Mexicali.- La Comisión de Fiscalización del Gasto Público reprobó la cuenta pública de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Baja California (Cedhbc) del ejercicio de 2022, debido a que presentó omisiones en el registro y pago de impuestos y modificaciones presupuestarias sin autorización del Gobierno del Estado ni del Congreso.
En la sesión celebrada la mañana de este miércoles 3 de abril, las diputadas y el diputado de la comisión legislativa votaron por unanimidad en contra de la cuenta del gasto público de la Cedhbc en el penúltimo año de la gestión de Miguel Ángel Mora Marrufo.
Según reportó la Auditoría Superior del Estado, en el año 2022, la Comisión Estatal de Derechos Humanos tuvo ingresos por 43 millones 505 mil 588 pesos, de los que ejerció 42 millones 855 mil 841 pesos, por lo que reportó un ahorro de casi 650 mil pesos.
No obstante, tras el análisis del informe individual del organismo correspondiente a ese año presupuestal, el órgano fiscalizador de la entidad detectó probable daño patrimonial y un acto de promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria.
Al respecto se detalló que durante 2022, la Cedhbc realizó cinco modificaciones presupuestales, entre ellas tres transferencias por un total de 841 mil pesos, que no fueron autorizadas por el propio Consejo Consultivo del organismo, ni por la Secretaría de Hacienda del Estado ni por el Congreso, como lo ordena la Ley.
Asimismo, en la auditoría se detectó que la Comisión omitió retener y manifestar en la información contable el Impuesto Sobre Remuneraciones del Trabajo Personal (ISRTP), correspondiente al del 1.80 por ciento y su sobretasa de 1.20, de los 35 millones 380 mil 904 pesos que reportó haber devengado por ese concepto.
Esto corresponde a un millón 61 mil 427 pesos que tampoco fueron enterados a la Hacienda estatal.
Sin embargo, en el análisis de esta información la Auditoría Superior del Estado también se encontró con que el organismo ya debía un millón 104 mil y cuatro pesos del mismo concepto por el periodo de 2021.
Con lo cual suma dos millones 165 mil 424 pesos de deuda en impuestos.
Durante el mismo periodo fiscalizado, el organismo no retuvo el Impuesto Sobre la Renta (ISR) en el pago de 23 millones de pesos por los conceptos de Previsión Social Múltiple, Compensaciones y Aguinaldos de ese año.
Y finalmente, en la cuenta de Retenciones por Pagar a Corto Plazo, presenta un saldo de 2 millones 495 mil 775 pesos, en donde omitió corregir en los registros, la retención por pagar de un millón 643 mil 694 pesos que fueron provisionados contablemente desde los ejercicios de los años 2012 al 2017.
Durante la discusión del dictamen, la diputada presidenta de la Comisión de Fiscalización del Gasto Público, Alejandra María Ang Hernández, señaló las transferencias presupuestales que hizo la Comisión en 2022 sin haber tenido las autorizaciones que marca la Ley de Presupuesto y Ejercicio del Gasto Público
“Comentarlo porque es una situación recurrente, quiere decir que en pasados informes individuales ya tuvieron esta observación por parte de la Auditoría y en su momento no hicieron las acciones respectivas para que no volviera a suceder y no encontramos esta situación”, expuso la legisladora.
Previo a ella, el representante de la Auditoría refirió por un lado que la CEDH está al corriente en estas situaciones con respecto al 2023, y que el titular actual del organismo, Jorge Ochoa Garduño, acudió de manera personal y explicó que se encuentran trabajando para solicitar presupuesto para solventar lo correspondiente al ejercicio de 2022.
En ese sentido, Ang Hernández subrayó que los adeudos que presentan son de ejercicios pasados que han generado recargos, y que aunque se le autorice no existe una partida para los pagos tardíos, por lo que genera daño patrimonial.
Aunque se encontraban conectados vía remota representantes contables de la Comisión Estatal, finalmente no pudieron expresarse al respecto por problemas de conexión.
El Dictamen 391 de la Comisión legislativa será analizado y votado en la siguiente sesión del Pleno Congreso.
