Tijuana.- En un injustificado acto, el juez José Guadalupe Sigala Andrade dictó libertad al policía municipal Jonathan Onuel, detenido por el delito de feminicidio en grado de tentativa, mismo que fue aprehendido ayer por la Fiscalía General del Estado (FGE) cuando intentaba huir a Estados Unidos.
El agente, quien fue suspendido por la Secretaría de Seguridad y Protección Municipal (SSPCM) como parte de la investigación que la Fiscalía inició tras la denuncia de la víctima, fue presentado este día en una audiencia de formulación de imputación celebrada en los juzgados penales de Tijuana.
Extralimitándose en sus funciones, el juez Sigala Andrade justificó que ordenaba la inmediata libertad debido a un juicio de amparo presentado por la defensa de Jonathan Onuel, para asegurar que era una decisión del juzgado federal que el hombre fuera puesto en libertad.
Sin embargo, dicho juicio de amparo no ha ni celebrado su audiencia constitucional y tampoco ha resultado en la suspensión definitiva del proceso.
El juez Sigala Andrade ni siquiera permitió al ministerio público proceder con la formulación de imputación por los delitos de feminicidio en grado de tentativa, privación ilegal de la libertad agravada y violencia familiar.
Con esa decisión, el juez Sigala Andrade dejó en desamparo a la víctima, Nayeli González Rodríguez, de 30 años, quien en reiteradas ocasiones ha manifestado la peligrosidad de su ex pareja, puesto que conoce su domicilio, al cual ha ingresado de manera violenta y sin su consentimiento, al igual que los de su familia y su sitio de trabajo.
La mujer dio a conocer el ataque que sufrió en manos del agente, el domingo 18 de diciembre, horas después de que ocurrió, y pidió ayuda a las instituciones y autoridades para que Jonathan Onuel no lograra asesinarla, como lo intentó.
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Jonathan Onuel fue detenido el 4 de enero cuando intentaba cruzar la frontera hacia Estados Unidos, pero gracias a la coordinación entre la FGE y las autoridades estadounidenses, al hombre se le negó la entrada al país y fue entregado ayer 5 de enero a agentes estatales de investigación, quienes cumplimentaron la orden de aprehensión que existía en su contra.
El supuesto “amparo”
De acuerdo a una búsqueda realizada por PUNTO NORTE en los archivos del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales con residencia en Tijuana, el único expediente con el que cuenta Jonathan Onuel se presentó el 4 de enero, interpuesto por el abogado José Bernal Hernández.
En el expediente, el abogado del policía asegura al juez federal que su representado es víctima de actos privativos de la libertad, específicamente la “detención ilegal, incomunicación, malos tratos y tortura”, se puede leer en los acuerdos emitidos en el juzgado.
En el juicio de amparo, el abogado del policía asegura que dichos actos estaban siendo cometidos por el Fiscal General del Estado de Baja California y otras autoridades. Sin embargo, el día que fue presentado el juicio, Jonathan Onuel ni siquiera estaba detenido por autoridades mexicanas, sino que fue retenido por agentes estadounidenses, cuando el presunto feminicida intentaba huir del país.
Fue hasta el 5 de enero en la mañana que el policía fue entregado a los agentes de la Fiscalía, quienes le cumplimentaron la orden de aprehensión y lo presentaron ante el juez inmediatamente.
La audiencia constitucional del juicio de amparo está programada hasta el 7 de febrero a las 10:22 horas, por lo que ni siquiera el juez federal conoce el fondo del asunto ni los informes que deberán entregar las autoridades locales.
Lo que sí, es que el juez de distrito decretó “la suspensión de plano para el efecto de que cesen de inmediato tales actos, que el promovente dice sufre el directamente agraviado”, es decir: la “detención ilegal, incomunicación, malos tratos y tortura”, en caso de que existiesen.
En ningún momento en el juicio de amparo, se ordena la libertad del detenido, mucho menos dejar sin efecto la orden de aprehensión en su contra.
Homicidas, terroristas y violentadores de mujeres, los liberados por el juez Sigala
No es la primera vez que el juez Sigala Andrade resuelve a favor de detenidos a pesar de que la evidencia presentada por la Fiscalía demuestra su probable participación en homicidio y violencia contra la mujer.
En ambos casos, las víctimas y ofendidos han hablado públicamente del peligro que representan estas personas en libertad.
El 15 de febrero de 2022, el juez de control José Guadalupe Sigala Andrade dejó libre a
José Martín Martínez, quien había sido detenido por el delito de violencia familiar y quien, en ese momento, era la última persona que había tenido contacto con su hija Camila, de apenas dos años, y quien había sido incomunicada de su madre.
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El hombre enfrentaba dos denuncias penales, una por violencia familiar y otra por sustracción de menores.
“El juez decidió que no corro tanto peligro, entonces el señor llevará su proceso fuera de la penitenciaría y lo único que le comentaron es que no se me acercara, esa es la medida cautelar para cuidar mi integridad, pese al grado de violencia que ha ejercido”, dijo en aquel entonces, Viridiana Valdez Burgara, madre de Camila.
El juez es el mismo quien en junio de 2021, tras la jornada electoral más violenta en Baja California, dejó libre a cuatro detenidos en flagrancia por la quema de una casilla, donde se encontraban ciudadanos y funcionarios de casilla, en una tienda Calimax de Villa Fontana.
Sigala Andrade también dejó en libertad a dos mujeres, Gisela y Edith, novia y concuña -respectivamente- de Jonathan Palma, un joven empresario tijuanense asesinado en su hogar.
A pesar de que la Fiscalía General del Estado aportó pruebas sobre la presunta participación de Gisela, Edith y Omar, cuñado de la víctima, en el homicidio ocurrido luego de una reunión, el juez decidió dejar en libertad y sin vincular a proceso a las dos mujeres.
Estos tres casos fueron llevados a juzgados nuevamente por la FGE. En todos los casos, jueces distintos decidieron la vinculación a proceso de los liberados por el juez Sigala Andrade, al encontrar suficientes elementos para considerarlos presuntos responsables de los delitos de los que se les acusaba.
A pesar de que estos hechos han sido documentados y publicados por PUNTO NORTE, el Poder Judicial del Estado no ha informado de investigaciones o sanciones en contra del juez José Guadalupe Sigala Andrade.
Egresada de la Licenciatura en Comunicación de la Universidad Autónoma de Baja California. Especialidad en Periodismo Policial y Judicial de la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. Más de 12 años en medios de comunicación de México y Estados Unidos, como Semanario Zeta, Sin Embargo o la agencia española EFE.
Fundador de Punto Norte en 2019. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Baja California (Campus Tijuana). 12 años como periodista de investigación, editor y columnista en temas de transparencia, seguridad pública, administración pública y gobierno. Asistente de investigación en el Colegio de la Frontera Norte. Editor de Zoom Político y de la columna Cuentahiloz en Semanario Zeta. Sus reportajes se publicaron en Proceso, Aristegui Noticias, Reporte Índigo, Por Esto, entre otros. Formó parte del equipo de investigación en Southern Pulse de Washington, D.C. Premio al Periodismo de la Cumbre Fronteriza 2020 (San Diego, California).
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