Tijuana.- Entre diciembre de 2021 y 2023, el Ayuntamiento de Tijuana entregó 42 millones de pesos del Fideicomiso de Fondos Tijuana a cuatro asociaciones civiles que no cumplieron requisitos ni acreditaron el uso del recurso, de acuerdo a una investigación en curso de la Fiscalía Especializada contra Delitos de Corrupción.
Este presunto desvío lo han llamado en redes sociales “La Estafa Maestra”.
A tres semanas de que se difundió la denuncia que involucra a la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez y otros funcionarios del Ayuntamiento por la entrega irregular de estos recursos, el fiscal anticorrupción, Javier Salas Espinoza, confirmó en entrevista con PUNTO NORTE, que ya se abrió la carpeta de investigación y que se encuentra avanzada.
Salas Espinoza detalló que es una denuncia por los delitos de abuso de autoridad y uso ilícito de funciones en contra de los integrantes del Comité Técnico de Fondos Tijuana, el cual está encabezado por la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez, así como en contra del secretario de Gobierno, Miguel Ángel Bujanda Ruiz.
Según las reglas de operación de Fondos Tijuana, el Comité Técnico está conformado por la alcaldesa como presidenta. Como vocales, el titular de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeti), Alejandro Mungaray Lagarda (hasta agosto de 2023) y Antonio Cañedo Ángulo (desde agosto de 2023); el tesorero municipal, Raymundo Vega Andrade; el regidor presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, Turismo y Asuntos Fronterizos, Rogelia Arzola Santillán; así como el regidor presidente de la Comisión de Hacienda y Patrimonio Municipal, Claudia Casas Valdes, y como comisario el síndico procurador, Rafael Leyva Pérez, quien es el único que no tiene derecho a voto.
Sin embargo, de acuerdo a las reglas de operación del Comité Técnico, el titular de la Secretaría de Gobierno no forma parte del mismo.
Los integrantes del comité son los responsables de la distribución de recursos del Fideicomiso Fondos Tijuana, provenientes del cobro de los pases médicos de cruce rápido en las garitas con Estados Unidos, por medio de convocatorias públicas a asociaciones civiles o personas físicas que presenten proyectos de beneficencia social, con bases en las reglas de operación del mismo.
“Ese comité precisamente es el responsable de verificar que ese recurso, a quién se le va a dar, cumpla con las reglas de operación y que además de que cumpla, tiene que comprobar que el ejercicio del dinero fue realizado en el proyecto que presentaron para obtenerlo”, detalló el fiscal.
Hay un plazo para que estos proyectos sean ejecutados por parte de las asociaciones civiles, continuó el fiscal, y otro para acreditar con evidencia que los recursos obtenidos fueron utilizados debidamente.
De no acreditarlo, agregó el funcionario, el Ayuntamiento de Tijuana tiene la obligación de hacer efectivo los pagos de los pagarés que firmaron las asociaciones y pedir el reintegro del dinero.
De acuerdo a la investigación, el Comité Técnico del Fideicomiso Fondos Tijuana aprobó la entrega de 42 millones de pesos a cuatro asociaciones civiles que no cumplieron los requisitos de las Reglas de Operación del Fondo, ni acreditaron el ejercicio del recurso en los proyectos para los que fueron registrados.
“Aquí nosotros lo que tenemos son dos cosas. Una, que se les dio el recurso, el Comité aprobó los proyectos sin que se cumplieran las reglas de operación. Ahí encontramos la primera irregularidad, que puede ser administrativo o penal. Y en segundo lugar, las asociaciones civiles también tienen que acreditar esas reglas de operación. Al momento que nosotros estamos en ese proceso de investigación, es donde ya determinamos si hay la comisión de un delito”, sostuvo el funcionario.
En la entrevista con este medio, el fiscal se negó a señalar las cuatro organizaciones beneficiadas por respeto al debido proceso, pero confirmó que la denuncia fue interpuesta por Román Antonio Aboytes Hernández, ex secretario de Movilidad Urbana Sustentable en el gobierno de Arturo González Cruz y quien actualmente se ostenta como presidente de la organización Organizaciones Civiles y Sociales de Baja California (UNO A.C.).
Fue Aboytes Hernández quien en una conferencia de prensa ofrecida el 21 de noviembre, detalló información sobre la denuncia y las cuatro asociaciones civiles beneficiadas presuntamente de manera irregular con recurso municipal.
Se trata de las asociaciones identificadas como Baja California Avanza A.C., a la cual se le aprobaron tres proyectos por los que recibió 7 millones 500 mil pesos; Humanitaria Cruz Verde de Baja California, a la que se le otorgaron 4 millones y medio de pesos entre enero y diciembre del 2022, por dos proyectos.
También MH Cluster, a la que se le otorgaron 6 millones y medio de pesos por cinco proyectos, al igual que Profesionales Docentes en Legalidad de Derechos Humanos, que obtuvo 7 millones y medio de pesos por tres proyectos.
Por su parte, el fiscal anticorrupción precisó que según el objeto social que estas asociaciones civiles han manifestado, además de la información obtenida mediante el Registro Público de la Propiedad, son organismos de beneficencia pública, pero no hay claridad sobre a qué tipo de población benefician.
“Inclusive una tiene como uno de sus objetos sociales, la compra y venta de medicamento y equipo médico. Como asociaciones civiles, tienen un objeto general que es el beneficio social, el apoyo, pero también tienen otros tipos de objetos como ésta”, afirmó.
Entre las irregularidades que ha encontrado hasta el momento la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, se encuentran que a alguna de estas asociaciones se le entregó un segundo apoyo económico del Fondo Tijuana, sin cumplir con la comprobación de la evidencia de que fue debidamente ejecutado.
“En este caso, hemos detectado como hasta tres apoyos en una misma asamblea (del Comité Técnico). O sea, de una misma fecha, se dieron tres veces recursos a una misma asociación civil. (Es una situación) Irregular e ilegal”, dijo.
Ello, agregó, porque las reglas de operación señalan que una asociación puede acceder a más recursos con otra propuesta, solo cuando cumpliera con la comprobación de la utilización del recurso en el proyecto anterior.
“Y en este caso, pues es imposible que se cumpla con esa regla, pues si están en la misma asamblea accediendo a tres proyectos, o tres veces recursos. Además, que tampoco se ha acreditado que hubo la supervisión y el cumplimiento de la utilización del recurso que recibieron”, señaló.
Hasta el momento, los avances de la investigación se sostienen por las entrevistas a 16 personas en calidad de testigos, quienes forman parte de alguna de las cuatro asociaciones beneficiadas, de las que aún la Fiscalía desconoce el objeto de cada una de ellas, precisó Salas Espinoza.
“Estas 16 personas forman parte de las actas de asamblea, y de lo que viene siendo el comité de estas asociaciones; presidentes secretarios, tesoreros, vocales y hemos estado trabajando precisamente en la entrevista para ver el objetivo, el objeto de estas asociaciones civiles…”, expuso.
Con la información que proveyeron las testimoniales, se pidió información documental al Ayuntamiento de Tijuana sobre el Fideicomiso Fondos Tijuana, los proyectos que recibieron financiamiento, sus reglas de operación, las convocatorias, las actas de asamblea de las asociaciones beneficiadas, la evidencia de obtención del recurso, así como los pagarés que firmaron, y todo ello ha sido remitido.
“Donde no han tenido la información que no cumplieron con las reglas de operación, nos han dicho que no cuentan con esa información, porque no se cumplió con esa regla también. También la acreditación del pago, que ese recurso realmente, como dice un acta de asamblea, se le dio a la asociación civil… O sea, ya tenemos acreditado que efectivamente hubo un incumplimiento a las reglas de operación, hubo una ilegalidad y también tenemos acreditado que hubo un pago a asociaciones civiles”, enfatizó.
Ahora, la Fiscalía se encuentra a la espera de información solicitada al Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Auditoría Superior del Estado para conocer más información sobre las asociaciones civiles.
Una vez recibida la información pendiente, el siguiente paso, una vez analizada la información y si se acredita la comisión de un delito, dijo el fiscal, se determinará quiénes de las personas involucradas serán citadas a declarar como imputadas, pero aún no tienen una fecha para esto.
“No podría decirte un periodo, pero de que ya está muy avanzada, sí está muy avanzada”, aseguró.
PUNTO NORTE abordó el tema con la alcaldesa Montserrat Caballero Ramírez, quien sostuvo que el Ayuntamiento de Tijuana tiene toda la disposición para la colaboración con la investigación que lleva la Fiscalía Anticorrupción.
“Nosotros tenemos toda la disposición con el fiscal Anticorrupción de mostrar todos los documentos y hacer la investigación propia y, como dijo la gobernadora, que caiga quien tenga que caer”, expresó.
Incluso, señaló que la denuncia de Román Aboytes tiene relación con otra investigación que abrió de manera interna el Ayuntamiento en contra de Arturo Pérez Behr, secretario de Desarrollo Económico del gobierno de Arturo González Cruz.
“Curiosamente, el denunciante, el licenciado Aboytes, tiene que ver con Pérez Behr, porque tenemos 45 señalamientos que nosotros hicimos hacia esa administración por desvíos de recursos, que se hicieron a Sindicatura”, explicó la primera edil tijuanense.
Además, aseguró que incluso antes de la denuncia de Aboytes ante la Fiscalía, el Ayuntamiento ya había iniciado por medio de Sindicatura Procuradora la investigación sobre los hechos.
La semana pasada, la alcaldesa declaró que, a la salida del anterior secretario de Desarrollo Económico, Alejandro Mungaray Lagarda, quien dejó el cargo por motivos de salud, en agosto pasado, se hicieron algunas observaciones relacionadas con el caso.
“Por lo tanto, cuando la Fiscalía nos solicitó la investigación, todo lo teníamos estructurado porque lo hemos manejado anteriormente a ello”, sostuvo ante PUNTO NORTE.
La investigación integrada por la Fiscalía coincide con el arranque del proceso electoral 2023-2024, en el cual la alcaldesa Montserrat Caballero busca su reelección.
Al respecto, Salas Espinoza descartó las lecturas de que este caso pueda ser interpretado como un intento de neutralizar políticamente a la presidenta municipal.
“Las cuestiones políticas no las conozco. No sé yo el proceso político electoral en qué etapa vaya. Es un tema que no he visto ni he analizado, ni voy a analizar, porque a fin de cuentas no tiene nada que ver con la función que desarrollamos… Entonces, pues yo, tu servidor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es concentrarnos en lo que es nuestro trabajo. O sea, ya, lo demás, no es nuestra chamba”, aseveró.
Mientras que Caballero Ramírez sostuvo que no le preocupa que la investigación que la involucra le afecte políticamente.
“Y yo quisiera ver qué se dio antes, el dinero ahí está, y que se investigue, y que caiga quien tenga que caer”, reiteró.
