Tijuana.- La cuenta pública del Ayuntamiento de Tijuana del ejercicio fiscal 2019, que involucra al ex alcalde panista Juan Manuel Gastélum Buenrostro, a su suplente Eduardo Terreros Martínez, así como al ex alcalde de Morena, Arturo González Cruz, fue reprobada debido a una larga lista de irregularidades, que van desde contratos “inflados”, obras pagadas que nunca se ejecutaron, hasta la firma de millonarios contratos con proveedores a discreción, que por ley debían ser licitados.
Así lo determinó el análisis de la Auditoría Superior del Estado, por lo que los diputados que integran la Comisión de Fiscalización del Gasto Público en el Congreso del Estado, votaron en contra de aprobar dicha cuenta pública.
De acuerdo a la auditoría, que comprende del primero de enero al 31 de diciembre del 2019, se detectaron errores y omisiones significativas.
Por ejemplo, se encontró que el Ayuntamiento adquirió uniformes para la Secretaría de Seguridad Pública Municipal por un monto de 29 millones 936 mil pesos, con recursos del FORTASEG.
Dicho contrato debió ser sometido a un proceso de licitación, pero se firmó de manera directa con un proveedor.
En marzo de 2019 también se signó un contrato por 9.1 millones de pesos para servicio de consultoría y revisión documental de la cuenta pública, lo que evidentemente no tuvo resultados positivos, pues la cuenta pública tiene decenas de puntos no solventados.
Sin embargo, estas irregularidades no solo se cometieron en la gestión de Gastélum Buenrostro, pues para el 19 de noviembre, cuando Arturo González Cruz ya estaba en funciones, se firmó un contrato de prestación de servicios con una persona moral por 900 mil pesos, para la producción de materiales audiovisuales y de campañas, que debió ser licitado y se adjudicó de manera directa.
Para el 20 de diciembre, el ex alcalde morenista también firmó un contrato con una persona moral por dos millones de pesos, para desarrollar una aplicación para uso en dispositivos digitales, que tampoco se licitó conforme a lo que establece la ley.
Lo más grave, reportado en la auditoría, es que el 27 de diciembre de 2019 se firmó un contrato plurianual por un monto de 589 millones 805 mil pesos, sin haber obtenido la autorización del Congreso del Estado y sin haber enterado a la Auditoría Superior del Estado.
El contrato con una persona moral fue por la compra-venta de 250 cámaras, nueve estaciones de monitoreo, 18 monitores, un servidor de almacenamiento y un servidor de procesamiento.
También es para mantenimiento de las mil 500 cámaras que están bajo custodia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
Respecto a las obras que presentan inconsistencias, la que obtuvo más observaciones fue la construcción de la Casa de la Cultura de Cerro Colorado, que hasta hoy permanece cerrada porque no es una edificación segura.
La auditoría sostiene que se pagó un exceso al contratista por un millón 910 pesos, porque la empresa de última hora modificó el costo de los conceptos licitados, lo que es irregular.
Además, establece que la construcción presenta grietas y fisuras en varias áreas, que no se han reparado. Y no se mostró un dictamen estructural que dé certeza de que las instalaciones podrán ser rehabilitadas.
Otra obra donde se detectó el exceso de pago fue en la construcción de drenaje sanitario en la colonia Altiplano, por un monto de casi 805 mil pesos, al igual que en las obras de pavimentación de concreto hidráulico de las calles Vallecitos Sur y Tepeyac, en la colonia La Jolla, por un monto de más de 300 mil pesos.
También en las obras de terracería “de diferentes caminos de la delegación La Presa Este” encontraron un pago en exceso a los contratistas por más de 570 mil pesos, por trabajos estimados y pagados, pero que nunca se realizaron.
En total, la auditoría contempla 25 observaciones de carácter administrativo y contable, por lo que los diputados que integran la Comisión de Fiscalización del Gasto Público votaron en contra de aprobar esta cuenta pública. Se espera que en el pleno se ratifique esta resolución.
