Abre polémica iniciativa para agravar penas en homicidios a periodistas: ¿Quién sí es y quién no?

El diputado Juan Manuel Molina habló de la iniciativa con la prensa. Foto: Victor Medina

Tijuana.- La iniciativa de reforma al Código Penal, por la que se incrementan las penas contra quienes atenten contra periodistas, en breve será turnada a una comisión dictaminadora del Congreso del Estado, donde pasará por algunos ajustes.

El principal análisis, estriba en la definición de periodistas que contendrá el Código Penal, de tal forma que “no puede ser quien prende una cámara de forma momentánea”.

La propuesta de reforma fue anunciada ayer miércoles por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, junto con otras estrategias para garantizar el libre ejercicio periodístico en Baja California.

Esto, después de que la semana pasada, los compañeros Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, fueran asesinados con apenas días de diferencia, afuera de sus respectivos domicilios en Tijuana.

Juan Manuel Molina, presidente de Mesa Directiva del Congreso del Estado, confirmó que el documento legislativo llegó a la Oficialía de Partes ayer por la tarde y el siguiente paso será el análisis de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales que también preside.

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El Código ya contempla como agravante la premeditación, ventaja, odio, los cometidos contra policías o enfrente de menores de edad o familiares de la víctima.

La reforma al artículo 147 plantea que también se consideren homicidios y lesiones calificadas, cuando se cometan en contra de “periodistas en el ejercicio, como consecuencia de su actividad o profesión”.

Foto: Víctor Medina

Con lo propuesto por Marina del Pilar, se considera periodista a quien tenga “actividad profesional o laboral buscar, investigar, sintetizar, redactar, jerarquizar, editar, fotografiar, videograbar, divulgar, publicar o difundir información, noticias, ideas u opiniones para conocimiento del público en general, a través de cualquier medio de comunicación impreso, radioeléctrico, digital, electrónico o imágenes”.

Refiere además que el ejercicio periodístico puede realizarse de manera “habitual o esporádica, remunerado o no”.

En conferencia con el legislador, reporteros señalaron que la definición quedaba ambigua, catalogando a todo aquel que comunique, como periodistas.

En ese sentido, el diputado local Juan Manuel Molina dijo que será parte del análisis en Comisión e invitó a integrantes de la prensa para hacer llegar sus propuestas u observaciones sobre esta propuesta legislativa.

También reconoció que el análisis de la comisión dictaminadora se centraría en este punto, “no puede ser quien prende una cámara de forma momentánea, pero lo vamos a analizar”.

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Dijo además que, con estas modificaciones, la intención también es lograr una reacción disuasiva y que “no sucedan situaciones como las recientes”.
En caso de que la iniciativa avance y sea aprobada por la mayoría del Congreso de Baja

California, quien agreda a un periodista, ocasionando lesiones o su muerte, podría enfrentar hasta la pena máxima de 60 años de prisión.

Precisó que aquí van tanto autores intelectuales como materiales, en caso de que sean actores distintos.

Y es que, al ser ya una agravante, el ministerio público cuenta con más herramientas para solicitarlo al juez, bajo los parámetros que pide la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Juan Manuel Molina citó el caso de la compañera periodista Lourdes Maldonado López, asesinada por la noche del domingo 23 de enero, cuando llegaba a su casa y pese a contar con medidas de protección.

El diputado por Morena señaló que, por ejemplo, en este hecho se observaban una serie de agravantes como la ventaja o el dolo, y cuya pena al responsable, se reforzaría todavía más, por tratarse de una periodista.

“Con esta reforma se podría llevar a una convicción de aplicar la pena máxima, una vez que obviamente sea investigada, detenida y sentenciada una persona que hubiera hecho esta agresión en contra de alguien que se dedique al periodismo”, reiteró Molina.

No hay una fecha definida para turnar el dictamen al pleno, pero estiman será en “fast-track”, aunque advirtió que esto no comprometerá la calidad del documento.

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