Tijuana.- “Nosotras decidimos, aborto libre”, es el canto de batalla para miles de mujeres que exigen se reconozca el derecho a decidir sobre su cuerpo; se trata del aborto libre y seguro, cuya criminalización fue declarada inconstitucional apenas a inicios de septiembre por el Máximo Tribunal Constitucional del País.
Pero antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se pronunciara, colectivos feministas ya se habían adelantado a ello, fundamentadas en una reforma del 2011 por la que se establece que los mexicanos gozarán de las garantías establecidas en la Constitución y los tratados internacionales.
Pasó una década para que los magistrados abordaran el derecho al aborto y salud reproductiva, tras calificar de inconstitucional el Código Penal de Coahuila, por el que se criminaliza a quienes interumpan el embarazo en las primeras doce semanas de gestación.
Aunque lo calificaron como un avance, todavía queda mucho trabajo por hacer, según comenta la Colectiva Bloodys y Projects Red Tijuana a PUNTO NORTE.
Diariamente reciben al menos diez mensajes, vía celular, correo electrónico o redes sociales, donde mujeres les manifiestan su intención de abortar.
También han repartido al menos 10 mil protocolos clínicos impresos, donde se detalla cómo realizar una interrupción voluntaria del embarazo con Misoprostol.
Y una cifra todavía más contundente: al mes brindan orientación y acompañamiento en al menos 100 abortos, la mayoría de ellos efectuados en Baja California, aunque también reciben solicitud de apoyo de otras partes de la república y Latinoamérica.
“Lo tenemos muy claro, no somos ni clandestinas ni ilegales, vamos adelantada al trabajo y a lo que el Estado nos debe”, refirió Crystal, integrante de la Colectiva Bloodys y Projects, organización especializada en el acompañamiento en caso de aborto.
En el marco del Día de Acción Global para el Acceso al Aborto Legal y Seguro, el 28 de septiembre, decenas de mujeres, activistas y organizaciones protagonizaron una marcha en la zona Este de Tijuana, para visibilizar e informar sobre el derecho de la mujer a decidir.
“Las mujeres de la periferia existimos porque resistimos”, “Nosotras decidimos abortar”, “Aborto libre y seguro”, “La maternidad será deseada o no será” fueron parte de las consignas que las participantes llevaron por todo el bulevar Cucapah.
Esta sería la primera vez que esta manifestación llega hasta la periferia de la ciudad, promoviendo el acceso al aborto seguro.
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Crystal, de las Bloodys, comentó que gracias a las redes sociales, la información sobre cómo tener un aborto seguro cada vez es más accesible; unos lineamientos emitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Es por eso que, aunque ellas estiman acompañar en por lo menos cien casos de abortos, seguramente son más quienes lo están practicando.
“Estamos seguras que muchas compañeras lo están haciendo ya con la información en su mano, con el protocolo, con la misma información que está en redes sociales, entonces es una estadística con la que no vamos a contar”, comentó.
Después de que el 7 de septiembre, la SCJN declarara inconstitucional la penalización del aborto en Coahuila, se sentó un criterio al que las demás entidades federativas deberán ajustarse.
Sin embargo, para la colectiva especialista en el acompañamiento del aborto, la información y desestigmatización de la interrupción voluntaria del embarazo, el pronunciamiento es “vintage”, se queda muy atrás de lo que se requiere hoy en día.
“Despenalizar a las doce semanas de gestación es una negociación del derecho y es como una medida vintage, retro, porque doce semanas ya es noticia vieja”, comentó.
Crystal citó, por ejemplo, el caso del vecino estado de California, donde el aborto es legal dentro de 24 semanas de gestación; además de que, a partir del 2022, se proporcionará Misoprostol en los campus universitarios del estado californiano.
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En el caso del Congreso de Baja California, este 20 de septiembre se presentó una iniciativa por la que se reforman la Constitución Local, el Código Penal del Estado, la Ley de Víctimas para el Estado y la Ley de Salud Pública local para la interrupción voluntaria del embarazo.
La iniciativa es promovida por diez de los 25 diputados locales, encabezados por Liliana Michel Sánchez Allende, presidenta de la Comisión de Igualdad entre Mujeres, Hombres y Juventudes; y para que sea aprobada, necesita el aval de dos terceras partes del Congreso.
Sin embargo, la reforma al Código Penal únicamente establece la despenalización antes de las primeras doce semanas de embarazo, aunque reduce la pena de 1 a 5 años, por tres a seis meses o hasta cien días de trabajo comunitario si lo practicas después de este periodo.
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Para las Bloodys, la información, orientación y acompañamiento médico y psicológico durante el aborto, no es una labor que estén escondiendo ni que incurra en algún delito.
Tampoco han sido objeto de alguna persecución u hostigamiento por parte de las autoridades sanitarias.
“Lo que no queremos es que el Estado se apropie de eso, que las mujeres podamos decidir si queremos tener un aborto, cómo y en dónde, no nada más bajo circunstancias clínicas o institucionales, porque las acompañantes organizadas ya demostramos que no es necesario; puede ser un acompañamiento por parte de profesionales de la salud, pero no son la base ni lo han sido, apenas se están sumando”, enfatizó.
Por ello, en tanto no haya una armonización legislativa, como lo mandata la reforma constitucional del 2011 y el pronunciamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el trabajo de éste y otros colectivos en pro de la mujer continuarán en la entidad.
“Nuestro objetivo es visibilizar y descentralizar la información, y que se vuelva tan seguro, normal y accesible abortar, que sea una anormalidad que las leyes no estén dispuesta a reconocer esto como un derecho”, finalizó Crystal, de las Bloodys y Projects.
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