Tijuana.- La cuenta pública 2019 del Instituto Estatal Electoral (IEE) fue reprobada por los integrantes del Congreso del Estado por diversas inconsistencias, entre las que destaca el pago de 2.1 millones de pesos a dos proveedores de combustible, sin que pudieran mostrar los contratos, ni explicar si fue vía licitación o adjudicación directa.
También detectaron incumplimientos fiscales en la entrega de ayudas sociales a 10 partidos políticos y cinco candidatos independientes, pues solo se giraron recibos económicos y no comprobantes fiscales, entre otros malos manejos.
Durante ese año, el consejo electoral estuvo presidido por Clemente Custodio Ramos Mendoza quien falleció en 2020 y por Jorge Alberto Aranda Miranda, quien asumió la presidencia, una vez que Ramos Mendoza enfermó en agosto del 2019.
Mientras que la Comisión Especial de Administración del Consejo estuvo integrada por Aranda y dos consejeros más, Abel Alfredo Muñoz Pedraza, actual consejero y la ex consejera Graciela Amezola Canseco.
Del informe individual de la cuenta pública del órgano electoral, que comprende del primero de enero al 31 de diciembre de 2019, entregado por la Auditoría Superior del Estado (ASE) a la de Fiscalización del Gasto Público, se desprendió el dictamen 28, en el que quedaron asentadas cuatro observaciones, suficientemente graves para que la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado dictaminara para la no aprobación.
La primera de ellas es que, al hacer una verificación del pago de la nómina, detectaron que hubo un cálculo incorrecto en las deducciones fiscales.
Por ejemplo, no se realizó la retención del Impuesto Sobre la Renta en el concepto de compensación anual, por un monto de 38 millones 232 mil pesos.
Tampoco se hizo el cálculo preciso de las retenciones en el pago de aguinaldos, ni se proporcionó evidencia de la emisión de comprobantes fiscales digitales en el rubro de servicios personales, lo que representa un monto de 100 millones 408 mil pesos, con lo que fueron omisos en el cumplimiento del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto Sobre la Renta.
Asimismo, en el pago de otros impuestos por servicios personales presentan un déficit de un millón 443 mil pesos, que se debió reportar al gobierno estatal y por lo tanto se causa una afectación al ingreso contemplado en el ejercicio fiscal 2019.
Sobre el pago a proveedores, se detectó que se pagaron dos millones 123 mil pesos a dos proveedores de combustible, pero no proporcionaron contratos para analizar los derechos y obligaciones de ambas partes, ni tampoco confirmaron si hubo licitación o adjudicación directa de por medio, lo que va contra la Ley de Adquisiciones estatal.
Del pago de ayudas sociales a partidos políticos, se ministraron recursos por 224 millones 404 mil pesos, pero no tomaron en cuenta las disposiciones fiscales aplicables. El dinero se entregó a cambio de un simple recibo, que a su vez fue firmado por los 10 representantes de partidos políticos y por cinco independientes.
En cuanto a los pasivos, encontraron una cuenta por pagar de 261 mil pesos, que hasta marzo del 2021 no se habían cubierto, ni aclarado en materia contable.
El órgano electoral durante 2019 ya estaba a cargo de Raúl Guzmán Gómez, en su calidad de Secretario Ejecutivo, quien fue citado por la Auditoría Superior del Estado para hacer una revisión de las inconsistencias.
Con el voto unánime de los integrantes del Congreso del Estado, no fue aprobada la cuenta pública del Instituto Estatal Electoral (IEE).
