Tijuana.- Jorge Alberto Gutiérrez Topete es el único funcionario del gobierno de Baja California que es titular de dos organismos de gobierno, los cuales incluso pertenecen a distintas dependencias estatales, al ser director tanto del Instituto de Movilidad Sustentable (IMOS) como del Instituto de Identidad Vehicular y Combate a la Contaminación (INVEC).
Para cubrir las remuneraciones de ambos puestos de ‘Bibi’ Gutiérrez, el gobierno del Estado de Baja California deroga un total de 135 mil pesos mensuales, de acuerdo a información obtenida a través de la Unidad de Administración y Finanzas, así como de la Coordinación Administrativa, validada al 10 de febrero de 2022.
Este monto resulta de la suma de 65 mil pesos mensuales brutos destinados al director general del INVEC y 70 mil pesos mensuales brutos para el director general del IMOS.
Esto es superior a la remuneración bruta que recibe la propia gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, de 119 mil 814 pesos al mes, según información de Oficialía Mayor del Estado.
Y ‘Bibi’ Gutiérrez no solo gana más que la mandataria estatal emanada de Morena, también percibe una remuneración mayor a la de Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, quien recibe una compensación mensual de 120 mil 109 pesos.
Gutiérrez Topete es desde el 1 de noviembre de 2021, simultáneamente, director estatal del IMOS y del INVEC, lo cual viola la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California.
El IMOS se encontraba dentro de la estructura de la Secretaría General de Gobierno del Estado hasta el 31 de diciembre de 2021 y desde el 1 de enero se encuentra sectorizado a la Secretaría de Medio Ambiente.
Mientras que el INVEC también pertenecía a la Secretaría General de Gobierno, pero después del 1 de enero pasó a estar sectorizado a la Secretaría de Hacienda.
Abordado ayer 9 de febrero por PUNTO NORTE, Gutiérrez Topete confirmó que continúa como director del INVEC.
“El INVEC nunca estuvo en el IMOS, soy el mismo director (del IMOS y del INVEC). Todavía soy el responsable del INVEC. El director está en los dos lados (en el IMOS y en el INVEC)”, respondió.
Esto significa que, desde el 1 de noviembre, Gutiérrez Topete ha tenido bajo a su mando a dos plantillas de empleados distintos, los del INVEC y los del IMOS. Al igual, que ha tenido que dividir su horario laboral para abordar reuniones necesarias para el funcionamiento de ambos Institutos.
El IMOS supervisa los temas de movilidad y, particularmente, de transporte público, uno de los sectores más problemáticos debido a la monopolización, las quejas de usuarios, la falta de rutas, entre otros.
Mientras que el INVEC es el Instituto creado para registrar en un padrón estatal a los autos ‘chocolate’ por un costo de mil pesos.
La Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California, en su artículo 47, inciso cuarto, establece que “los servidores públicos, en el desempeño de sus funciones, empleos o comisiones, estarán sujetos a las prohibiciones siguientes (…) desempeñar algún otro empleo, cargo o comisión oficial o particular que la Ley le prohíba”.
El artículo 48 de la misma Ley detalla que “cuando los servidores públicos mencionados en el artículo 3 de esta Ley, incurran en violación a lo establecido en los artículos 46 y 47 del mismo ordenamiento, serán sujetos al procedimiento de responsabilidad administrativa”.
Estas sanciones administrativas, establece el artículo 59, incluyen la destitución, la sanción económica y la inhabilitación.
El mismo artículo plantea que “cuando se determine responsabilidad administrativa de un titular de una dependencia o entidad del Poder Ejecutivo, la sanción será ejecutada por el gobernador”.
Por lo menos desde la entrada del vigor del decreto presidencial del 19 de enero para regularizar autos ‘chocolate’, el INVEC ha dejado de atender a la población que acude a sus oficinas para registrar en el padrón su vehículo con placas extranjeras.
Según pudo constar PUNTO NORTE esta semana, en la oficina ubicada detrás del IMOS, entre el bulevar 2000 y la carretera libre Tijuana-Tecate, se encuentran unos cuantos empleados, quienes reciben a quienes acuden a buscar información.
Los refieren a que acudan a la Aduana de Otay o a alguna agencia aduanal, puesto que ya no se encuentran registrando vehículos en el padrón estatal e incluso refirieron a este medio que ya no cuentan con el sistema para realizarlo.
De acuerdo con Gutiérrez Topete, hay 109 mil vehículos registrados en el padrón del INVEC, el cual se encuentra cerrado, por lo que su plantilla de personal de más de 100 empleados, cuyos salarios representan un presupuesto de 22.8 millones de pesos al año, están sin cumplir las funciones para las que fueron contratados.
“Todos los empleados operativos del INVEC están en capacitación en la Recaudación, en las subrecaudaciones, para hacer coadyuvantes a la hora de la emisión de las placas, del registro local y placas de vehículos”, justificó Gutiérrez Topete.
Desde hace casi un mes, cuando entró en vigor el decreto presidencial, el INVEC dejó de operar, pero su estructura continúa costando al erario.
Sobre el futuro del Instituto, Gutiérrez Topete adelantó que este entraría en proceso de extinción una vez que concluya el decreto presidencial, esto es el 20 de julio de este año.
(Con información de Lorena García)
Egresada de la Licenciatura en Comunicación de la Universidad Autónoma de Baja California. Especialidad en Periodismo Policial y Judicial de la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. Más de 12 años en medios de comunicación de México y Estados Unidos, como Semanario Zeta, Sin Embargo o la agencia española EFE.
