De acuerdo al informe policiaco que se integró al expediente con número FED/BC/TIJ/0000378/2018 de la hoy Fiscalía General de la República (FGR), un grupo de hombres mantuvo privado de su libertad a un policía federal encubierto, quien fue golpeado hasta quedar con el rostro desfigurado como venganza por participar en un operativo que tenía como objetivo ubicar a un líder de un cártel de las drogas en Tijuana.
Según la versión de los agentes de la entonces PGR (Procuraduría General de la República) plasmada en sus informes oficiales, para este hecho, en donde se secuestró a uno de sus compañeros, se utilizó la propiedad y negocio, así como participaron empleados, de Jorge Ramos Hernández, actual candidato a la alcaldía de Tijuana por la alianza Va por Baja California, encabezada por el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Los hechos que fueron documentados por distintas corporaciones en Baja California, así como en el Centro de Control y Mando, se mantuvo en secreto en el entorno del panista, quien hoy concentra su discurso de campaña como el único que puede pacificar la ciudad por su convicción de enfrentar a los delincuentes como nadie más.
Sin embargo, en 2018, cuando Ramos Hernández era diputado federal por el PAN y aspiraba ya a la candidatura al Senado, un grupo criminal vinculado a un cártel que opera en Tijuana fue detenido en el centro de rehabilitación CASIC, propiedad del político, en donde las autoridades lograron rescatar a un agente federal secuestrado y a punto de ser asesinado.
En el operativo de rescate se detuvo a seis personas, entre ellos, trabajadores del negocio de Jorge Ramos Hernández, en posesión de cristal y armas de fuego, según lo documentado por el Ministerio Público ante un juez federal.
Un periódico en la entidad, el único medio que consignó los hechos en aquel entonces y el cual omitió el nombre del político en su publicación, aseguró que los representantes legales del centro de rehabilitación de Ramos aportaron información “ante un juez” para contradecir la versión de los agentes federales, y con ello, dejar sin efectos la acusación.
De manera que los representantes de Ramos abogaron para que los detenidos, varios de ellos con antecedentes penales, pudieran recuperar su libertad.
“Cuando Jorge Ramos gobierna es la autoridad la que manda en la calle y no los delincuentes”, es una de sus frases repetidas en campaña.
El secuestro
Dos agentes de la extinta Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR habían llegado a Tijuana a finales de enero de 2018.
Estaban siguiendo los pasos a una mujer, quien creían era pareja sentimental del líder del Cártel de Tijuana. Venían de Puerto Vallarta, Jalisco, de encubiertos siguiendo a la dama.
Esta es parte de la versión de funcionarios federales entrevistados por PUNTO NORTE y que conocieron el caso.
El lunes 29 de enero de 2018, los dos policías vestidos de civil siguieron a la mujer al establecimiento denominado CASIC, el centro de rehabilitación propiedad de Jorge Ramos, ubicado en el bulevar Padre Kino de la Zona Río, frente a la unidad deportiva CREA.
Según el relato de los policías a sus compañeros, uno de ellos se introdujo al establecimiento y en ese momento “lo estaban esperado”. Los oficiales de la entonces PGR creen que se trató de una trampa por parte de los sospechosos luego de que descubrieran su presencia.
El policía estuvo retenido en las instalaciones de Jorge Ramos, según el Informe Policial Homologado (IPH), donde fue golpeado con brutalidad. Tras varios minutos, su pareja -quien se había quedado fuera del establecimiento- comenzó a llamar a su celular hasta que uno de los responsables respondió el teléfono.
En ese momento, se activó un operativo para el rescate del agente. A las 15 horas con 23 minutos, otras corporaciones de seguridad recibieron el reporte del agente de inteligencia “levantado” por el grupo criminal.
Varios grupos de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR desplegaron el operativo, donde se logró la detención de seis hombres en la clínica del hoy candidato y el rescate de su compañero, severamente golpeado.
Los detenidos
En el operativo desplegado por los agentes de la PGR, se detuvo a seis hombres, tres de ellos empleados y “cuidadores” del centro de rehabilitación de Ramos. Dos de ellos, con un largo historial delictivo.
De acuerdo a las declaraciones dadas por los detenidos, algunos no solamente trabajaban en la clínica de Ramos, sino que dieron su domicilio en la propiedad del panista.
Por ejemplo, uno de los detenidos de nombre Alfonso, de 41 años y originario de Jalisco, dijo vivir en la CASIC y trabajar dando seguridad al lugar. Este hombre fue detenido en 2013 por portación de arma prohibida, delito por el cual fue recluido a la penitenciaría y liberado ese mismo año.
Otro de quienes se identificaron como trabajadores de la negociación fue un hombre de 46 años, Mauro, quien dijo también ser elemento de seguridad de CASIC y cuenta con varios procesos penales.
Este elemento de seguridad del negocio de Ramos aparece con una investigación por privación ilegal de la liberad en el 2015, fue recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) El Hongo por hacer uso de vehículo con reporte de robo, donde recibió una sentencia de dos años de prisión. Además, enfrentó un proceso penal por robo calificado en el Juzgado Octavo Penal con residencia en Tijuana.
Un detenido más, de nombre Ricardo, también declaró ser trabajador de CASIC y con domicilio en el lugar, pero sin antecedentes de detenciones.
El resto de las personas detenidas dijeron dedicarse a otras actividades. Héctor, Ángel y Juan, este último con varios antecedentes: una orden de aprehensión por robo con violencia y robo de vehículo, fue internado a la penitenciaría también por extorsión y liberado en 2013 con una sentencia absolutoria, así como un proceso penal por el delito de daños a propiedad ajena y disparo de arma de fuego sobre persona.
Dos meses después, el 30 de marzo de 2018, Jorge Ramos Hernández se presentaba en la comandancia de la Policía Municipal “Margarito Saldaña” para arrancar campaña por el Senado de la República, junto a Gustavo Huerta -director de Policía en su periodo como alcalde- y Gina Cruz.
Igual que ahora, en ese entonces se autonombró “el candidato de la seguridad”. Ramos Hernández no alcanzó una curul, pero su compañera de fórmula sí. No participó en el proceso electoral 2019 y fue hasta 2021 que contendió nuevamente por la presidencia municipal.
Hace unos días, al cerrar campaña en Tijuana, Ramos Hernández gritó en el micrófono “llegó la hora de que la delincuencia entienda quién chingados manda en Tijuana (…) no hay bala, no hay arma, no se ha construido todavía la pólvora, ni ha nacido el criminal que pueda someter a mi Tijuana”.
Carpetazo
En aquel entonces, la integración del expediente corrió a cargo del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) con otro número de expediente FED/SIEDO/BC/102/2018.
En los días siguientes al operativo, los detenidos fueron presentados ante un juez federal, quien declaró de ilegal la detención gracias a la intervención de los representantes legales de la clínica de Ramos.
Los abogados de la empresa participaron en la audiencia inicial para contradecir la narrativa de los hechos de los agentes, según el medio de comunicación que omitió en todo momento el nombre del panista.
En la audiencia de control de detención, el Ministerio Público presentó un certificado médico que acreditaba que el agente víctima tenía lesiones que tardaban más de 15 días en sanar, pero el juez calificó de ilegal la detención y ordenó la inmediata libertad de los detenidos, con lo que concluyó el proceso penal por la agresión al agente federal.
Fundador de Punto Norte en 2019. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Baja California (Campus Tijuana). 12 años como periodista de investigación, editor y columnista en temas de transparencia, seguridad pública, administración pública y gobierno. Asistente de investigación en el Colegio de la Frontera Norte. Editor de Zoom Político y de la columna Cuentahiloz en Semanario Zeta. Sus reportajes se publicaron en Proceso, Aristegui Noticias, Reporte Índigo, Por Esto, entre otros. Formó parte del equipo de investigación en Southern Pulse de Washington, D.C. Premio al Periodismo de la Cumbre Fronteriza 2020 (San Diego, California).
Egresada de la Licenciatura en Comunicación de la Universidad Autónoma de Baja California. Especialidad en Periodismo Policial y Judicial de la Universidad Iberoamericana, Campus Ciudad de México. Más de 12 años en medios de comunicación de México y Estados Unidos, como Semanario Zeta, Sin Embargo o la agencia española EFE.
