Con movilizaciones, impugnación y denuncias responderá PES al retiro de candidatura de Leyzaola

El partido tiene hasta el miércoles para nombrar a otro candidato. Foto: Víctor Medina

Tijuana.- Después de que el Instituto Estatal Electoral (IEE) negara el registro a Julián Leyzaola Pérez para contender por la alcaldía de Tijuana, el dirigente nacional del Partido Encuentro Solidario (PES), Hugo Eric Flores Cervantes, dijo que convocará a la ciudadanía a un movimiento pacífico e informó que iniciarán con el proceso de impugnación.

Al mismo tiempo anunció que presentarán denuncias penales en contra del gobernador, Jaime Bonilla Valdez y del fiscal general del Estado, Guillermo Ruiz Hernández, por incurrir en actos de persecución política en contra de su precandidato.

“Desde luego que nos vamos a la impugnación”, expresó a través de sus redes sociales, pues dijo que se comete una injusticia al negarle la candidatura al teniente Julián Leyzaola.

En defensa del ex Secretario de Seguridad Pública de Tijuana, sobre quien pesa una orden de aprehensión, aseguró que lo acusan de “un delito ya prescrito y que en su momento no era considerado como grave”.

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El líder nacional del PES también advirtió que ha habido actos de intimidación en contra de los consejeros del Instituto Estatal Electoral de Baja California, por supuestos delitos de orden administrativo y hasta penal, que a decir suyo, fueron girados por autoridades estatales con fines intimidatorios.

Por todos estos hechos, exigió que se detenga la persecución política en contra del teniente coronel y lanzó un llamado a la ciudadanía a participar en un movimiento pacífico “para denunciar los atropellos” en contra del PES y de Julián Leyzaola.

“Daremos la batalla hasta sus últimas consecuencias y que sea la ciudadanía de Tijuana la que decida quién debe ser su próximo presidente municipal y no asuntos inventados”.

De acuerdo a un oficio enviado por la Fiscalía General del Estado al Instituto Estatal Electoral, a solicitud de dicho organismo, sobre Julián Leyzaola Pérez pesa una orden de aprehensión que se encuentra vigente desde el primero de junio de 2020.

Esa razón lo convierte en inelegible para obtener el registro y participar en la próxima contienda electoral, conforme al artículo 38 constitucional.

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