Tijuana.- La medida definitiva de prohibir el transporte de tracción animal con fines turísticos, mediante reformas a dos leyes que serán presentadas al Congreso del Estado la próxima semana y que castigan con hasta dos años de prisión a quienes usen caballos para jalar calandrias, fue anunciada por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda.
Hoy 3 de enero, durante su conferencia “Miércoles de Mañanera”, la mandataria estatal abundó acerca que se trata de un esfuerzo jurídico importante desde el gobierno del Estado para proteger a los animales.
“Pronto vamos a modernizar el servicio en Ensenada por el bien de la economía, el turismo y el medio ambiente”, asentó.
Sin embargo, la mandataria estatal también aclaró que las personas que se dedican a dicha actividad turística no quedarán desprotegidas.
“El hecho de que se prohibida el uso de animales no significa que se les va a quitar el apoyo, sino todo lo contrario se estará renovando, haciéndolo sin utilizar animales y buscando mejores formas de brindar este servicio”, dijo Ávila Olmeda.
Apenas ayer, en atención a medios de comunicación, la gobernadora señaló el uso de bicicletas eléctricas como alternativa, aunque anticipó que se hará el anuncio de la propuesta completa.
La iniciativa de la gobernadora se da luego del incidente registrado el 27 de diciembre de 2023, en el que un caballo que jalaba una calandria en la zona turística en Ensenada, colapsó por agotamiento.
“Este gobierno está terminantemente en contra del maltrato animal y cualquier forma de explotación y abuso. Es algo que seguiremos impulsando”, sentenció la gobernadora.
Por su parte, el secretario General de Gobierno, Alfredo Álvarez Cárdenas y Juan José Pon Méndez, titular de la Consejería Jurídica, ampliaron sobre la iniciativa para reformar dos ordenamientos sobre la Ley de Movilidad Sustentable y Transporte del Estado y la Ley de Protección a los Animales Domésticos del Estado de Baja California.
El Gobierno del Estado presentará la iniciativa al Congreso de Baja California la próxima semana, observó Pon Méndez.
Sobre las modificaciones, el consejero jurídico expuso que se refieren al artículo 250 TER.- que indica: “Comete el delito de transportación ilegal de pasajeros o de carga, el que, sin contar con la concesión, permiso o autorización expedidos por el Instituto para tales efectos, preste el servicio público o privado de transporte de pasajeros o de carga en el Estado de Baja California”.
Sobre las sanciones, el funcionario indicó que se aplicará el artículo 250-ter del Código Penal del Estado, que sanciona a quienes presten el servicio sin contar con una autorización emitida por la autoridad correspondiente, incluyendo penas de seis meses a dos años de prisión.
Por su parte, Alfredo Álvarez Cárdenas subrayó que en este programa de modernización hay una política pública clara de protección a los animales que evoluciona a abusos animales específicos en caso de incurrir en este delito.
“Por eso se prohíbe la tracción animal para el transporte público en modalidad turística”, insistió el funcionario.
El consejero citó que hay 23 personas que prestan el servicio en Ensenada, de las cuales sólo 11 cuentan con permisos del Ayuntamiento, otorgados en 2019.
Sin embargo, estos permisos carecen de validez porque no pasaron por Cabildo sino que fueron expedidos de manera económica por el alcalde Marco Antonio Novelo Osuna, finalizó.
Por último, la gobernadora insistió que la prohibición del uso de cabellos en esta modalidad de transporte va acompañada de otras alternativas para quienes actualmente prestan el servicio.
Por ejemplo, carruajes artesanales, las unidades conocidas coloquialmente como “pulmonía”, al igual que taxis abiertos eléctricos e incluso calandrias eléctricas.
