Tijuana.- El gobierno de Arturo González Cruz ocasionó un daño patrimonial por 2 mil 167 millones 640 mil pesos, únicamente en uno de los años que estuvo al frente del municipio de Tijuana, de acuerdo al resultado obtenido por la Auditoría Superior del Estado respecto al ejercicio fiscal 2020.
Más de mil 969 millones de pesos fueron pagados supuestamente para la construcción de obras públicas, de las cuales no se tiene ninguna evidencia de que se llevaron a cabo, también se calculaban mal los cobros del predial de manera ilegal, generando desfalco a las arcas municipales y se pagaron millones de pesos sin justificación, entre otras observaciones.
Además, para justificar que 119 millones de pesos por concepto de cobro por pases en el carril médico hacia Estados Unidos, no se habían ingresado a las arcas del municipio, el gobierno de Arturo González Cruz justificó que se habían “condonado”, lo cual detectó la Auditoría, no se cumplió de manera legal.
El quebranto a las finanzas municipales fue detectado tras los trabajos hechos por el órgano de fiscalización del Poder Legislativo del Estado, en donde se documentaron decenas de irregularidades.
El desvío de recursos en la administración central de González Cruz fue plasmado en el dictamen número 189 de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso de Baja California, el martes 11 de octubre.
Los diputados integrantes de la Comisión votaron a favor del dictamen, en cuyo contenido acordaron reprobar la administración de Arturo González Cruz.
Por lo tanto, se prevé que en los próximos días se vote en el pleno la no aprobación de la cuenta pública del hoy diputado plurinominal.
El órgano de control interno del actual Ayuntamiento de Tijuana entregó el 30 de mayo del presente año el informe correspondiente al penúltimo año de la administración municipal anterior.
De acuerdo al informe de resultados de la auditoría, del primero de enero al 15 de octubre de 2021, la administración de González Cruz tuvo ingresos por 7 mil 377 millones 815 mil 770 pesos, y egresos por 7 mil 541 millones 417 mil 332, lo cual representa un déficit por 163 millones 601 mil 552 pesos.
En su proyecto de dictamen, la Auditoría señaló que, de acuerdo con su revisión, el gobierno del hoy legislador federal generó daño patrimonial por diversas omisiones y prescripciones de cobro, así como cientos de millones de pesos gastados sin evidencia.
El informe plasmó 49 observaciones que ameritan responsabilidades administrativas sancionatorias.
Entre las faltas señaladas por el órgano fiscalizador del estado, se encuentra que la administración de González Cruz reportó “construcciones en proceso” por más de mil 969 millones de pesos, sin que haya evidencia de su correcto registro.
También condonó (reconoció la prescripción) de más de 119 millones de pesos, sin que se cumpliera la normatividad aplicable y presentó cuentas por cobrar mayores de un año, por más de 77 millones de pesos.
Además, se perdieron ingresos por 840 mil pesos en el cobro de 77 permisos del carril médico -el cual permite un cruce casi inmediato por la garita de San Ysidro hacia Estados Unidos – al aplicar una tarifa menor de la correspondiente.
Y también se perdieron un millón 800 mil pesos por no cobrar en dicho trámite el Impuesto para el Fomento Deportivo y Educacional y el Impuesto al fomento Turístico, DIF y Promoción de la Cultura.
De igual manera, el Ayuntamiento dejó de cobrar un millón 94 mil pesos en impuesto predial, debido a errores de cálculo y el uso de una tarifa menor por metro cuadrado.
Otras observaciones realizadas por la Auditoría Superior de Estado que contribuyen al daño patrimonial son no contar con un formato para la declaración del Impuesto Sobre Adquisición de Inmuebles (ISAI).
También se le señaló como daño patrimonial el no emitir comprobantes digitales de los ingresos recaudados; y la firma del contrato por cinco años de la renta de un estacionamiento sin la aprobación del Congreso del Estado.
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En total, estas observaciones en el rubro de daño patrimonial presumible del dictamen de la Auditoría suman un 2 mil 167 millones 640 mil pesos.
Una de las 49 observaciones corresponde al pago por 6 millones 840 mil pesos por prestación de servicios de la implementación de un sistema contable armonizado, que no fue justificado.
Durante la discusión del dictamen ante la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, la diputada Michel Sánchez cuestionó a los representantes del gobierno actual de Tijuana si se contaba ya con dicho sistema y si se había hecho uso del mismo.
El tesorero del gobierno de Montserrat Caballero Ramírez, Raymundo Vega Andrade, presente en la reunión, respondió que actualmente no se cuenta con dicho servicio y que es probable que el proveedor que señaló la administración anterior no hubiera cumplido.
“Se aportó lo que se encontró en los archivos. Si fuera requisito, pudiéramos buscar y visitar al proveedor. Todo lo que se encontró en archivo se le aportó a la Auditoría Superior del Estado”, explicó el titular de la Tesorería.
Por su parte, la diputada Rocío Adame Muñoz cuestionó a los representantes del municipio de Tijuana si contaban con acceso a la documentación para solventar todo lo requerido por la Auditoría estatal, y estos dijeron que lo reportado fue resultado de una búsqueda exhaustiva y no contaban con más datos al respecto.
“Una vez que nosotros encontramos la entrega-recepción, se determinó que si hacía falta alguna información se le informaría a la Sindicatura, para que hiciera lo conducente”, respondió el funcionario municipal.
El tesorero también explicó que la administración actual ha solicitado cobros de adeudos aplicables que no han prescrito, y se ha tratado de recuperar las cuentas vencidas del predial.
Adame Muñoz pidió a los funcionarios municipales ser más precisos con respecto a la cantidad de estas cuentas.
“Por eso siempre pedimos que estén las autoridades que fueron responsables en ese momento”, lamentó la diputada refiriéndose a que no se presentaron quienes trabajaron en el Ayuntamiento de Tijuana durante el periodo Arturo González.
Finalmente, la diputada Michel Sánchez cuestionó también sobre la observación de la Auditoría sobre el fideicomiso aprobado desde el año 2010 para indemnizaciones por fallecimiento de personal operativo de la Dirección Municipal de Seguridad Pública, el cual no presentó movimiento de salidas de efectivo desde el 2016 hasta el último año fiscalizado.
“Por el momento no se tiene movimiento. Hay un fideicomiso que vino a sustituirlo. Están buscando la forma de que se extinga, pero habría que ver las cuestiones legales”, respondió el tesorero de Tijuana.
La Auditoría Superior del Estado dio una calificación de 59 puntos al Ejercicio Fiscal del 2020 del municipio de Tijuana.
Puesto a votación ante los diputados que integran la Comisión, el Dictamen 168 (el cual concluye la no aprobación de la cuenta pública) fue votado a favor por 4 de los legisladores y solo el diputado del PT, Julio César Vásquez Castillo votó en contra sin argumentar el sentido de su decisión.
