Tijuana.- Todos los municipios de Baja California deberán atender el decreto que establece que el trámite para rectificar el acta de nacimiento de las personas trans por identidad autopercibida deberá ser gratuito. También, cumplirlo en el plazo señalado de 10 días hábiles.
La Secretaría de Inclusión Social e Igualdad de Género del Estado (SISIG) del gobierno del Estado recomendó a los cinco Ayuntamientos y los dos Concejos Fundacionales en el Estado atender el trámite de manera gratuita.
Lo anterior, de acuerdo al Decreto de Gratuidad emitido el pasado 29 de junio por la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, sobre la gratuidad en el trámite de Rectificación de Acta de Nacimiento por Identidad Autopercibida.
La dependencia a cargo de Miriam Elizabeth Cano Núñez, explicó en comunicado de prensa que, tratándose de personas pertenecientes a un grupo en contexto de vulnerabilidad, las autoridades municipales deben sensibilizarse con estas poblaciones y condonarles el cobro a personas trans que realicen el trámite de rectificación de sus actas.
“Dando así pleno seguimiento al Decreto de Gratuidad que exenta el 100 por ciento el pago de dicho trámite”.
La recomendación se extiende a las autoridades municipales de Mexicali, Tecate, Tijuana, Playas de Rosarito, Ensenada y a los Concejos Fundacionales Municipales de San Felipe y San Quintín.
El Gobierno del Estado está plenamente comprometido con las personas más vulnerables, señaló el comunicado de Miram Cano, con las que menos tienen, y es menester de la Secretaría de Inclusión velar por los grupos poblacionales históricamente vulnerados, así como atender los compromisos adquiridos para el pleno desarrollo de estas poblaciones, como en este caso, las personas de la diversidad sexogenérica.
La secretaría recordó que el derecho de la personas trans al reconocimiento de su identidad se sustenta en lo particular por convenios internacionales suscritos por México, “como lo son: Los Principios de Yogyakarta, el Programa de Universalización de la Identidad Civil en las Américas (PUICA) de la Organización de Estados Americanos y la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El gobierno del Estado, por medio de la SISIG invitó a las Oficialías del Registro Civil en cada municipio a “no extralimitar exigencias de trámites revictimizantes”.
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