Tijuana.- Activistas e integrantes LGBTTTIQ+ aseguraron que persisten actos de discriminación en su contra, sobre todo la comunidad trans, por lo que hicieron un llamado a las autoridades para frenar el discurso de odio y trabas rumbo a la igualdad.
Jonathan López de la Rosa, asesor jurídico de la Comunidad Cultural de Tijuana LGBTI, A.C., explicó que actualmente brinda asesoría a decenas de personas, por casos de discriminación y acoso en centros de trabajo públicos y privados.
Indicó que pese a que la agenda en materia de derechos humanos ha avanzado, en la práctica todavía hay claroscuros.
“Lo más importante es que las autoridades se pongan a trabajar, que de verdad nos den nuestro lugar, se haga patente el respeto y aunque el adiós a la discriminación no va a llegar con un decreto, estoy convencido que con voluntad política, sí se puede hacer”.
Refirió que como activista y representante legal, la mayoría de las quejas que atiende son por acoso en los espacios de trabajo, así como discursos de odio por parte de particulares.
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Lo preocupante, dijo, es que esta discriminación se viva en dependencias gubernamentales. sobre todo en la población trans, cuando busca cambiar su identidad de género en documentos oficiales u otros trámites.
“Realmente nos cobran bastantes impuestos como para seguir padeciendo de esto o falta de servicios públicos; algo que personas que nos identificamos como hombres y mujeres desde que nacemos lo tenemos por sentado, pero la comunidad trans lo está padeciendo muchísimo hoy”, refirió.
En entrevista previa, el titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Miguel Mora Marrufo, refirió que desde que cambió la legislación sobre matrimonios igualitarios y la ley de identidad de género, las quejas disminuyeron.
Y es que antes realizaban alrededor de 300 intervenciones, la mayoría gestiones para trámites de matrimonio.
“Cuando avanza esto, disminuyeron las solicitudes”, reconoció.
Explicó que desde la CEDH, actualmente esperan la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que en la reforma al Código Civil del Estado, que permite el cambio de identidad de género y la expedición de nuevas actas de nacimiento, se elimine el requisito para mayores de edad.
Esto, dijo, vulneraría los derechos de niñas, niños y adolescentes.
También se encuentran en el análisis de la reforma por la que se prohíben las terapias de conversión en Baja California, para determinar si se realizó con perspectiva de Derechos Humanos o de lo contrario, se podría presentar un recurso de inconstitucionalidad.
