Averiguación Previa es la columna del periodista Isaí Lara Bermúdez, director general de Punto Norte.
En los primeros meses de su gobierno, Arturo González Cruz se auto otorgó por medio del Ayuntamiento de Tijuana, una licencia de uso de suelo por diez años para operar un restaurante en Zona Río.
La licencia para González (el empresario), se la concedió su propia secretaria de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental, Patricia Peterson Villalobos a quien nombró el mismo (como político) día en que él tomó protesta de presidente municipal.
De acuerdo a los datos y archivos obtenidos por medio de Transparencia y Acceso a la Información por PUNTO NORTE, en calidad de “persona física”, el presidente municipal solicitó la licencia de uso de suelo para un comercio de giro restaurantero y le fue otorgada sin mayores contratiempos por la Dirección de Administración Urbana que dirige Óscar Alejandro González Lozano.
El dictamen a favor de González, con folio 1024, fue consentido el 2 de marzo de este año, con vencimiento de diez años, esto es, con vigencia hasta el 31 de diciembre del 2030.
Según los archivos del Ayuntamiento, la propiedad de Arturo González a la que se le aprobó su licencia de uso de suelo se ubica en el número 2070 del bulevar Cuauhtémoc en la Zona Río en la ciudad de Tijuana.
En el primer trimestre de 2020, el Ayuntamiento de Tijuana únicamente otorgó tres licencias de uso de suelo para restaurantes en la Zona Río, una de ellos, la del alcalde.
No hace mucho, PUNTO NORTE reveló en uno de sus reportajes que Arturo González se mantiene –hasta la fecha, tal como lo hizo por varias administraciones panista– como proveedor de la Secretaría de Salud del gobierno del Estado.
En ese reportaje, quedó exhibido que el alcalde se hizo de ese beneficio económico por medio de una adjudicación directa y que firmó el contrato ya como presidente municipal –pero a título personal– por un total de 2 millones 814 mil 415 pesos al año.
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El que el presidente municipal siga haciendo negocios a su nombre ostentando un cargo de elección popular es sin duda un conflicto de interés. El señor González es juez y parte. En el caso de su contrato con el Estado, con una mano cobra los millones de pesos y con otras firmas demandas en contra de la propia Secretaría, de la cual es proveedor, cuando le detecta, como representante de la ciudad, anomalías en sus instalaciones.
La licencia de uso de suelo, por otro lado, la concede el Ayuntamiento a aquellos propietarios de inmuebles que pretenden construir u operar aún negocio dentro de la ciudad y es un trámite que requiere cualquier obra nueva, excepto que sea una casa-habitación.
Los aduladores del alcalde podrán pensar que no existe gramo de ilegalidad en sus actos de negocios desde el atril político. Pero lo cierto es que la propia Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado considera una “falta grave”, el conflicto de interés.
Y el conflicto de interés se define como “la posible afectación (ni siquiera la afectación consumada, basta con que exista la posibilidad) del desempeño imparcial de las funciones de los servidores públicos en razón de intereses personales, familiares o de negocios”. La definición, redactada en la misma ley, no deja dudas. El alcalde comete una y otra vez, en esta falta con absoluta impunidad.
O acaso ¿alguien imagina al presidente municipal con la magnificencia con la que se rodea, formándose en la fila de trámites de su propio gobierno, cargando su expediente y cuidando como cualquier humano que todo esté en orden? o ¿es posible que algún funcionario de la Dirección Urbana se hubiera atrevido a negarle al presidente municipal su licencia de uso de suelo? O peor aún, en caso remoto de que la licencia sea mal aplicada, ¿el Ayuntamiento pudiera proceder en contra de quien gobierna en su esfera de hombre de negocios? Absurdo.
Ahora que se sabe que Arturo González está relacionado al negocio restaurantero en la Zona Río, ¿cómo saber que las clausuras que se realizaron a inicios de su gobierno al restaurante Churrasquería, ubicado a pocos metros de su propiedad, no estuvo motivado para su beneficio en contra de la competencia?
En ese “operativo” participó incluso el secretario de gobierno, Carlos Murguía. Todo el peso del aparato gubernamental pudo estar al servicio de una batalla comercial en la preparación y venta de alimentos. Imposible de saberlo, pero sospechosamente posible.
El artículo 58 de la citada Ley considera “falta administrativa grave” aquel “servidor público que intervenga por motivo de su empleo, cargo o comisión en cualquier forma, en la atención, tramitación o resolución de asuntos en los que tenga conflicto de interés”.
El último gobernante conocido por Baja California por dedicarse a los negocios personales simultáneamente a su función pública fue el panista Francisco Vega de Lamadrid. En aquel entonces, hombres y mujeres de la vida pública lo señalaron y documentaron con justa razón, incluso fue materia periodística hasta el agotamiento. Hoy, los viejos afectos y las simpatías de algunos les han quitado las ganas de la investigación.
Kiko, mientras despachaba como gobernador, edificó y ofertó condominios en Tijuana, gestionó recursos federales para pavimentar terrenos de su propiedad en Ensenada, vendió y compró propiedades. Y, Arturo, en sus pocos meses como alcalde, ya firmó contratos millonarios con el gobierno estatal, gestiona licencias y negocios personales.
Los dos han justificado que siempre han sido empresarios, que siempre han estado cerca de la riqueza y las transacciones. Las mismas justificaciones, sin mucha diferencia.
Fundador de Punto Norte en 2019. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Baja California (Campus Tijuana). 12 años como periodista de investigación, editor y columnista en temas de transparencia, seguridad pública, administración pública y gobierno. Asistente de investigación en el Colegio de la Frontera Norte. Editor de Zoom Político y de la columna Cuentahiloz en Semanario Zeta. Sus reportajes se publicaron en Proceso, Aristegui Noticias, Reporte Índigo, Por Esto, entre otros. Formó parte del equipo de investigación en Southern Pulse de Washington, D.C. Premio al Periodismo de la Cumbre Fronteriza 2020 (San Diego, California).
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