Mexicali.- El próximo titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) deberá cumplir con un nuevo requisito: no le pedirán experiencia en la abogacía previo a su nombramiento, pero sí tendrá que comprobar cinco años de experiencia en la persecución del delito.
Se trata de la reforma al artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California y al artículo 13 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Baja California, presentada por el diputado local Juan Manuel Molina.
Dicho artículo, en su párrafo tercero, mandata “tener por lo menos diez años en el ejercicio profesional, contados a partir de la expedición de la cédula profesional de licenciado en derecho”.
Con la reforma, aprobada por la mayoría de los legisladores durante la sesión ordinaria de hoy, ahora se solicitará “haber realizado durante los cinco años anteriores a su designación una actividad profesional comprobable relacionada con la investigación de los delitos y esclarecimiento de los hechos en la procuración de justicia, combate a delincuencia y prevención del delito, así como contar con título de licenciado en Derecho o abogado”.
También en la Ley Orgánica de la FGE, se establece que el fiscal deberá contar con una experiencia de cinco años previos a su designación, en la investigación de delitos y esclarecimiento de los hechos.
Además, añaden la obligatoriedad de someterse a pruebas de control y confianza.
La medida no gustó al bloque conformado por los legisladores del Partido del Trabajo y los morenistas Sergio Moctezuma Martínez y Gloria Miramontes, afines al ex gobernador Jaime Bonilla Valdez.
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“Solamente preguntarle debido a que es usted inicialista, es abogado, ¿cuál es la razón de reducir a cinco años o dice usted, actividad relacionada con sistema de justicia penal? Entiendo que la anterior reforma se había aprobado en 2019”, cuestionó, con ironía, Marco Antonio Blázquez.
Juan Manuel Molina defendió la propuesta, asegurando que “no se está reduciendo, se está ampliando la exigencia constitucional”.
“La experiencia nos debe dar para corregir rumbos; ha habido gente en determinados encargos que carecen por completo de esa experiencia, pueden tener mucha experiencia como abogados, pero el tema del procedimiento penal, la búsqueda de pruebas, el asumir audiencias, la responsabilidad de solicitar vinculaciones a proceso…es un mundo completamente distinto”, argumentó.
Y remató diciendo “¿De que nos puede servir 10, 15 o 20 años con un título profesional, cuando en su desempeño no ha tenido la experiencia previa para asumir un cargo como este? (…) lo que se está haciendo es ampliar la exigencia a la propuesta que llegue”.
Además, aseguró que el propio personal de la FGE busca que el titular sea alguien que entendiera su trabajo, “es haber hecho la talacha”.
“Manejar la escena del crimen, no cualquiera, diputado Blásquez”, finalizó su intervención; después, el diputado del Partido del Trabajo agradeció la respuesta y procedió a votar en contra de la propuesta.
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No hubo más intervenciones, salvo Julia Andrea González Quiroz, diputada por Morena, y quien, al dar su voto a favor, dijo esperar “que tengamos un fiscal o una fiscal a la altura”.
La reforma constitucional fue aprobada por una mayoría de 19 votos y seis en contra. Ahora, deberá pasar por los cabildos y ser validada por dos terceras partes de los municipios.
En una maratónica sesión ordinaria, celebrada este jueves 23 de diciembre, y previo a las modificaciones mencionadas, los diputados notificaron sobre la recepción y aceptación de la renuncia de Guillermo Ruiz Hernández al frente de la FGE, desde el 7 de diciembre.
Debido a que la designación del fiscal del Estado es por mandato constitucional y aprobado por el pleno del Congreso Local, el próximo paso es que la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda presente una terna para que sea votada por los legisladores.
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Tras la renuncia de Guillermo Ruiz Hernández, el ex fiscal central del Estado, Hiram Sánchez Zamora, quedó como encargado de despacho, en tanto el gobierno del Estado presenta la terna para elegir a quien concluirá el periodo constitucional de cinco años.
En repetidas ocasiones, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda ha declarado que no tiene prisa por este nombramiento y se estarían revisando los mejores perfiles.
A partir de que los ayuntamientos den el visto bueno a la reforma constitucional, estos perfiles deberán cumplir con el requisito de cinco años mínimo de experiencia en persecución y esclarecimiento de delitos, acortando así la lista de los aspirantes.
