Tijuana.- Dos semanas después del homicidio del fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel y una del asesinato de Lourdes Maldonado, autoridades de Baja California instalaron el “Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos”.
La promesa es que en menos de 24 horas de solicitado el apoyo, las personas que se sientan en riesgo tendrán respuesta de quienes forman parte de este sistema estatal y medidas preventivas provisionales, en lo que se hace un análisis más profundo.
En el acto protocolario, celebrado la tarde del lunes 31 de enero, también se acordó un convenio entre el Gobierno, los Ayuntamientos y organismos descentralizados para una coordinación que, aseguran, antes no existió.
En una sesión que se prolongó por más de dos horas, abundaron los cuestionamientos por parte de los sectores afectados por un mecanismo que falló, de tal suerte que hoy dos compañeros periodistas ya no están con vida.
“Lourdes Maldonado estaba de acuerdo con este sistema de protección, pero yo pido que se informe aquí, ¿qué fue lo que falló? (…) mientras estos sistemas sigan simulando que operan para proteger a periodistas y estén desvinculados de la aplicación de la justicia, no habrá protección que evite que comunicadores sigan siendo asesinados”, dijo Sonia de Anda, periodista y consejera del Sistema Estatal de Protección a Periodistas.
El viernes 28 de enero, en el Periódico Oficial de Baja California se publicó el acuerdo por el que se constituye el mecanismo estatal de protección para las personas defensoras de derechos humanos y periodistas de Baja California.
El documento, firmado por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, establece que este mecanismo se constituye como un órgano colegiado “hasta en tanto se constituya legalmente el mecanismo estatal o un organismo equivalente, esto significa, mediante una ley que deberá ser aprobada por el Congreso del Estado.
Hasta tanto, el mecanismo queda conformado por la persona titular de la Secretaría General de Gobierno, quien lo presidirá, en este caso, Catalino Zavala Márquez. También por la persona titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría General de gobierno, quien fungirá como secretario ejecutivo.
De igual forma, por la persona titular de la Coordinación de Gabinete, la persona titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la persona titular de la Secretaría de Hacienda, la persona titular de la Consejería Jurídica y la persona titular de la Dirección de Comunicación Social.
Además, por un representante de las autoridades municipales, estatales y federales que se adhieran a través de la celebración de convenios de coordinación respectivos, así como cuatro periodistas y cuatro personas defensoras de derechos humanos.
Todos ellos cuentan con voz y voto en las sesiones del mecanismo.
Ayer, las alcaldesas de Mexicali, Norma Bustamante; de Tijuana, Montserrat Caballero y de Playas de Rosarito, Araceli Brown; así como el alcalde de Tecate, Darío Benítez y el representante del presidente municipal de Ensenada, Armando Ayala, firmaron los convenios respectivos.
También lo hicieron el fiscal general, Ricardo Carpio; el titular del Poder Judicial, Alejandro Isaac Fragozo; el presidente del Congreso del Estado, Juan Manuel Molina y el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Miguel Ángel Mora.
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De acuerdo con el secretario general de Gobierno, Catalino Zavala Márquez, los nuevos lineamientos delegan la responsabilidad de elaborar las propuestas de medidas de protección a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, la cual tendrá a su cargo las evaluaciones de riesgo para determinar la situación de cada persona que se acerque al mecanismo.
“Debemos ser sensibles e inmediatamente dar ese beneficio en forma provisional, en tanto se determina previo análisis si tiene derecho o no a recibir el mecanismo porque tampoco podemos aceptar que a este comité de gente tan preparada, nos vaya a engañar alguien haciéndose pasar por periodista, porque ensucia la labor del propio periodista”, dijo el general Landeros.
También el diputado local Juan Manuel Molina reconoció que la definición del periodista es parte del análisis que hoy realizan las comisiones dictaminadoras de la Legislatura.
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Después de varias rondas de intervenciones, la subsecretaria de Derechos Humanos del Estado, Melba Adriana Olvera, reconoció que hay “muchas carencias que tienen estos mecanismos, pero hay que reconocer la voluntad y compromiso que asumen cada una de las personas que están en esta mesa”.
Será a partir de este hoy 1 de febrero, cuando se habiliten las mesas de trabajo para moldear este mecanismo; para ello, el secretario general de Gobierno, Catalino Zavala Márquez, invitó a periodistas, activistas y organismos civiles a presentar sus propuesta en la Casa de la Cultura de la Legalidad en Tijuana o vía online.
La próxima sesión de quienes integran el Mecanismo de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos en el Estado se llevará a cabo el próximo 25 de febrero, de manera presencial y en la ciudad de Mexicali.
Desde el 1 de noviembre de 2021, fecha en que inició la actual administración estatal, el mecanismo no había sesionado, una de las quejas que el gremio periodístico expresó el día de ayer en la instalación.
Sin embargo, este hecho fue minimizado por el propio secretario de gobierno, Catalino Zavala Márquez, quien aseguró que el mecanismo estuvo funcionando desde entonces debido a que “la Unidad de Atención era permanente y se han atendido las peticiones (de protección), esto tiene que ver a partir de instalarlo con las nuevas autoridades y a partir del acuerdo del Ejecutivo es porque hay nuevas autoridades que no se encontraban anteriormente, hoy se incorporan”.
Esto en relación con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el general Gilberto Landeros, quien tomó protesta el 1 de enero de 2022, tras la creación de la dependencia municipal tras una reforma constitucional.
“Todas las autoridades estaban participando, lo que hoy estamos haciendo es formalizar de manera protocolaria y legal su integración, no quiere decir que no estaban participando”.
