Tijuana.- La próxima semana, los cinco Ayuntamientos, así como la Fiscalía General del Estado (FGE), deberán responder a la alerta temprana que emitió la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), debido a que han incumplido históricamente su obligación de proporcionar seguridad social a los elementos policíacos.
Si bien los elementos cuentan con servicios médicos, quienes se retiran por jubilación perciben un ingreso menor al que ganaban y algunos no cotizan, por lo que reciben pensión humanitaria que en cualquier momento puede ser cancelada.
Tampoco tienen acceso a créditos para la vivienda, ni prestaciones relacionadas con el riesgo que corren por ejercer su labor.
Debido a esto, hay elementos con más de 65 años que siguen laborando.
La Ley de Seguridad Pública para el Estado de Baja California en la fracción V del artículo 131, contempla el acceso a la seguridad social, pero falta el recurso.
De acuerdo al titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), Miguel Ángel Mora Marrufo, desde 2017 se había aprobado un decreto para que se diera cumplimiento a este mandato.
Ahora que los cabildos y el Congreso del Estado están por autorizar los presupuestos de egresos del 2021, la demanda es que contemplen la seguridad social de los policías, que de lo contrario continuarán desprotegidos un año más, en detrimento de sus derechos.
“Nos preocupa que sea considerado en el presupuesto de egresos del próximo año, por eso se está emitiendo la alerta en este momento”, indicó, alerta que se puede convertir en recomendación si hacen caso omiso.
Tan solo en el municipio de Mexicali se requiere de por lo menos una inyección de 23 millones de pesos para sentar las bases de la seguridad social de los elementos policíacos, que están dispuestos a que se les descuente una cuota, como a cualquier trabajador, para que vayan creando un fondo real para el retiro.
En Tijuana se estima que por lo menos se requieren cien millones de pesos, pero esto lo determinará un estudio actuarial, al igual que en el resto de los municipios.
Mora Marrufo señaló que quienes integran los cuerpos policíacos viven en un estado permanente de vulnerabilidad, por la naturaleza de sus funciones, pero también porque no se les han garantizado derechos laborales.
De acuerdo con el presidente de la Confederación de Asociaciones de Policías de Baja California, Alejandro Monreal, en un periodo de tres años, 80 elementos han fallecido por diferentes causas, 20 en cumplimiento del deber.
Mientras que 38 agentes han fallecido a causa del COVID-19 en lo que va de este año 2020.
Si desde que se firmó el decreto se hubieran creado las condiciones para que contaran con seguridad social, sus familias no estarían desprotegidas. Hay viudas que han tardado hasta dos años en cobrar el seguro de vida.
“No podemos esperar más, tenemos temor de que se repita nuevamente, ha transcurrido un año de este nuevo gobierno, estatal y los municipios, y han sido oídos sordos”, declaró.
Pese a que el Congreso del Estado ha enviado cuatro exhortos, reflejo de que la problemática es real, lamentó que por exigir su derecho a contar con seguridad social haya compañeros que han vivido represalias, como la reubicación.
El titular de CEDH señaló que esta alerta temprana es la segunda que emiten y que involucra a las fuerzas policíacas, ya que se había hecho un ejercicio similar para solicitar medidas de protección contra el COVID-19 al inicio de la pandemia.
Por su parte, el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Baja California, Juan Manuel Hernández Niebla, recordó que el 7 de julio de este año interpusieron una demanda ante la CEDH, por la violación de Derechos Humanos a quienes integran los cuerpos policíacos de todo el estado, por la falta de acceso a la seguridad social.
La carpeta de investigación sigue abierta, en fase de integración y es independiente de esta alerta temprana.
Advirtió que en este momento la urgencia es que reglamenten la seguridad social de los policías, porque de lo contrario será complicado que asignen recursos.
La alerta temprana fue enviada el martes 3 de noviembre. A partir de ahí comenzaron a correr los 10 días hábiles para que las autoridades respondan.
