Tijuana.- El Congreso del Estado de Baja California llevó a cabo este fin de semana la segunda etapa de la Consulta a Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas para adecuar la Constitución local y las leyes secundarias, a fin de garantizar sus derechos de votar y ser votados en condiciones de igualdad sustantiva.
A un mes de que termine el ultimátum que dio el Tribunal Electoral del Estado para concluir la consulta, de manera simultánea en 13 puntos de Tijuana, Mexicali, Ensenada, Tecate, Playas de Rosarito, San Felipe y San Quintín, se llevaron a cabo los foros de consulta a las personas de las comunidades indígenas.
Las actividades fueron coordinadas por el personal las Comisiones Unidas de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales; y de Asuntos Indígenas y Bienestar Social del Congreso del Estado en colaboración con la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), el Instituto Nacional Electoral (INE) y del Instituto de Política Indigena (INPI).
En Tijuana, la actividad se concentró en la Escuela Primaria de Educación Indígena Ve’e Saa Kua’a (Casa de la Enseñanza), en la colonia Valle Verde, al Este de la ciudad; y en las instalaciones del Centro Estatal de las Artes (Ceart), en donde se dieron cita decenas de integrantes de algunas comunidades.
En esta etapa consultiva, se tuvo la encomienda de escuchar todas las ideas, propuestas, sugerencias y observaciones de las y los participantes, con respecto a la mejor forma de garantizar a las mujeres y hombres indígenas su derecho a votar y ser votados.
En la sede de Valle Verde, con preguntas lanzadas como catalizadores, los participantes expusieron sus inquietudes desde la mínima difusión del proceso, distintas posturas con respecto a la auto adscripción a alguna etnia, la delimitación de distritos electorales indígenas, un padrón que emane de un censo de comunidades indígenas, respeto a la equidad de género, entre otros.
El personal operativo tomó nota de cada una de las manifestaciones de los participantes, y al final de la actividad, que se extendió por alrededor de cuatro horas, se vaciaron los acuerdos en un acta.
Con el resultado de los foros, se dará paso a la etapa de valoración, en la que las Comisiones Unidas analizarán y atenderán las propuestas, sugerencias, observaciones y contenidos normativos que encontraron en todas las actas en el estado.
Y con esas conclusiones, las Comisiones Unidas elaborarán un dictamen con las propuestas de reformas a la Constitución de Baja California y otras normas secundarias que consideraron necesarias para que las y los miembros de pueblos indígenas puedan ejercer sus derechos políticos electorales en condiciones de igualdad sustantiva.
Dicho informe deberá ser presentado y aprobado ante el Pleno del Congreso, para su posterior publicación y ejecución en todos los procesos electorales a partir del correspondiente al año 2024.
Al foro en Valle Verde acudieron los diputados de Morena, Sergio Moctezuma y Ramón Vázquez Valadez, así como César Adrián González, del Partido Verde, aunque se retiraron antes de la mitad del mismo.
También participó el regidor presidente de la Comisión, Derechos Humanos, Migración y Asuntos Indígenas del Cabildo de Tijuana, y perteneciente a la comunidad mixteca, Édgar Montiel Velásquez, quien señaló la premura con la que el Congreso lleva a cabo este proceso.
“Este tema viene desde el 2018 y no es que hayan querido ser benevolentes: tienen una obligación ordenada por tribunales para que cumplan con esta inejecución de sentencia y es por eso la premura de los tiempos”, explicó el edil.
El regidor recordó que, el 4 de enero del presente año, el Tribunal de Justicia Electoral del Baja California notificó la sentencia al Congreso del Estado por la que le ordenaba dar cumplimiento al tema pendiente en un máximo de tres meses, bajo medidas de apremio en caso de incumplimiento.
Por ello, en la sesión del 10 de enero de las Comisiones Unidas de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales y Asuntos Indígenas y Bienestar Social, se aprobaron la logística, programas, calendarios, fechas y lugares para realizarse la Consulta Previa.
Y en la sesión del pleno del 12 de enero, el Congreso aprobó el Acuerdo de la Junta de Coordinación Política con la integración de las mesas de trabajo constituidas por las y los legisladores para realizar la consulta.
Aunque Edgar Montiel Velásquez reconoció que es un avance, criticó que los legisladores ignoraron la sugerencia que hicieron en febrero de este año, en la Consulta Previa, de difundir las actividades de este proceso dentro de los polígonos indígenas de los municipios, como la colonia Obrera, Camino Verde, Grupo México, Terrazas del Valle, Lomas Taurinas, Tejada en Las Cruces, Valle Verde, en Tijuana.
Finalmente, el regidor tijuanense expresó su deseo de que los resultados de la consulta y las reformas a la Constitución, no eliminen ni afecten la modalidad de acciones afirmativas con la que se garantizan puestos políticos de elección popular por representación de la población.
“Estas decisiones van a ser fundamentales porque ya van a ponernos lineamientos fijos para que en el 2024 ya la comunidad indígena ya no venga solo por una cuota de acciones afirmativas sino que ya esté reglamentado, que de ahora en adelante, ya tengan segura la participación indígena”, concluyó.
Por su parte, Iahé Osío Díaz, directora de la Escuela Primaria Tlamachkalli, en la colonia El Pípila, reconoció que por fin voltean a los pueblos indígenas y consideran sus ideas y propuestas.
Sin embargo, también lamentó la poca claridad de la finalidad del proceso en general.
“En muchas ocasiones los paisanos no entienden mucho de qué va a ser, y no vienen por desconocimiento”, explicó y señaló que debido a ellos no acudieron representantes de otras etnias.
“No todas las etnias fueron escuchadas. Aquí en esta sede, somos mixtecos de Oaxaca y de Guerrero, pero en el Este, hay otras etnias mazahuas, purépechas, Nahuas, tzotziles, y habría que conocer cuáles son la postura de ellos, de los que vienen llegando y de los que tienen más años”, indicó.
También recordó que la participación política de los miembros de pueblos indígenas tiene menos de cinco años, por lo que carecen de experiencia y conocimiento para opinar con todas las posibilidades jurídicas o legislativas.
En ese sentido, coincidió la investigadora en el Instituto de Investigaciones Culturales Museo del Estudios Culturales (DEC) en Mexicali, Lorenia Urbalejo Castorena, también presente en el foro de Valle Verde, ponderó que ha sido evidente la participación de éstas en procesos que les impactan, y que en este caso el factor del desconocimiento de los procesos y lenguajes electorales pudo complicarla.
“Hay mucha participación en diferentes áreas que consideran que les atañen directamente, en cuestión escolar, de infraestructura, del uso de la lengua. A lo mejor es como congregar en un espacio que tiene que ver con un elemento electoral, es ahí donde puede haber desconocimiento, un desequilibrio, como que no hay una comunicación”, manifestó.
La investigadora también señaló la necesidad por parte de las y los legisladores, de acercarse y conocer a los miembros de la comunidad, “alguien que ha tenido algunos puntos de convergencia alguna vez y que implanta un modelo, pues no va a resultar como se está esperando”, consideró.
Por su parte, Maribel Velasco García, directora de la Casa de la Mujer Indígena en Tijuana, subrayó que no se ignore la forma particular de los pueblos indígenas de ver al mundo y en específico la organización política.
“Es muy importante tomar en cuenta la cosmovisión de los pueblos indígenas al retomar nuestras aportaciones. No queremos una atención diferente, pero sí diferenciada, desde los conceptos que tenemos nosotros en nuestras comunidades”, expresó.
De acuerdo con el Censo 2020 del INEGI, en Baja California hay alrededor de 260 mil personas que se consideran indígenas y 65 mil personas afromexicanas.
