Tijuana.- Una condena de hasta 9 años de cárcel podrían alcanzar funcionarios que dieron permisos de construcciones en zonas prohibidas e inestables, que ahora se derrumban y dejan sin patrimonio a muchas familias de esta ciudad.
El Gobierno del Estado, a través de la Consejería Jurídica, buscará fincar responsabilidad penal y administrativa contra ex funcionarios públicos que durante su gestión otorgaron permisos de construcción en zonas que ahora se derrumban por deslizamientos.
Así lo advirtió este mediodía la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, durante su conferencia “Miércoles de Mañanera” en Tijuana, donde varios deslizamientos de tierra se encuentran activos, mismos que han dejado sin vivienda a decenas de familias, incluidas algunas en zonas fraccionadas, no solo en asentamientos irregulares, el último de ellos apenas esta semana en el fraccionamiento La Sierra, donde dos edificios están a punto de colapsar.
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“Quiero anunciarles que he dado instrucciones a la Consejería Jurídica para revisar las posibles responsabilidades penales y administrativas de funcionarios que dieron permisos de construcción durante las administraciones en las cuales se dieron estos permisos en zonas o lugares de alto riesgo, donde hoy justamente están estos deslaves”, señaló la mandataria estatal.
“Ya se está revisando por parte de la Consejería del Estado esa situación para pues irnos hasta las últimas consecuencias”, sentenció.
Se va a generar una mesa de trabajo en conjunto con el Ayuntamiento para revisar los distintos permisos de los fraccionamientos y colonias en Tijuana, manifestó.
Sobre todo, dijo Ávila Olmeda, aquellas donde Protección Civil dice esta zona, colonia o lugar es donde se están generando los deslizamientos.
“Vamos a aplicar todas las sanciones que nos permita el Código Penal y hasta las últimas consecuencias, porque de eso depende el patrimonio de muchas familias”, advirtió hoy miércoles.
Por su parte Juan José Pon Méndez, consejero jurídico del Gobierno de Baja California expuso en la misma conferencia que: “nuestro Código Penal establece delitos contra el desarrollo urbano y se castiga con hasta 9 años de prisión al servidor público que haya expedido alguna licencia, autorización para la construcción de obra o para el desarrollo de cualquier acción de urbanización en contravención al atlas de riesgo o en contravención a los planes y programas de desarrollo urbano correspondientes”.
Lo mismo se aplica a aquellas personas que utilizan este tipo de licencias y llevan a cabo cualquier tipo de obra, agregó con referencia a los constructores.
En conjunto con el Ministerio Público y la Fiscalía General del Estado (FGE), llevaremos a cabo el análisis de todas las licencias que se autorizaron, quiénes lo hicieron, cuándo y bajo qué circunstancias, subrayó el funcionario estatal.
Finalmente, llamó a la población afectada a denunciar. Pueden acudir a cualquier agencia de la Fiscalía Estatal a presentar denuncias, concluyó.
