Tijuana.- La cuenta pública de 2021 de la Universidad Tecnológica de Tijuana (UTT) fue dictaminada en contra por la mayoría de los integrantes de la Comisión de Fiscalización en el Congreso del Estado, debido a irregularidades en sus finanzas. Un ejemplo es la indemnización de más de 233 mil pesos de Israel López Zenteno, uno de los rectores del periodo.
En el mismo lapso, como otra de las anomalías se realizaron adjudicaciones directas por casi 3.5 millones de pesos, tema también valorado por los legisladores antes de emitir el sentido de su voto.
La mañana de hoy martes, la Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso del Estado, que preside la diputada Alejandra Ang Hernández, analizó varios proyectos de dictamen de organismos públicos descentralizados del Gobierno del Estado y los diferentes Ayuntamientos de Baja California.
Dicha comisión, donde la diputada María del Rocío Adame Muñoz es la secretaria y está integrada por los legisladores: Julia Andrea González Quiroz, Liliana Michel Sánchez Allende, Araceli Geraldo Núñez, Amintha Guadalupe Briceño Cinco y Julio César Vázquez Castillo, aprobó por unanimidad o mayoría muchas de las cuentas analizadas, a pesar de las observaciones en contra de la Auditoría Superior del Estado, pero no ocurrió así con la de UTT.
El Proyecto de dictamen número 246 de la Universidad Tecnológica de Tijuana (UTT) cuenta Pública 2021 no pasó, fue rechazado por mayoría, con los votos en contra de la misma presidenta de la Comisión de Fiscalización, la diputada Ang Hernández.
Lo anterior, además del posicionamiento en el mismo sentido de las legisladoras: María del Rocío Adame Muñoz y Amintha Guadalupe Briceño Cinco, quienes también realizaron los cuestionamientos sobre los puntos subrayados como no aprobatorios por el órgano fiscalizador.
Nayeli Quintana Balderas, auditora supervisora en la Auditoría Tijuana-Tecate y Playas de Rosarito fue a quien le correspondió realizar la explicación de la cuenta pública una vez que el auditor superior Luis Gilberto Gallego Cortez le cedió el uso de la voz.
La auditora supervisora comentó que durante el periodo de la cuenta pública 2021 los rectores de la UTT fueron: Israel López Zenteno del 1 de enero al 21 de junio de 2021 y Javier Santillán Pérez del 22 de junio al 31 de diciembre de 2021.
En uno de los puntos abordó el pagó de más 233 mil 763 pesos por 90 días de indemnización en finiquito por renuncia voluntaria, lo cual fue recurrente.
En otro, la funcionaria señaló adjudicaciones directas por honorarios de auditoría por 483 mil 087 pesos y 2 millones 942 mil 420 pesos por servicios de vigilancia cuando dichos conceptos deben ser por invitación y licitación pública, respectivamente.
En el mismo apartado de promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria, señaló que la UTT no formalizó a seis proveedores mediante contrato.
Más adelante, habló de una variación de 486 mil 547 pesos no aclarada entre cuentas de bienes muebles y activos intangibles.
Salvador Morales Riubí, rector de la UTT participó como representante de la universidad en la sesión y fue cuestionado por la diputada Ang Hernández sobre la indemnización de 90 días, observada como recurrente por la Auditoría Superior del Estado y cómo trabajan para atender la situación y no haya otra observación en ese sentido en los próximos ejercicios fiscales.
Morales Riubí explicó que la observación a la que hacía referencia es una indemnización que se hizo a uno de los rectores que ejerció en el periodo en análisis, refiriéndose a Israel López Zenteno (del 1 de enero al 21 de junio de 2021) por el monto de 233 mil 763 pesos.
Explicó que la UTT entregó a la Auditoría Superior la evidencia que establece bajo qué criterios de orden jurídico laboral se correspondió a esa indemnización.
Sin embargo, dijo el rector Morales Riubí, que se está a la espera de que se establezca por la autoridad, la Cámara de Diputados, si fue correcta o no y en su caso hacer los trámites para la devolución, “si, efectivamente no se aplicó el criterio jurídico pertinente”.
Ang Hernández anotó en respuesta que el órgano fiscalizador del Congreso es la Auditoría Superior del Estado, quien hace la observación en ese sentido y hace recomendaciones de lo que se establece en el reglamento y la ley.
Solicitó que se atienda el tema, porque ese mismo órgano fiscalizador comenta que es un resultado recurrente y luego votó en contra de la aprobación, como también lo hicieron las diputadas María del Rocío Adame Muñoz y Amintha Guadalupe Briceño Cinco, lo que derivó en que la comisión no aprobara la cuenta, la cual será turnada al pleno del Congreso para que ahí se vote por la mayoría de los diputados.
