funcionario.
El proceso penal duró años, en 2001, Rodolfo Castillo fue detenido por los delitos de coalición de servidores públicos en contra de la administración de justicia, acusado –al igual que Rosales– de participar en la preliberación de los secuestradores.
En su momento, Rosales también declaró ante los medios, acusó al gobernador y al secretario jurídico en su declaración ministerial, de acuerdo a notas periodísticas de aquellos entonces.
Finalmente, el caso pasó a la historia. Rodolfo Castillo recuperó su libertad y años más tarde consiguió un puesto administrativo en el gobierno municipal del panista Jaime Díaz; a los pocos meses, se planificó y se ejecutó un operativo para demoler el caos dentro de la penitenciaría y, Fernando Rosales, como ya se sabe, metido en el cabildo de Mexicali envuelto del discurso de la de supuesta decencia y apostando por la desmemoria.
Averiguación Previa es una columna del periodista Isaí Lara Bermúdez, director general de Punto Norte.
Fundador de Punto Norte en 2019. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Baja California (Campus Tijuana). 12 años como periodista de investigación, editor y columnista en temas de transparencia, seguridad pública, administración pública y gobierno. Asistente de investigación en el Colegio de la Frontera Norte. Editor de Zoom Político y de la columna Cuentahiloz en Semanario Zeta. Sus reportajes se publicaron en Proceso, Aristegui Noticias, Reporte Índigo, Por Esto, entre otros. Formó parte del equipo de investigación en Southern Pulse de Washington, D.C. Premio al Periodismo de la Cumbre Fronteriza 2020 (San Diego, California).
