Tijuana.- La Fiscalía General de la República (FGR) emitió órdenes de aprehensión en contra de exfuncionarios de la Secretaría de Educación de Baja California, por un desvío de 32 millones de pesos, destinados a la entrega de 70 mil uniformes que no recibieron alumnos de escuelas públicas durante la pandemia.
Este monto se suma a un gasto no comprobado por más de 35 millones de pesos para la compra e instalación de lavamanos para escuelas, también durante la pandemia.
Ambas irregularidades suman 67 millones de pesos, de los cuales no hay evidencia de su aplicación, pero que sí fueron devengados de las cuentas bancarias de la Secretaría.
Fue el propio secretario de Educación, Gerardo Solís Benavides, quien informó de las órdenes de aprehensión giradas y de la denuncia penal interpuesta por el gobierno del Estado ante el desvío millonario de los uniformes escolares.
El funcionario estatal participó hoy en la sesión de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso del Estado, en la que se reprobó la cuenta pública 2021 del Instituto de Servicios Educativos y Pedagógicos (ISEP), el cual forma parte de la dependencia estatal.
Las diputadas integrantes de la Comisión recibieron el dictamen elaborado por la Auditoría Superior del Estado de Baja California (ASEBC), en el que se observaron tales irregularidades cometidas.
Durante 2021, la Secretaría de Educación tuvo como titulares tanto a Catalino Zavala Márquez, actual secretario general de Gobierno del Estado como a Solís Benavides.
De acuerdo a lo analizado por la Auditoría, el Instituto de Servicios Pedagógicos de Baja California no pudo comprobar el destino de 32 millones 64 mil 754 pesos, que debieron haberse destinado a la compra de 69 mil 789 uniformes para beneficio de la misma cantidad de estudiantes de las escuelas de la entidad.
Además, el Instituto no presentó documentación que compruebe el gasto de 24 millones 719 mil 984 pesos en la entrega e instalación de mil 648 lavamanos en planteles de preescolar, primaria y secundaria de todos los municipios del estado.
Tampoco pudo justificar el gasto de 11 millones 228 mil 355 pesos para la habilitación de 6 mil 238 instalaciones hidráulicas y sanitarias en los módulos de lavamanos en planteles de nivel básico, en el contexto de la pandemia.
En la revisión del informe individual también se detectó que el ISEP entregó por adjudicación directa 61 millones 484 mil 898 pesos por servicios y adquisiciones a nueve proveedores, cuando debió haber sido concursado por licitación pública.
Además, la dependencia estatal ni siquiera aportó documentos que le permitieran justificar la decisión de no haber convocado a licitaciones públicas.
Por otro lado, se señaló que el Instituto no retuvo ni enteró al Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Impuesto Sobre la Renta por 21 millones 228 mil 849 pesos por concepto de Aguinaldo; 13 Millones 579 mil 006 pesos por concepto de Compensaciones; y dos millones 792 mil 262 pesos por concepto de la Compensación del 22 por ciento.
El ISEP también erogó dos millones 117 mil pesos por servicios no docentes mediante el régimen de Honorarios Asimilados sin tener derecho a esa prestación.
Y se señaló que, en el periodo analizado, no recuperó anticipos de sueldo por un millón 902 mil pesos de empleados del estado con saldos provenientes desde el 2015; y un millón 174 mil 596 pesos por concepto de Pago en Demasía del Fondo de Compensación Personal no Complacido 2015-2018 no se ha pagado o corregido.
El secretario de Educación, Gerardo Arturo Solis Benavides, conectado vía remota a la sesión legislativa, fue cuestionado por la diputada del PAN Amintha Briceño con respecto a la adquisición de servicios por asignación directa, cuando debieron ser licitados.
La respuesta de Solís Benavides no se pudo escuchar completamente debido a fallas técnicas en el audio, pero el funcionario argumentó que se trata de una institución con un presupuesto muy alto, cuya administración representó un reto, sobre todo en el contexto de la pandemia.
“Eso nos dio un parámetro de una serie de ejercicios que no se contemplaron en ningún presupuesto. Nadie nos había dicho que íbamos a tener compras extraordinarias, pero también tuvimos ahorros extraordinarios”, justificó el funcionario.
Solís Benavides agregó que durante el proceso de entrega-recepción durante el cambio de administración estatal, se entregó toda la documentación existente y ninguna institución, incluyendo Oficialía Mayor, les hizo señalamiento alguno.
“Ahí vienen las fechas… donde se dieron los escenarios críticos y absurdos, por decir una palabra, porque no se debió haber manejado así. Sin embargo, nosotros sí tomamos esas medidas, tanto acciones preventivas como preventivas. Hay evidencia de eso”, sostuvo.
El secretario aseguró que aquellas observaciones relativas a cuestiones ajenas a las decisiones en el contexto de la pandemia, como las retenciones del ISR, los anticipos de honorarios, pagos en demasía, tienen una explicación administrativa y pueden ser solventados .
“Nosotros hicimos lo pertinente, está registrado en el proceso de entrega-recepción. Desde ahí ya viene un primer escenario de evidencias de observación, del cual absolutamente nadie de ningún Poder intervino, nos recomendó, ni nos dio ninguna indicación”, expresó y agregó que la única indicación provino de la gobernadora para que documentaran todo proceso que se haya encontrado.
Durante la sesión de preguntas en la Comisión legislativa, el titular de Educación, quien fue acompañado del director jurídico y del director financiero de la dependencia estatal, confirmó que por el caso de los uniformes no entregados, llevaron a cabo el proceso de denuncia ante la Secretaría de la Honestidad y la Función Pública, pero también ante la FGR.
En ese sentido, el director jurídico agregó que con la denuncia, la Fiscalía abrió una carpeta de investigación en la que se han integrado informaciones provistas por la propia Secretaría de Educación, y luego de lo cual fueron notificados de la emisión de una orden de aprehensión, aunque no especificó contra quién.
“Si nos notificaron vía correo que se giró la orden de aprehensión, tienen ficha roja ahorita, lo que podemos es hacer conexiones con ellos para hacer llegar evidencia de tal situación en contra de un funcionario”, afirmó el director jurídico.
El funcionario agregó que también se presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado de lo que calificó como un ”hecho bochornoso”.
Cuestionado por las diputadas, el titular de la Auditoría Superior Estatal, Luis Gilberto Gallego Cortez, admitió estar al tanto de la denuncia que interpuso el gobierno del Estado ante la FGE, y agregó que han colaborado con la aportación de datos.
Finalmente, ante todo lo anterior, las diputadas y el diputado integrantes de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público votaron en contra de la aprobación del ejercicio presupuestal del Instituto.
Este dictamen, en sentido no aprobatorio, será votado en el Pleno del Congreso del Estado en los próximos días, como parte de las tareas que la Comisión de Fiscalización del Gasto Público del Congreso del Estado ha venido realizando respecto a las cuentas públicas de dependencias y organismos en las recientes semanas.
Egresada de la Licenciatura en Comunicación de la Universidad Autónoma de Baja California. Especialidad en Periodismo Policial y Judicial de la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. Más de 12 años en medios de comunicación de México y Estados Unidos, como Semanario Zeta, Sin Embargo o la agencia española EFE.
