Tijuana.- Con 15 votos a favor, siete en contra y una abstención, el Congreso del Estado aprobó que la interrupción voluntaria del embarazo será legal en Baja California hasta las 12 semanas de gestación, tras modificar diversos artículos del Código Penal, así como de la Ley de Salud Pública y la Ley de Víctimas.
Además, las mujeres que recurran al aborto voluntario después de las 12 semanas de gestación ya no tendrían que pisar la cárcel, pues la sanción se redujo a entre tres y seis meses de prisión, con opción a permutarlo por días de trabajo comunitario.
Antes de la reforma, la sanción iba de uno a cinco años de prisión.
Con esto, el procedimiento de aborto debe ofrecerse de manera gratuita en las instituciones públicas de salud, pese a que no se presentó un análisis del costo que esto tendrá para la Secretaría de Salud del Estado.
El artículo 136 inciso I del Código Penal de Baja California, ahora establece que se excluye de responsabilidad penal por aborto cuando exista “la libre voluntad de la mujer embarazada, siempre que esto ocurra en las primeras 12 semanas de gestación”.
La controvertida sesión extraordinaria que se efectuó de manera virtual, aun con el rechazo de varios diputados de diferentes fuerzas políticas, contenía dos puntos en el orden del día, los dictámenes 3 y 4 emanados de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales.
El dictamen 3 consistía en hacer una reforma al artículo 7 de la Constitución Política del Estado de Baja California, que garantiza los derechos humanos para todos los habitantes, pero eliminaría el texto donde dice que esa norma “tutela el derecho a la vida desde el momento en que un individuo es concebido y entra bajo la protección de la Ley”.
Para ello se requerían mayoría calificada por tratarse de una reforma constitucional, pero solo acumularon 14 a favor; hubo nueve votos en contra y cero abstenciones. El diputado de Morena, Víctor Hugo Navarro, votó contra la reforma.
No obstante, como si se tratara de un “as bajo la manga”, los inicialistas presentaron el dictamen número 4.
Por tratarse de modificaciones al Código Penal, a la Ley de Salud Pública y a la Ley de Víctimas, solo se requería de mayoría simple.
El contenido del dictamen señala que la iniciativa no está en contra o a favor de la vida, sino de eliminar la criminalización hacia las mujeres que deciden interrumpir un embarazo.
En los argumentos, los inicialistas exponen que el Código Penal en sus artículos 133 y 136, contienen enunciados restrictivos que atentan contra la vida privada, la libertad de las mujeres a decidir sobre su plan de vida, el número y espaciamiento de los hijos, así como su derecho a la igualdad.
Mientras que los artículos 30 y 33 de la Ley de Víctimas, así como el artículo 26 de la Ley de Salud Pública, restringen a las mujeres gestantes a su derecho a la salud, pues no concede los servicios para interrumpir el embarazo de forma legal y segura.
Esto las expone a recurrir a métodos riesgosos o a ponerse en manos de personas no profesionales.
Los diputados inicialistas también invocaron lo que dictaminó la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en el sentido de que a los estados no les corresponde conocer o evaluar las razones por las cuales una mujer decide interrumpir un embarazo, pues sería una invasión a su esfera personal.
Sin embargo, señalan que en la práctica las mujeres sufren discriminación jurídica y no todas las gestantes tienen derecho a un aborto legal y seguro.
El dictamen aprobado por mayoría, contempla que hay penalización cuando el aborto sea voluntario o consentido después de las primeras 12 semanas de embarazo, por lo que a la mujer se le impondrán de tres a seis meses de prisión o de 50 a 100 días de trabajo a favor de la comunidad.
A quien haga abortar a la mujer con su consentimiento se le sancionará con uno a tres años de prisión, pero si fue forzado, la penalidad sube a entre cinco y 10 años de prisión.
Solo aplicarán las sanciones cuando el aborto se haya consumado.
El artículo 136 del Código Penal, con esta reforma, establece en su apartado VI que el aborto no será penalizado cuando sea “por libre decisión de la mujer o persona gestante dentro de las primeras 12 semanas de embarazo”.
Y se mantienen las mismas causales, como los casos en que hay violación o inseminación artificial no consentida, para lo cual se debe presentar denuncia; también cuando se ponga en peligro la vida de la gestante, cuando la continuación del embarazo afecte la salud de la mujer y cuando el producto presente una malformación congénita grave o mortal.
Estas reformas entrarán en vigor al día siguiente de que se publiquen en el Periódico Oficial del Estado.
Con esto, ahora la Ley de Salud Pública obliga a los hospitales públicos a brindar a las víctimas “los servicios de anticoncepción de emergencia y de interrupción legal del embarazo, con absoluto respeto a la voluntad de la víctima”.
La institución encargada de efectuar la interrupción del embarazo tendrá que practicarlo en un término de cinco días posteriores a que se presentó la solicitud.
Cabe señalar que a los médicos y personal que tendrían que participar en el procedimiento puede excusarse, si sus creencias no les permiten practicar el aborto, salvo en los casos en que se trate de una emergencia.
En las instituciones públicas del Estado deben proporcionar “información veraz, oportuna, libre de estereotipos y laica”, así como hablar de la adopción como alternativa.
La interrupción legal del embarazo también podrá practicarse en hospitales privados, bajo la supervisión de la Secretaría de Salud del Estado.
Los 15 diputados que votaron a favor de despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación son Rocío Adame, Alejandra Ang Hernández, Román Cota Muñoz, Daylin García Ruvalcaba, César Adrián González, Manuel Guerrero Luna, Sergio Moctezuma Martínez, Julia Andrea González, Liliana Michel Sánchez, Juan Manuel Molina, Araceli Geraldo, Julio César Vázquez Castillo, Rosa García Zamarripa, Dunnia Murillo y Evelyn Sánchez.
El diputado morenista, Víctor Hugo Navarro, votó en abstención pese a que en el dictamen 3 votó en contra, mientras que los diputados Gloria Miramontes y Ramón Vázquez no asistieron.
Mientras que quienes votaron en contra fueron los diputados del PT, Claudia Josefina Agatón Muñiz, Marco Antonio Blásquez; del PAN, Amintha Guadalupe Briceño Cinco, Alejandrina Corral Quintero, Juan Diego Echevarría Ibarra, María Monserrat Rodríguez Lorenzo y Manuel Peña Chávez, estos últimos dos del PES.
Diputados inicialistas denuncian agresiones
En los posicionamientos, la diputada Julia Andrea González, una de las inicialistas, señaló que no son “aborteras o abortistas, sino que estamos a favor de que ninguna mujer vaya a prisión, de que ninguna mujer sea sometida a un proceso por decidir sobre su cuerpo”.
Afirmó que no son los tiempos de la inquisición, no obstante que diputados a favor del aborto han sufrido daños en sus módulos y vehículos, así como en sus redes sociales.
Dijo que aventaron “tripas” afuera del módulo de la diputada Michel Sánchez y llenaron las paredes de “sangre” de las oficinas del diputado Juan Manuel Molina.
La también inicialista, Liliana Michel Sánchez, expresó que la legalización del aborto es una deuda de hace 11 años, periodo en el que se cometieron injusticias, pues mujeres han sido procesadas y privadas de su libertad, por lo que cuestionó a sus compañeros si deseaban mantener una política de criminalización hacia la mujer.
En su intervención, el diputado panista Diego Echeverría planteó que nadie puede ser privado de la vida de manera arbitraria y que en México los niños deben tener la protección legal antes y después de su nacimiento, como lo establece el Pacto de San José.
Una de las principales opositoras, la diputada Amintha Briceño del PAN, argumentó que no es posible que se pretenda quitarle la vida a un ser vivo, pues está comprobado que antes de las 12 semanas “ese bebé tiene vida”.
Durante el debate, colocó frente a la cámara una figura de plástico con forma de feto, al tiempo que pedía a los diputados que se inclinaran a favor de la vida.
“Apelo a su consciencia, esto va más allá, tenemos que estar a favor de la vida… a las 12 semanas ya sufre, le están haciendo daño”.
Por su parte, la diputada Alejandra Ang, indicó que el aborto clandestino es un problema grave de salud pública y que las restricciones legales no resultan en menos abortos.
La diputada Montserrat Rodríguez del Partido Encuentro Solidario (PES), en su posicionamiento dijo que “no es el momento de aprobar políticas abortivas”, pues dijo que hay carencia de infraestructura, “¿estamos preparados para eso? La respuesta es no”.
Como médica, dijo que su postura es en contra, pues estudian para salvar vidas.
El diputado Juan Manuel Molina, reveló que han recibido muchos mensajes porque alguien circuló sus números telefónicos, en donde les piden “que no nos manchemos las manos de sangre”, a lo que respondió que esos fueron los que estuvieron antes y no aprobaron disposiciones que garanticen derechos de las mujeres.
En tanto que la diputada Daylin García Ruvalcaba, señaló que ella es una mujer privilegiada, que puede darle una vida de calidad a un hijo, pero no es la generalidad de las mujeres, a las que no se les ha garantizado educación y un nivel socioeconómico para ejercer la maternidad.
Recalcó que las que quedan en desventaja son las mujeres que viven en pobreza, porque las que tienen recursos viajan a la Ciudad de México o cruzan a San Diego para abortar y señaló que el 33 por ciento de los embarazos se registran en menores de entre 12 y 17 años que viven en pobreza.
“Claro que nadie defiende el aborto, la discusión debe ser si deben ir a la cárcel o no. Fin de la discusión”.
En tanto que la diputada Rocío Adame criticó a los diputados de su partido, Gloria Miramontes Plantillas y Ramón Vázquez, quienes no se presentaron a la sesión, pues les recordó que la ciudadanía los eligió “no para estar de espectadores”.
También señaló a los panistas de no querer visibilizar los derechos de las mujeres.
Al término de la sesión extraordinaria, el diputado Juan Manuel Molina señaló que recibieron un informe de la Fiscalía General del Estado para advertir que hubo una llamada sobre la colocación de un artefacto explosivo en el Congreso del Estado.
Pidió a los legisladores que se comunicaran con su personal para pedirles que abandonaran el recinto.
Recordó que la sesión se celebró de manera virtual, pues había amenazas de bloquear el edificio legislativo; de haber sido presencial, dijo que no hubieran podido votar las reformas.
