Tijuana.- José Martín Martínez fue liberado hoy por el juez de control José Guadalupe Sigala Andrade, a pesar de que la Fiscalía General del Estado expuso ante el juzgador que el hombre, detenido por el delito de violencia familiar, es la última persona que tuvo contacto con su hija Camila, de apenas dos años y a quien su madre ha buscado desesperadamente durante 28 días.
La madrugada de este martes 15 de febrero, José Martín fue detenido por agentes de la Fiscalía Especializada en Delitos contra Mujeres por Razones de Género e ingresado a la Penitenciaría de Tijuana.
Sobre José Martín no solo pesa la denuncia penal por violencia familiar que Viridiana Valdez Burgara, madre de Camila, interpuso contra su ex pareja en el año 2021, también una denuncia penal por sustracción de menores.
“El juez decidió que no corro tanto peligro, entonces el señor llevará su proceso fuera de la penitenciaría y lo único que le comentaron es que no se me acercara, esa es la medida cautelar para cuidar mi integridad, pese al grado de violencia que ha ejercido”, dijo Viridiana Valdez Burgara, madre de Camila.
El 19 de enero, José Martín se llevó a su hija, quien padece autismo, y desde entonces, no ha informado a su madre dónde se encuentra ni le ha permitido tener contacto con ella.
Incluso, tras ser detenido, el trabajador de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se negó a decir a las autoridades dónde se encuentra la menor.
Lo que es peor, el desconocimiento del paradero de la menor, y por lo tanto la incertidumbre de si Camila se encuentra con bien o no, no fue tomado en cuenta por el juez Sigala Andrade, quien a pesar de que la Fiscalía solicitó fijara prisión preventiva como medida cautelar para José Martín, decidió dejarlo en libertad tras vincularlo a proceso por violencia familiar.
Viridiana Valdez Burgara, madre de Camila, asegura que “al juez no le importó que estamos hablando de una niña de dos años con una condición de autismo”.
La joven madre explicó dijo temer por su vida y por la de Camila, sobre todo ahora que el juez se mostró benévolo con el padre de la menor.
“Antes de que entrara, me dirigí a José Martín y le pedí que me entregara a mi hija, ni siquiera volteó a verme, así como estos 28 días que no me ha dado la cara para decirme si mi hija está bien o con quién vive”, reclamó la mamá de Camila, quien encaró al padre de su hija cuando fue ingresado al Centro de Reinserción Social (Cereso) La Mesa.
En un video que la joven madre compartió a PUNTO NORTE, se observa cómo José Martín desciende esposado de una unidad blanca con estrobos.
Después, acompañado de dos agentes, es conducido hasta el interior de la penitenciaría de La Mesa, de donde será liberado por instrucción del juez.
“Yo no tengo miedo, a mí me pueden seguir amenazando él y su familia y yo voy a seguir buscando a mi hija, pero me preocupa Camila que, en una crisis, por no llevar su terapia, le pueda afectar”, reconoció Viridiana.
Explicó que si bien los agentes de la Fiscalía General del Estado han trabajado mucho en el caso y sigue abierta la investigación por sustracción de menores, después de la primera audiencia, “el sistema de justicia en México me ha decepcionado y dejado en claro que en mi México protegen a los delincuentes”.
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Desde el pasado 19 de enero, la mamá de Camila denunció que desconocía el paradero de su hija, quien se quedó a cargo de su padre José Martín, en la casa que los tres compartían Playas de Tijuana, mientras ella estaba trabajando.
En aquel entonces, Viridiana relató a PUNTO NORTE que ese día, mientras estaba trabajando, le marcó a José Martín para preguntar cómo estaba la niña, pero el hombre le respondió de forma molesta, le colgó y no volvió a responder sus llamadas.
Por la tarde, cuando regresó a su hogar, encontró que las chapas estaban cambiadas y que además, ni José Martín ni Camila estaban en casa.
Desde entonces, Viridiana no ha vuelto a ver a su hija, José Martín negaba tenerla y después, asegura, la amenazaba con que jamás le diría dónde estaba la menor.
La mamá de Camila relató hoy, en entrevista a espaldas de la penitenciaría de La Mesa, que lo que está viviendo, no se lo desea a nadie.
Viridiana lamenta que, ahora que vive esta situación, conoce de más casos similares al suyo, donde padres o madres se llevan a sus hijos, sin que el otro vuelva a saber de su ser querido.
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Viridiana Valdez dijo que continuará exigiendo dar con el paradero de Camilia y desde hace varias semanas, a través de las redes sociales, ha expuesto su situación y otros casos donde padres con trastornos de personalidad han hecho daño a sus hijos.
“¿Qué están esperando? ¿Un desenlace trágico? ¿Seremos una estadística más? ¿Qué debo hacer para que tomen en serio la vida de mi hija Camilia?”, expresaba.
El miércoles 9 de febrero, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda adelantó en su conferencia de prensa “Miércoles de Mañanera” que la Fiscalía tenía avances sobre el caso y aseguró que ya se había comunicado con Viridiana.
“A la familia de Camila y las personas que han estado tan atentas a este caso porque realmente ha impactado a la sociedad en Rosarito y Baja California, estamos trabajando para que la niña regrese lo antes posible”, declaró.
Los antecedentes del juez
PUNTO NORTE ha dado a conocer varios casos en los que el juez José Guadalupe Sigala Andrade, ratificado en octubre de 2020 por el Poder Judicial del Estado, ha liberado a delincuentes, a pesar de haber sido detenidos en flagrancia por ilícitos que van desde delitos electorales hasta homicidio.
El domingo 6 de junio, en la jornada electoral más violenta que ha vivido Baja California, Kevin Gustavo, de 14 años y tres adultos de nombres Erick Alejandro, Florentino y Christopher llegaron a bordo de una camioneta Ford Explorer negra a la casilla 1560, ubicada a un lado de la entrada principal de la tienda Calimax en Villa Fontana, y le prendieron fuego.
Funcionarios de casilla sufrieron lesiones a raíz del fuego y aportaron su testimonio como víctimas y testigos del delito, pues la Policía Municipal capturó a los cuatro involucrados en flagrancia.
A diferencia de otros delitos electorales cometidos ese día, este fue el único caso en que el juez determinó que la detención de los responsables fue ilegal y los dejó en libertad.
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Posteriormente, la Fiscalía Regional Tijuana solicitó orden de aprehensión para los hombres y la obtuvo, logrando la vinculación de proceso.
Además, el juez Sigala Andrade enfrenta una denuncia penal, pues cuando actuó como juez en Tecate, se le señaló de favorecer a la empresa Rivera Gas en un asunto penal.
Y más recientemente, en septiembre de 2021, el juez Sigala Andrade dejó en libertad a Gisela y Edith, novia y concuña -respectivamente- de Jonathan Palma, un joven empresario tijuanense asesinado en su hogar.
A pesar de que la Fiscalía General del Estado aportó pruebas sobre la presunta participación de Gisela, Edith y Omar, cuñado de la víctima, en el homicidio ocurrido luego de una reunión, el juez decidió dejar en libertad y sin vincular a proceso a las dos mujeres.
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La madre de la víctima denunció penalmente al juez pode los delitos de corrupción y desaseo, pues Sigala Andrade evocó consideraciones personales y le dio más a las declaraciones de las dos mujeres que a las pruebas científicas aportadas por la Fiscalía, las cuales mostraron que Jonathan fue asesinado estrangulado por los tres jóvenes.
Incluso, los testimonios de Omar, Gisela y Edith eran contradictorios, lo cual fue expuesto por la Fiscalía durante la audiencia, pero el juez optó por dejar en libertad a las dos mujeres y solo vincular al hermano y novia de ellas.
En un primer momento, ante la Fiscalía General del Estado, Edith negó que se encontrara sosteniendo relaciones sexuales con Jonathan o que este intentara abusar de ella, pero al momento de la audiencia, la joven aseguró que esto había ocurrido.
Tanto Gisela como Edith tenían sangre en sus ropas y no hubo evidencia de un posible acto sexual entre ninguno de los involucrados ni la víctima.
Jonathan fue descubierto sin vida por un vecino, quien acudió a su casa ubicada en el fraccionamiento Lomas de Agua Caliente, luego de que la madre de Jonathan le llamara por teléfono para pedirle que revisara si su hijo estaba bien, pues no le respondía el teléfono y Gisela le había llamado a ella para decirle que estaba por dejarlo.
Gisela vivía en la casa de Jonathan, quien además la sostenía económicamente.
Fue así como el vecino de la víctima la encontró ya sin vida y llamó al 911, el hombre testificó que horas antes del hallazgo, había escuchado gritos y discusiones, pero los jóvenes dejaron pasar un largo tiempo desde que Jonathan perdió la vida sin dar aviso a las autoridades e intentaron convencer a policías que el joven se había suicidado.
Estos son los antecedentes del juez José Guadalupe Sigala Andrade, quien hoy sumó otro caso donde víctimas y familiares de estas se dicen decepcionadas del sistema de justicia.
