Tijuana.- El gobierno de Baja California destinó en el año 2022, apenas poco más de mil 400 pesos por persona desaparecida, según dieron a conocer las organizaciones no gubernamentales Elementa Derechos Humanos y Política Colectiva.
Las ONG especialistas en búsqueda de personas desaparecidas, derechos humanos y transparencia en el gasto público dieron a conocer los resultados de un análisis de los presupuestos de las Comisiones Locales de Búsqueda en el país durante el año pasado, de acuerdo con información provista por los entes financieros de cada estado.
De acuerdo al informe “En búsqueda de presupuesto”, se detectó “una muy baja inversión de recursos destinados para la búsqueda de personas”.
Por lo que las organizaciones llamaron a incrementar este monto, garantizar un presupuesto razonable y establecer una metodología que garantice el recurso necesario, así como crear medidas de transparencia de dicho gasto.
Según la información generada por el análisis, en el caso de Baja California, en 2022 el gobierno ejerció un presupuesto de 24 millones 951 mil 407 pesos, para la búsqueda de personas desaparecidas, correspondiente al .03 por ciento de su presupuesto general del Estado en 2022.
El análisis de Elementa DDHH y Política Colectiva se realizó considerando las cifras publicadas en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, hasta el 31 de diciembre de 2022, porque “es la única fuente oficial que nos permite saber a cuántas personas se están buscando”, admitieron las ONG.
Sin embargo, también señalaron la disparidad entre las cifras reportadas a dicho ente nacional, frente a la cantidad de carpetas de investigación abiertas por desaparición desde la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California, que han dado a conocer previamente.
“Una falla fundamental es que no todas las autoridades cumplen con su obligación de alimentar el Registro”, señalan en ese sentido.
Debido a ello, en esta entidad, la inversión por persona desaparecida va a variar si se toman en cuenta las cifras de uno u otro ente gubernamental.
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Esto significa, de acuerdo con el Registro Nacional, que en Baja California actualmente hay 2 mil 403 casos de desaparición.
Sin embargo, de acuerdo a información que Elementa DDHH ha obtenido a través de la plataforma de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la FGE tiene 17 mil 306 carpetas abiertas por este delito.
De esta manera, considerando la cifra de personas del Registro Nacional, el análisis arroja que la inversión gubernamental por cada persona desaparecida es de 10 mil 383.44 pesos.
Sin embargo, de acuerdo a los datos de la Fiscalía de Baja California, la inversión disminuye hasta mil 441.78 por cada víctima de desaparición.
“Aunque este no es el único indicador con el que se debería planear el presupuesto, nos muestra la relación entre el número de personas desaparecidas y los recursos que se invierten para hacerle frente”, explicaron las organizaciones.
Para dar proporción a la cifra, en el informe de Elementa y Política Colectiva se señala que según los datos del Registro Nacional, el Estado de México fue la tercera entidad con más personas desaparecidas en el 2022, y destinó apenas 35 pesos por cada persona desaparecida no localizada.
Mientras que Campeche, que se ubicó como el estado con menos reportes de personas desaparecidas el año pasado, invirtió casi 249 mil pesos por cada víctima de desaparición.
Las organizaciones destacan también que tanto los cálculos con la cifra del Registro Nacional de Personas Desaparecidas como con la de la Fiscalía de Baja California, se realizan sin tomar en cuenta la “cifra negra” de personas desaparecidas, esto las desapariciones que no son denunciadas, ante los riesgos debido a las condiciones de violencia e impunidad en el país.
En el análisis, también se identificó que en Baja California la mayor parte de los recursos destinados a la búsqueda de personas del año pasado, esto es el 74.9 por ciento, provienen de transferencias del gobierno federal.
“Esto compromete, en gran medida, las capacidades de las CLB (Comisiones Locales de Búsqueda) de contar con personal suficiente y especializado para la búsqueda, el análisis de contexto y el procesamiento de información”, apuntaron.
Además de contribuir a garantizar acciones permanentes, un incremento del recurso local para búsqueda, en comparación con los recursos del gobierno federal, es necesario “frente al tamaño de la crisis y la responsabilidad de las autoridades locales sobre este tema”, señalaron.
El informe también reportó que en Baja California, la mayor parte del presupuesto asignado para la búsqueda de personas en 2022 se destinó al rubro de muebles, inmuebles e intangibles, seguido del servicios personales o pago de nómina; y luego de materiales y suministros y finalmente servicios generales (pago de luz, agua, teléfono, internet, contratación de servicios profesionales, de investigación científica, de capacitación, en tecnologías de la información, asesorías y otras asuntos especializadas para la búsqueda de personas).
Además de visibilizar el bajo nivel de presupuesto de las Comisiones Locales de Búsqueda, las ONG, llevaron a cabo el análisis para llamar a los gobiernos estatales a destinar mayores recursos, en el marco de la aprobación de los presupuestos de egresos 2024.
En el caso de Baja California, la Ley en Materia de Desaparición se encuentra en la elaboración del proyecto de dictamen.
