José Luis Ovando Patrón, ex dirigente del Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California, y cuatro ex funcionarios fueron presentados tras un año de retrasos frente a un juez en búsqueda de formularles, por parte de la Fiscalía General del Estado, los cargos por varios delitos cometidos en transferencias millonarias durante la administración de Francisco Vega de Lamadrid.
Entre los imputados, se encuentra la actual diputada Loreto Quintero Quintero, ex oficial mayor del gobierno del estado, de quien se justificó su ausencia debido a contagios de COVID-19 dentro de su familia y el reciente fallecimiento de un familiar por la misma enfermedad.
La estrategia de los imputados se develó casi de inmediato. Al no contar con la presencia de Loreto y un imputado más, solicitaron posponer la audiencia, pero la Fiscalía argumentó que la imputación se podría llevar a cabo sin los ausentes para continuar y el juez lo admitió.
Durante la audiencia, y luego de no obtener los resultados esperados para poder posponer la audiencia unos meses más, el abogado de Ovando y de Loreto hizo lo impensado: renunciar sin motivo a la defensa legal de sus clientes.
Lo hizo para que la audiencia ya no pudiera avanzar más y se reprogramara, evitando que el agente del ministerio público de la Fiscalía Regional de Mexicali realizara la formulación de imputación y por ende, se procediera a la vinculación a proceso.
Jesús Alejandro Santos Díaz fue el director estatal de la Defensoría Pública en el gobierno de Kiko Vega y hasta este día, el abogado de Ovando Patrón en este proceso.
La trampa del licenciado fue fácil de adivinar. Renunciaba a la defensa al quedarse sin argumentos. Los imputados se quedaban sin abogados y la audiencia debía interrumpirse porque un acusado tiene derecho a “una defensa adecuada y técnica” y, en este caso, Ovando no aceptó el defensor público presente.
Finalmente, la audiencia se difirió hasta el 18 de marzo, a las 19:00 horas, cuando acudirán los señalados de abuso de autoridad y coalición de servidores públicos nuevamente ante el juez de control para que la Fiscalía General del Estado lea los cargos en su contra y formule la acusación.
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La renuncia del abogado en medio de la audiencia sin aparente razón pudo configurarse como un delito por tratarse del abandono de defensa penado hasta por seis años de prisión en el Código Penal del Estado.
Segundos después de anunciar fuerte y claro su renuncia, el litigante recapacitó y le pidió a José Luis Ovando que fuera él quien lo revocara en ese instante y así fue.
En ese momento, sin desacuerdos entre abogado y cliente, sin falta de capacidad o motivo alguno, el viejo amigo y defensor fue “echado” de la sala para poder diferir la audiencia. Una trampa que raya en el delito y en la falta de ética del litigante.
Los detalles de la audiencia
La audiencia se programó para hoy 14 de enero a las 10 de la mañana, en seguimiento a la causa penal 1050/2020 por los delitos de abuso de autoridad y coalición de servidores públicos.
En ella, la Fiscalía formularía la imputación y solicitaría al juez la vinculación a proceso, esto es, que el Ministerio Público ventilaría las pruebas que obtuvo en la etapa inicial.
Con ello, documentaría la participación de los imputados en diversos delitos cometidos entre varios funcionarios de la administración panista por medio de una asociación civil dirigida por Ovando y la actual diputada federal Lizbeth Mata, a cuyas cuentas fueron trasferidos varios millones de pesos, retenidos a empleados de gobierno de sus salarios.
Además del ex líder del PAN y de la ex oficial mayor, los imputados, todos ex funcionarios del gobierno, son: Omar Murillo Salgado, Carlos Armando Ríos Treviño, Roberto Gil Espinoza, Eduardo Horta Osorio y Jesús Rubén Robles Félix.
El también ex diputado federal dijo que la denuncia en su contra es una operación política por parte del gobierno de Jaime Bonilla Valdez, pero nunca ha podido explicar el por qué y en dónde terminaron los 16 millones de pesos que le transfirió el gobierno a su asociación panista y la cual nunca tuvo vida pública, pues alega, “es un asunto entre particulares”.
Al término de la audiencia, el ex dirigente panista, aseguró a los medios de comunicación que el cambio de fecha se debió al efecto de la pandemia dentro del Poder Judicial del Estado, el cual ya ha pospuesto varias audiencias penales.
“No hay nada que esconder, no hay nada que perseguir, atendimos el llamado de la autoridad, sin ningún miedo y sin ningún problema”, dijo el ex dirigente panista, reservándose convenientemente la gran hazaña entre él y su amigo defensor.
Fundador de Punto Norte en 2019. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Baja California (Campus Tijuana). 12 años como periodista de investigación, editor y columnista en temas de transparencia, seguridad pública, administración pública y gobierno. Asistente de investigación en el Colegio de la Frontera Norte. Editor de Zoom Político y de la columna Cuentahiloz en Semanario Zeta. Sus reportajes se publicaron en Proceso, Aristegui Noticias, Reporte Índigo, Por Esto, entre otros. Formó parte del equipo de investigación en Southern Pulse de Washington, D.C. Premio al Periodismo de la Cumbre Fronteriza 2020 (San Diego, California).
