Tijuana.- Fue una simulación de parte de los partidos políticos el haber postulado a candidatos en espacios destinados a la representación indígena, cuando no pertenecen a dicha comunidad, por lo que el Instituto Estatal Electoral de Baja California (IEEBC) ya no actuará de buena fe cuando se les solicite el registro y buscarán que se endurezcan los requisitos.
En ese sentido se pronunció la consejera Graciela Amezola Canseco, presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y no Discriminación del consejo del IEEBC, quien reconoció que hay mucho por mejorar para que se hagan cumplir las acciones afirmativas.
Una alternativa que pondrán sobre la mesa es que los candidatos indígenas puedan organizar elecciones internas en sus comunidades y postular a sus representantes, sin que tengan que recurrir a los partidos políticos.
“Es una simulación lo que se pretendió llevar a cabo, el postular a personas que no tienen la condición indígena y que no tienen este vínculo de pertenencia con la comunidad indígena”, señaló.
Mencionó que ante la serie de impugnaciones que presentaron integrantes de comunidades indígenas, el instituto realizó diligencias para verificar la autenticidad de las firmas de la autoridad tradicional y para saber si conocían el contenido de los documentos.
Incluso se tuvo que dar vista a la Fiscalía General del Estado y en particular a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, recordó, en los casos en que se presume se presentó documentación falsa u obtenida bajo engaños.
Tal es el caso del ex candidato Rigoberto Campos González y su suplente, Adrián Camargo Borbón, que pretendían contender como indígenas Cucapah por el Partido Encuentro Solidario (PES) a una diputación local en el distrito 1 de Mexicali, quienes se presume alteraron o falsificaron documentos, al engañar a la autoridad tradicional para que firmara la constancia.
En el distrito 17 de Ensenada, la diputada de Morena Miriam Cano Núñez también fue señalada por usurpar una candidatura indígena para alcanzar la reelección, pues aseguraba que pertenecía a la comunidad triqui y que contaba con su respaldo para representarlos en el Congreso del Estado.
La consejera electoral señaló que para evitar ese tipo de actos, tienen que cerrar la brecha y fortalecer los lineamientos para el cumplimiento de las acciones afirmativas, ya que tal como lo señalaron los tribunales de justicia electoral, no basta con acreditar actividades comunitarias, decir que tienen un vínculo o manifestar que se asumen como indígenas.
“Lo que creo yo que no se entendió es que todas estas actividades tenían que ser a cargo de la persona que pertenece a esta comunidad y la pertenencia es que viva, conviva, la reconozcan los propios integrantes de la comunidad”.
Recalcó que los servidores públicos y de elección popular que llevaron apoyos a las comunidades indígenas no pueden utilizarlo a su favor para registrarse como candidatos indígenas.
“De eso no se trataba”, expresó, “lo que quizá no transmitimos o no entendimos es que este trabajo tenía que ser de personas que pertenecían a la comunidad, no personas externas que prestaban algún servicio de gestoría, de trabajo social, de apoyos, pero que no pertenecían a la comunidad”.
Este fue el primer proceso electoral en que se implementan las acciones afirmativas. A cada planilla a munícipes se le instruyó a registrar a un candidato a regidor en representación de la comunidad indígena, salvo en el caso de Ensenada, en que se asignaron dos espacios.
Debían ubicarse en los primeros cuatro lugares, para dar mayor oportunidad a que llegaran a los órganos de gobierno.
Mientras que, de los 17 distritos electorales, debía haber dos fórmulas integradas por personas indígenas.
Amezola recordó que hubo partidos políticos que impugnaron las acciones afirmativas, pero el fallo fue en su contra.
De ahí que, sus representantes sabían que al postular a candidatos indígenas debían pertenecer a una comunidad o pueblo indígena de Baja California, a través de la denominada auto adscripción calificada.
Por eso, el Instituto Estatal Electoral actuó de buena fe al otorgar los registros, que posteriormente fueron impugnados ante el tribunal de justicia electoral, tanto estatal como federal, que derivó en la cancelación de candidaturas y en el exhorto de la sustitución.
La consejera reconoció que se toparon con que no existe un padrón de autoridades indígenas, que les permitieran saber si tenían la facultad para expedir constancias a nombre de la comunidad.
Indicó que buscarán firmar convenios de colaboración con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas y con los Ayuntamientos, para crear un padrón de autoridades indígenas de Baja California.
Amezola Canseco remarcó que “las acciones afirmativas van a continuar para el próximo proceso electoral”, por lo que confió en que el Congreso del Estado pueda retomar este tema y hacer las reformas que sean necesarias, como la inclusión de un sistema de elección indígena.
Destacó que han encontrado en las comunidades indígenas una nueva generación de perfiles muy preparados para ocupar cargos en el gobierno, que son quienes llevarán la agenda y representación de los pueblos originarios.
