Playas de Rosarito.- Luego de dos años y medio, la Fiscalía General del Estado (FGE) judicializó la denuncia que interpuso la alcaldesa de Playas de Rosarito, Araceli Brown Figueredo en contra de Fernando Serrano García, por actos de violencia política durante el proceso electoral 2020-2021.
Así lo dio a conocer la presidenta municipal durante una conferencia de prensa a la que fue acompañada de su asesor jurídico externo, y un grupo de mujeres, para anunciar que el 23 de noviembre el caso de la denuncia contra el ex candidato independiente a la alcaldía llegó al Poder Judicial del Estado.
“Estoy aquí como mujer, como hermana, como madre, como abuela, como mujer rosaritense, pero sobre todo, para darle visibilidad aquellas mujeres que al igual que yo hemos sido víctimas de violencia o algo similar”, empezó diciendo Brown Figueredo.
Luego recordó que en mayo de 2021, durante un evento de campaña del proceso en la que Fernando era su contrincante, en su discurso, éste incluyó ofensas que se enmarcan en lo que la Ley General en Materia de Delitos Electorales considera como violencia política en razón de género.
“Fui señalada de una serie de injurias, mentiras, difamaciones, calumnias y expresiones denigrantes y descalificativas hacia mi persona por un sujeto de nombre Fernando”, dijo y precisó que se trató de la contienda electoral en la que ganó su segundo periodo en la presidencia, “con más votos que la primera vez”.
La ocasión quedó registrada en videos, los cuales fueron viralizados y muestran a Serrano García cuando se dirige a sus seguidores y seguidoras, asegurando en el tono impetuoso característico de estos eventos:
“La vamos a sacar del Palacio Municipal. Fuera Araceli Brown. Fuera la corrupción de Araceli Brown. Está a días de que la corramos. La vamos a revisar hasta por debajo del pelo y, si se puede, la vamos a meter a la cárcel, por ratera, por corrupta, por borracha”, se le ve decir al candidato seguido de gritos de apoyo a cada frase por parte de su público.
En la conferencia de este lunes, la alcaldesa de Rosarito refirió que el discurso violento por parte de Fernando Serrano fue reiterativo, por lo que interpuso la denuncia antes la FGE, y aunque en dos años y medio no hubo noticia, la semana pasada le notificaron que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales consideró que elementos suficientes para considerar que existe responsabilidad, por lo que fue turnado el caso al juez de control.
“Quiero dejar bien claro que este hecho sucedió hace dos años y que no es un tema que tenga que ver con la efervescencia política del momento, sino de la decisión que tomé de denunciar para que esto no vuelva a suceder ni a mí, ni a ninguna otra mujer”, se adelantó la alcaldesa.
Ello porque Fernando Serrano Garcia ha sido mencionado como uno de los posibles aspirantes a la candidatura de la coalición Va por México, del Partido Acción Nacional, Partido Revolucionario Institucional y del Partido de la Revolución Democrática, por la presidencia municipal de Playas de Rosarito.
El mensaje de la alcaldesa durante la conferencia terminó con varias frases en contra de la violencia contra las mujeres, la cual, dijo, no es compatible contra los ideales de la Cuarta Transformación.
“No hay que injuriar, porque eso es mentir. No más violencia hacia ninguna mujer. A ninguna mujer que participe en la política. Alto a los violentadores. Tenemos que tenernos respeto para poder participar en la política” manifestó y concluyó diciendo que tanto en el municipio como en el país, la Ley actúa, se aplica y se cumple.
Por su parte, el abogado Héctor Huerta, asesor externo de la presidenta municipal, señaló que el delito por el que se le acusa al ex candidato, en este momento de manera penal, puede alcanzar una pena de nueve años de prisión, así como la suspensión de sus derechos político electorales.
El litigante argumentó que en todo caso, será la Fiscalía quien determine, una vez realizada la audiencia y conseguida la vinculación a proceso, solicitarle al juez medidas cautelares como la suspensión de derechos político electorales.
Huerta enfatizó que a menos que un juez federal en materia de amparo determine que la autoridad judicial estatal incumplió formas y tiempos, no hay riesgo de que el caso se caiga.
“Creemos que en ese tiempo, la Fiscalía hizo un trabajo muy profesional, que se respetaron los derechos del imputado, tuvo la oportunidad de acudir a la Fiscalía. (Se puede) Recurrir sí, siempre; de que proceda, dudamos”, expresó.
