Tijuana.- Las cuentas públicas del Instituto Estatal de la Juventud, del Instituto de Psiquiatría de Baja California y de la Unidad de Especialidades Médicas (UNEME), correspondientes al último año de gestión del ex gobernador, Francisco Vega de Lamadrid, fueron rechazadas por los integrantes de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso del Estado.
También observaron errores significativos en las cuentas de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM).
La principal inconsistencia en todas las dependencias, de acuerdo a la Auditoría Superior de Estado, es que no realizaron las retenciones y el pago correspondiente al Impuesto Sobre la Renta (ISR). En algunos casos fue en nómina, vacaciones, aguinaldo o compensaciones.
Al Instituto Estatal de la Juventud, cuyos titulares fueron Manuel Rudecindo García y Eduardo Beltrán, los reprobaron por el cobro de 2.5 millones de pesos a estudiantes para la expedición de credenciales y renta de camiones. No pudieron comprobar que se contó con la anuencia de la junta directiva.
Además, se detectó el pago en exceso de vacaciones ya prescritas al ex director general, por un monto de 36 mil 770 pesos y el descuento de 16 mil pesos a empleados para transferirlos a las cuentas del Partido Acción Nacional (PAN) y a una asociación civil.
El dictamen fue aprobado por mayoría; solo la diputada panista Eva María Vázquez votó en abstención.
Cabe señalar que Manuel Rudecindo García formó parte de su planilla como candidato a regidor en el pasado proceso electoral, cuando la legisladora buscó la alcaldía de Mexicali.
Respecto a la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM), una auditoría encontró que se pagó en exceso la indemnización por renuncia voluntaria a cinco ex funcionarios de confianza.
El desembolso ascendió a 816 mil pesos; si se repartió de manera proporcional, cada uno se llevó 163 mil pesos.
También se documentó que dejaron de cobrar 14 millones 171 mil pesos por obras de conexión de tubería de agua y drenaje; en tanto que, a 666 usuarios les aplicaron tarifas menores a las contempladas, lo que afectó el ingreso en 2.3 millones de pesos.
En la revisión no hallaron evidencia de contratos que justifiquen el gasto en difusión de 6 millones de pesos entre cuatro proveedores; carecen de spots, grabaciones o material para respaldarlo.
Sobre la auditoría a la Unidad de Especialidades Médicas de Baja California (UNEME), encontraron errores significativos en la información de la cuenta pública.
Destacan la no localización de 18 bienes, cuyo valor asciende a 1.8 millones de pesos, desde una central de monitoreo para múltiples camas, mesa puente, estetoscopios, entre otros, además de la adjudicación directa de procedimientos quirúrgicos subrogados por 39 millones de pesos.
Se observó que el ejercicio del 2019 cerró con un déficit de casi 10 millones de pesos en el gasto operativo, sin que se pudiera justificar.
Y sobre la cuenta pública del Instituto de Psiquiatría de Baja California, que estuvo a cargo del doctor Víctor Salvador Rico Hernández, hallaron omisiones en el cálculo del Impuesto sobre la Renta y diferencias entre el inventario físico de medicamentos e insumos médicos.
De igual forma, las cuentas públicas del Tribunal de Justicia Administrativa de Baja California y la Comisión Estatal de Energía no fueron aprobadas por diversos errores y omisiones.
La excepción fue la Comisión de Arbitraje Médico (CAME), cuya cuenta pública se validó por unanimidad.
Las observaciones fueron turnadas al área de investigación de la Auditoría Superior del Estado, que se encargará de promover la responsabilidad administrativa sancionatoria contra quienes hayan afectado el patrimonio del gobierno estatal.
Los dictámenes votados en la Comisión de Fiscalización del Gasto Público serán presentados en el pleno del Congreso del Estado, para su ratificación hoy.
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