Tijuana.- El fiscal general del Estado, Ricardo Iván Carpio Sánchez, confirmó que ya solicitaron al Poder Judicial que llame a comparecer a por lo menos diez ex funcionarios de la pasada administración, por la investigación de la planta fotovoltaica, de la cual se presume un daño patrimonial de hasta 12 mil millones de pesos.
Sin embargo, el fiscal se negó a nombrarlos por nombre y apellido, “por respeto al debido proceso y presunción de inocencia”.
“En efecto, hay la necesidad de citar a una audiencia de imputación por actos posiblemente constitutivos de corrupción, peculado, coalición de servidores públicos y de otros diversos delitos en los que la autoridad jurisdiccional resolverá la fecha y momento oportuno”, dijo.
También por uso indebido de atribuciones y funciones, abuso de autoridad y los que surjan, según indicó el fiscal del Estado.
Puntualizó además que “están siendo citados desde el más alto, los más altos funcionarios que estuvieron desempeñándose en la administración pasada”.
Al concluir la conferencia de prensa “Miércoles de Mañanera”, el fiscal mencionó que “esto no tiene que ver con situaciones de carácter político, simplemente esta institución, es nuestra obligación defender el patrimonio de los bajacalifornianos”.
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La investigación se remonta al mes de marzo, cuando el gobierno del Estado interpuso una denuncia de hechos contra al menos siete ex funcionarios y la empresa Next Energy, por el contrato entregado para la construcción de una planta fotovoltaica en Mexicali.
La obra nunca se concretó, tampoco contó con los permisos federales para tal efecto e incluso el banco Afirme retuvo 123 millones de pesos correspondientes a participaciones federales que corresponden al Estado, para depositarlos a un fideicomiso por este proyecto.
El fiscal general de Baja California, Ricardo Iván Carpio, mencionó que dentro de las personas que solicitaron que comparezcan, también está la empresa Next Energy.
La fecha y hora de estas comparecencias todavía no están definidas por la autoridad judicial y de acuerdo a Carpio, los delitos que buscan imputarles, podrían culminar en la aprehensión de ex funcionarios involucrados en esta investigación.
La intención de esta solicitud formal no nada más es para hacer conocimiento de los ex funcionarios que están siendo investigados.
“Pedimos citar a imputación para formalizar que estas personas, cuando sean imputadas formalmente, tengan conocimiento de las razones por las cuales se les están investigando y en ese mismo acto, se desarrolle la audiencia para vincularlos a proceso”, precisó Carpio.
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Por su parte, el secretario de Hacienda de Baja California, Marco Moreno Mexía, dijo que además de este proceso, continúa la disputa con banco Afirme para que retorne los 123 millones de pesos que retuvo, por concepto de participaciones para las arcas estatales.
“Estamos convencidos de que tenemos la razón y al final de cuentas, vamos a lograr eliminar el riesgo que se paguen con participaciones estatales un proyecto que no se va a realizar, no tiene los permisos, no tenemos por qué pagarlo”, aseveró.
